16 de octubre de 2026
El Ministerio de Salud, a cargo de Mario Lugones, derogó la resolución de 2021 que establecía el listado de medicamentos esenciales y aprobó uno nuevo enfocado en enfermedades vasculares. Las provincias deberán afrontar la provisión de otros medicamentos, mientras el Gobierno puso en marcha un plan sanitario para el período 2026-2030.
El Gobierno modificó el listado nacional de medicamentos esenciales del programa Remediar y dejó seis principios activos.
El Gobierno nacional dispuso el fin del esquema de medicamentos esenciales del programa Remediar mediante la derogación de la Resolución 3424, dictada en 2021 durante la gestión del Frente de Todos. La medida modifica el listado de medicamentos contemplados en el programa y deja fuera de la cobertura nacional una serie de tratamientos de uso habitual, entre ellos la levotiroxina, la metformina, la amoxicilina, el salbutamol y los anticonceptivos.
En paralelo, el Ministerio de Salud, a cargo de Mario Lugones, puso en marcha el Plan Nacional de Salud Vascular 2026-2030, una iniciativa orientada a la prevención, detección y atención de las enfermedades cardiovasculares. Según los fundamentos oficiales, el cambio responde a la necesidad de adaptar las políticas sanitarias al perfil epidemiológico de la población argentina.
Con la entrada en vigencia del nuevo esquema, el listado nacional de medicamentos esenciales quedó reducido a seis principios activos: ácido acetilsalicílico, atorvastatina, candesartán, hidroclorotiazida, ramipril y rosuvastatina.
La modificación deja fuera del listado anterior a medicamentos utilizados para distintos tratamientos, como la levotiroxina, indicada para trastornos de la tiroides; la metformina, empleada en el tratamiento de la diabetes tipo 2; y la amoxicilina, un antibiótico utilizado para determinadas infecciones bacterianas.
También quedaron excluidos el salbutamol, utilizado para tratar problemas respiratorios; los anticonceptivos; el fluconazol, un antimicótico, y la loratadina, un antihistamínico.
La decisión implica un cambio en la provisión nacional de estos medicamentos. De acuerdo con el nuevo esquema, las provincias deberán hacerse cargo de adquirir los productos que ya no integran el listado, utilizando sus propios presupuestos.
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A partir de la modificación, cada jurisdicción deberá organizar la adquisición de los medicamentos esenciales que quedaron excluidos del nuevo vademécum nacional. Para determinar cuáles comprar, las provincias podrán tomar como referencia el listado establecido en 2021, aunque deberán financiar esas adquisiciones con recursos propios.
De esta manera, la responsabilidad por la provisión de los medicamentos que ya no están contemplados en el esquema nacional recaerá sobre los sistemas sanitarios provinciales.
El cambio introduce una modificación en la distribución de responsabilidades entre Nación y provincias respecto del acceso a tratamientos básicos. Su impacto dependerá, entre otros factores, de las decisiones de compra y de los recursos que cada jurisdicción destine a cubrir las necesidades de su población.
La levotiroxina, la metformina, la amoxicilina y el salbutamol quedaron fuera del nuevo listado nacional.
En los fundamentos de la medida, el Ministerio de Salud argumentó que el listado de medicamentos aprobado en 2021 respondía al contexto sanitario de aquel momento. Según la cartera que conduce Mario Lugones, la evolución del perfil epidemiológico justifica priorizar una estrategia específica para las enfermedades vasculares.
La nueva política sanitaria se articula a través del Plan Nacional de Salud Vascular 2026-2030, que busca fortalecer la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades cardiovasculares.
Según los datos citados en la norma, entre el 34% y el 40% de los adultos tienen hipertensión arterial, mientras que las cardiopatías isquémicas y las enfermedades vasculares representan entre el 28% y el 32% de las muertes registradas en Argentina.
El plan establece líneas de acción para la hipertensión, la insuficiencia cardíaca, la fibrilación auricular, las miocardiopatías, el pie diabético y la muerte súbita.
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Uno de los ejes del Plan Nacional de Salud Vascular es fortalecer las redes de atención del infarto agudo de miocardio y del accidente cerebrovascular (ACV).
Para eso, la iniciativa contempla protocolos de atención, criterios vinculados con los tiempos críticos de traslado y tratamiento, y aplicaciones móviles destinadas a coordinar las derivaciones de pacientes. También prevé la notificación obligatoria de los casos y la posibilidad de establecer convenios entre el sector público y el privado.
En relación con la muerte súbita, el plan propone ampliar los espacios cardioasistidos e implementar un registro nacional de desfibriladores, con herramientas para georreferenciar los equipos y verificar su funcionamiento.
La estrategia está dirigida a toda la población. Mientras que en los adultos prioriza la detección y el tratamiento de enfermedades cardiovasculares, en niños y adolescentes apunta a promover hábitos saludables.
El documento también plantea la necesidad de coordinar la implementación del plan con los distintos subsistemas de salud. El Programa SUMAR, que brinda cobertura a personas sin obra social ni prepaga, aparece como una de las herramientas para incorporar las prestaciones priorizadas.
La norma contempla la reformulación del nomenclador del programa para incluir esas prestaciones y propone alcanzar acuerdos con las obras sociales, el PAMI y las empresas de medicina prepaga.
El objetivo es unificar estándares clínicos y criterios de registro entre los distintos sectores del sistema sanitario.
Según las resoluciones, tanto el nuevo plan cardiovascular como el listado actualizado de medicamentos no implican erogaciones presupuestarias adicionales. En el caso del plan, el Gobierno prevé reorganizar los recursos existentes y reformular el nomenclador del Programa SUMAR.
La eliminación del esquema nacional de medicamentos esenciales y la puesta en marcha de una estrategia centrada en las enfermedades cardiovasculares constituyen dos cambios relevantes en la política sanitaria del Gobierno de Javier Milei.
Por un lado, el nuevo plan fija prioridades para la prevención y la atención de enfermedades que tienen un peso significativo en la mortalidad del país. Por otro, la exclusión de distintos medicamentos del listado nacional traslada a las provincias la responsabilidad de financiar su adquisición.
El alcance concreto de esta modificación dependerá de cómo respondan las jurisdicciones y de qué mecanismos implementen para garantizar la provisión de los tratamientos que dejaron de estar incluidos en el esquema nacional.
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