13 de octubre de 2026
La Asociación Docente Provincial (ADP) convocó a un paro para los días 20, 21 y 22 de octubre ante la falta de respuestas a un petitorio presentado en junio. El reclamo incluye una recomposición salarial, mejoras en las escuelas, la incorporación del código 690 al sueldo básico y un plan para refinanciar deudas con el Banco Macro.
La Asociación Docente Provincial (ADP) de Salta anunció un paro docente de 72 horas con movilizaciones para el 20, 21 y 22 de octubre, en medio del conflicto que mantiene con el Gobierno de Gustavo Sáenz. La medida de fuerza responde a la falta de respuestas concretas al petitorio presentado el 29 de junio, que incluye demandas salariales, mejoras en la infraestructura escolar y medidas para atender el endeudamiento de los trabajadores de la educación.
Desde el sindicato señalaron que, pese al tiempo transcurrido desde la presentación formal de los reclamos, el Ejecutivo provincial no brindó respuestas contundentes. Por su parte, según informó El Tribuno, desde el Gobierno sostienen que la suspensión de las clases no contribuye a resolver las demandas y remarcan que los canales de diálogo y negociación permanecen abiertos.
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Entre los principales puntos del petitorio, la ADP reclama una recomposición salarial frente a la inflación, mejoras urgentes en las condiciones edilicias de los establecimientos educativos y la regularización del personal de maestranza y de los ordenanzas.
Otro de los pedidos centrales es el blanqueamiento y la incorporación del código 690 al sueldo básico de los trabajadores de la educación. Según el planteo sindical, esta modificación tendría incidencia directa en el cálculo de los haberes mensuales, el haber jubilatorio y el aguinaldo.
El gremio sostiene que estas demandas forman parte de una serie de planteos elevados a las autoridades provinciales que, hasta el momento, no obtuvieron una respuesta satisfactoria. La falta de avances derivó en la convocatoria a las tres jornadas de paro y movilización.
La situación económica de los trabajadores de la educación también ocupa un lugar central en el conflicto. Entre los reclamos presentados por la ADP de Salta figura la implementación de un plan de refinanciación de deudas con el Banco Macro, destinado a aliviar las obligaciones crediticias del personal educativo.

El gremio reclama una recomposición salarial, mejoras en la infraestructura escolar y la regularización del personal de maestranza y ordenanzas.
De acuerdo con el sindicato, la propuesta había sido planteada en función de lo resuelto durante el Congreso Ordinario de junio. Sin embargo, la conducción gremial cuestionó que, después de más de tres meses, el Gobierno provincial no hubiera concretado respuestas sobre este punto.
El pedido de refinanciación se suma a las demandas salariales y laborales que integran el petitorio. Para la organización sindical, la falta de definiciones sobre estos planteos constituye uno de los motivos que sostienen la continuidad del conflicto.
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Después de las jornadas de paro, la conducción de la Asociación Docente Provincial convocó a un Congreso Extraordinario para el próximo 31 de octubre. El encuentro reunirá a los delegados sindicales para analizar la situación y definir cómo continuará el reclamo.
Aunque todavía no se oficializó el temario de la reunión, el congreso será una instancia para evaluar el desarrollo de las medidas de fuerza, el acatamiento del paro y las respuestas que pueda brindar el Ejecutivo salteño.
A partir de esa evaluación, los representantes gremiales deberán resolver si avanzan con una profundización del plan de lucha o si existen condiciones para retomar las negociaciones con el Gobierno provincial.
El paro de 72 horas representa un nuevo capítulo en la disputa entre los docentes y el Gobierno de Salta. La medida reúne reclamos vinculados con los salarios, las condiciones de trabajo, la infraestructura escolar y las dificultades económicas que atraviesa el personal educativo.
El desarrollo del conflicto dependerá de las respuestas oficiales a los puntos incluidos en el petitorio y de las decisiones que adopte el congreso sindical del 31 de octubre. Mientras la ADP sostiene la necesidad de obtener respuestas concretas, el Gobierno provincial afirma que las instancias de diálogo continúan abiertas.
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