Economía. Privatización de AySA: denuncian que los nuevos dueños percibirán USD 93 millones extra por una recategorización de usuarios

La privatización de AySA sumó nuevos cuestionamientos tras la apertura de ofertas por la empresa de agua y saneamiento. El defensor del Pueblo adjunto de la provincia de Buenos Aires, Walter Martello, denunció que el grupo liderado por Mauricio Filiberti, que presentó una oferta superior a los US$ 340 millones, podría obtener ingresos adicionales por US$ 93 millones anuales a partir de un cambio en la zonificación de los usuarios.

En base a información del Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS), Martello advirtió que una nueva categorización de los usuarios por zonas permitiría incrementar la facturación de la compañía. Según su planteo, los recursos adicionales alcanzarían para compensar en pocos años el monto invertido en la adquisición de la empresa.

"En 4 años tendrán recursos que pagarán los usuarios equivalentes al valor de la empresa", afirmó el funcionario bonaerense. Además, sostuvo que esa información "es central y debería conocerse antes de la firma del contrato".

"Quien compra ya sabe qué ingresos adicionales le esperan. Quien paga la factura todavía no sabe cuánto va a pagar", agregó Martello, al cuestionar que los usuarios no cuenten con información suficiente sobre las consecuencias económicas de la operación.

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AySA: la oferta de Filiberti y los ingresos adicionales por la zonificación

Martello también cuestionó el monto ofrecido por el consorcio integrado por Filiberti, Rowing, Arca y PHX, al señalar que quedó por debajo de las estimaciones que manejaba el Ministerio de Economía. Según indicó, la propuesta fue inferior a los US$ 450 millones que calculaba la cartera económica.

El planteo sobre la zonificación introduce otro punto en la discusión por la privatización de AySA: el impacto que una modificación en la clasificación territorial de los usuarios podría tener sobre la facturación y las tarifas del servicio. De acuerdo con Martello, los ingresos proyectados a partir de ese cambio son un dato relevante para evaluar las condiciones económicas de la operación.

El funcionario reclamó que esos elementos se conozcan antes de la firma del contrato, especialmente porque el costo final del servicio recaerá sobre los usuarios de agua y saneamiento.

La Auditoría General de la Nación detectó US$ 30 millones prestados por el Tesoro a AySA que, según la información citada, no habrían sido reembolsados ni registrados en los estados contables.

Los vínculos empresariales y los aportes a La Libertad Avanza

Otro de los cuestionamientos de Martello apunta a Rowing, integrante del grupo oferente, que forma parte del holding Equo Capital, presidido por Walter Román. Según denunció, dos empresas controladas por ese holding, Direct Group y Lógico, aportaron $20 millones cada una a la campaña de La Libertad Avanza en 2025.

"Corresponde a la Cámara Nacional Electoral analizar si esos aportes se ajustaron a la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos. Como ciudadanos, lo mínimo que podemos pedir es que se esclarezca", sostuvo Martello.

El funcionario planteó así la necesidad de que se examinen los aportes mencionados y se determine si se ajustaron a la normativa vigente. La denuncia se suma a sus objeciones sobre las condiciones económicas de la venta de AySA y los ingresos que podría generar el cambio de zonificación.

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Mauricio Filiberti, AySA y Edenor: el posible conflicto de intereses

Martello también puso el foco en la participación empresarial de Mauricio Filiberti, dueño de Transclor, proveedor del insumo utilizado por AySA para potabilizar el agua desde 2009, y socio en el control de Edenor.

"AySA es el mayor consumidor de electricidad del AMBA y, por lo tanto, el principal cliente de esa distribuidora. De confirmarse la adjudicación, un mismo grupo quedaría a ambos lados de esa relación comercial", advirtió.

El planteo se refiere a la relación entre el servicio de agua y saneamiento y el suministro eléctrico necesario para su funcionamiento. Según Martello, la eventual coincidencia de intereses empresariales en ambas actividades debería ser considerada al analizar la adjudicación.

El defensor del Pueblo adjunto bonaerense cuestionó, además, que la privatización avance sin que los usuarios conozcan cuánto valía la empresa, cuál es su pasivo ambiental y de qué manera podrían modificarse las tarifas.

La privatización de AySA enfrenta cuestionamientos judiciales y contables

El proceso también tiene frentes abiertos en la Justicia y en los organismos de control. Según informó La Política Online, la Justicia rechazó levantar una medida cautelar vinculada con la privatización, impulsada ante la advertencia de un "riesgo inminente" de deterioro del servicio y abandono de trabajos planificados.

A ese escenario se suma una observación de la Auditoría General de la Nación (AGN) sobre US$ 30 millones prestados por el Tesoro a AySA que, según la información aportada, no fueron reembolsados ni registrados en los estados contables de la compañía.

La situación abre interrogantes sobre la composición de las cuentas de la empresa y sobre cómo deben considerarse esos fondos al determinar su situación económica antes de la privatización.

Los cuestionamientos de Martello, la cautelar judicial y las observaciones contables conforman distintos focos de discusión alrededor de la operación. En ese marco, el valor de la compañía, sus obligaciones pendientes, el esquema tarifario y las condiciones de la futura gestión son aspectos centrales para evaluar el alcance de la venta y sus posibles consecuencias para los usuarios.