Poder. Tucumán: acusan a Jaldo de crear una "caja electoral" de 2 mil millones de cara a los comicios

El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, consiguió que la Legislatura provincial aprobara la creación de un fondo fiduciario de $2.000 millones para facilitar el acceso al crédito de las pequeñas y medianas empresas (pymes). Sin embargo, la iniciativa quedó envuelta en una fuerte controversia política: legisladores opositores cuestionaron la estructura de la nueva entidad estatal, advirtieron sobre la falta de controles y acusaron al mandatario de impulsar una "Caja Particular Electoral" a pocos meses de las elecciones provinciales.

El proyecto fue aprobado con 33 votos a favor, tres en contra y tres abstenciones. El esquema contempla un aporte inicial de $2.000 millones, integrado por fondos del Tesoro provincial y recursos comprometidos por el Consejo Federal de Inversiones (CFI). Mientras el oficialismo defiende la herramienta como una alternativa para mejorar el financiamiento productivo, la oposición pone el foco en quién administrará los recursos públicos, cómo se distribuirán las garantías y qué mecanismos de fiscalización tendrá el nuevo organismo.

La discusión adquiere una dimensión política adicional por la proximidad de los comicios tucumanos previstos para mayo. En ese escenario, las críticas opositoras apuntan a que la administración de un fondo de estas características quedará bajo una estructura controlada por el propio Estado provincial, en un momento en el que el oficialismo necesita sostener su poder territorial.

Jaldo impulsó un fondo de $2.000 millones y la oposición cuestionó los controles

La iniciativa establece la creación de Fiduciaria de Tucumán, una sociedad anónima unipersonal (SAU) cuyas acciones estarán íntegramente en manos del Estado provincial. La entidad funcionará bajo la órbita del Ministerio de Economía y Producción y tendrá a su cargo la administración del Fondo de Garantía de Tucumán (Fogatuc).

El fideicomiso público busca otorgar garantías ante entidades bancarias para que productores, comerciantes, industriales y pequeñas empresas puedan acceder a préstamos. El mecanismo apunta a que las empresas puedan respaldar sus solicitudes mediante la evaluación de sus flujos de fondos, sin depender exclusivamente de las garantías patrimoniales que exigen los bancos.

El financiamiento inicial estará compuesto por $1.000 millones del Tesoro provincial y otros $1.000 millones comprometidos por el CFI. Además, al menos el 15% del fondo deberá destinarse a micro, pequeñas y medianas empresas.

Sin embargo, el destino productivo anunciado por el Gobierno no despejó las dudas sobre el funcionamiento institucional de la herramienta. El punto central de la controversia es quién tendrá la última palabra en la asignación de las garantías, bajo qué criterios se aprobarán y qué controles externos impedirán un manejo discrecional de los recursos.

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"Caja Particular Electoral": las críticas de Silvia Elías de Pérez a Jaldo

La legisladora de la Unión Cívica Radical (UCR), Silvia Elías de Pérez, rechazó la creación de la nueva sociedad estatal y cuestionó que el Gobierno provincial impulse una estructura con funciones que, según sostuvo, ya cumple la Caja Popular de Ahorros.

"Nos proponen crear una entidad nueva para manejar recursos públicos, con otra estructura y más gastos. Y, al mismo tiempo, el propio gobierno provincial tendría el control de las decisiones centrales sobre su funcionamiento", afirmó.

La dirigente radical fue más allá y apuntó directamente contra el gobernador: "Jaldo quiere crear la Caja Particular Electoral. Una entidad nueva con funciones que ya tiene la Caja de Ahorro Popular pero con escasos controles", sostuvo.

La crítica plantea dos objeciones concretas a la iniciativa: por un lado, la posible duplicación de estructuras estatales y los gastos que implicaría su funcionamiento; por otro, la concentración de decisiones en una entidad controlada por el Ejecutivo tucumano. Para la oposición, la combinación de recursos públicos, facultades de administración y controles cuestionados constituye uno de los principales problemas del proyecto.

El proyecto impulsado por el gobernador Osvaldo Jaldo fue aprobado con 33 votos a favor, tres en contra y tres abstenciones en la Legislatura tucumana.

Manuel Courel advirtió que no están claros los criterios para otorgar créditos

El legislador de Cambia Tucumán, Manuel Courel, también cuestionó el diseño institucional del fondo y puso el foco en la falta de precisiones sobre los mecanismos de fiscalización y la asignación de las garantías.

"No está claro quién hace el control sobre esos fondos. No está claro cuál es el criterio para dar los créditos. No está claro cómo se va a conformar esa sociedad anónima unipersonal del Estado", expresó.

Sus objeciones se concentran en aspectos centrales para el funcionamiento de una herramienta que administrará dinero público: los criterios de selección de los beneficiarios, la conformación de la sociedad y la identificación de los organismos responsables de supervisar sus decisiones.

Las críticas opositoras, por lo tanto, no se limitan a cuestionar la creación de una nueva estructura estatal. También exigen precisiones sobre las reglas que determinarán qué empresas recibirán garantías y cómo se evitará que la herramienta quede sujeta a decisiones discrecionales.

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Jaldo defendió el fondo y apuntó contra sus detractores

Frente a los cuestionamientos, Osvaldo Jaldo negó que el fondo pueda transformarse en una caja política y defendió la iniciativa como un instrumento para ampliar el financiamiento productivo. En ese marco, cuestionó a quienes rechazaron el proyecto: "No han leído el proyecto y, si no lo han leído, no lo han entendido", afirmó.

El mandatario explicó que el acuerdo con el Consejo Federal de Inversiones busca generar una herramienta de financiamiento sin comprometer los recursos de la Caja Popular de Ahorros. Según su argumento, el objetivo es respaldar a empresas que no reúnen las condiciones exigidas por los bancos privados para acceder a préstamos.

"Bajo ningún punto de vista, como en épocas anteriores, comprometer a la Caja Popular con los créditos a particulares", remarcó el gobernador.

Sin embargo, durante el tratamiento legislativo, el Ejecutivo aceptó eliminar el artículo 4 del proyecto, que otorgaba prioridad a la nueva fiduciaria sobre todos los fideicomisos públicos. Esa disposición había recibido cuestionamientos incluso dentro del propio peronismo, porque la función de referencia era ejercida por la Caja Popular de Ahorros.

La modificación introducida durante la negociación legislativa expuso uno de los puntos más controvertidos de la iniciativa y mostró que el proyecto original debió incorporar cambios antes de su aprobación.

El fondo de Jaldo quedó bajo la lupa antes de las elecciones en Tucumán

La creación del Fogatuc abre un nuevo frente de discusión política para el gobernador tucumano. El oficialismo sostiene que el fondo permitirá mejorar el acceso al crédito de las pymes sin comprometer directamente los recursos de la Caja Popular de Ahorros. La oposición, en cambio, advierte sobre los gastos de la nueva estructura, la concentración de decisiones y la falta de precisiones sobre los controles.

La controversia también está atravesada por el calendario electoral. Con las elecciones provinciales previstas para mayo, la administración de un fondo público destinado a respaldar operaciones financieras se convirtió en un foco de cuestionamientos sobre la transparencia y el uso de los recursos estatales.

Por ahora, la aprobación legislativa garantiza la puesta en marcha del esquema, pero las objeciones planteadas por Elías de Pérez y Courel dejan expuesta una cuestión central: cómo se administrarán los $2.000 millones, quién controlará las decisiones y qué garantías habrá para que los recursos se asignen con criterios verificables.