Economía. Escándalo del oro: piden allanar el Banco Central e investigar a una entidad extranjera

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) quedó nuevamente en el centro de una investigación judicial por las operaciones financieras realizadas con las reservas de oro. El abogado Gregorio Dalbón amplió su denuncia contra el ministro de Economía, Luis Caputo, el presidente de la autoridad monetaria, Santiago Bausili, y otros funcionarios, y solicitó el allanamiento de la entidad para acceder a contratos, comunicaciones y registros vinculados con el negocio.

La presentación apunta especialmente a esclarecer la participación del Deutsche Bank, entidad en la que trabajaron Caputo y Bausili, y determinar cómo fue seleccionada como contraparte de las operaciones, qué condiciones financieras se pactaron y cuánto cobraron los intermediarios. El escrito también solicita investigar si existieron pagos o beneficios indebidos asociados a las transacciones.

Las pérdidas de US$ 1.023 millones en las operaciones con oro del BCRA

El punto de partida de la ampliación de la denuncia es un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) sobre los estados contables del Banco Central al 31 de diciembre de 2025. Según ese documento, las operaciones con derivados financieros cuyo activo subyacente era el oro registraron un resultado negativo equivalente a US$ 1.023 millones.

El monto se compone de US$ 960,2 millones correspondientes al resultado negativo de las opciones y otros US$ 62,8 millones por las primas pagadas. La auditoría consignó que las operaciones implicaron egresos de divisas.

El resultado corresponde específicamente a esos instrumentos financieros y no permite concluir, por sí solo, que haya existido un delito. La investigación deberá establecer las condiciones en las que se contrataron las coberturas, su costo total y si las decisiones adoptadas ocasionaron un perjuicio indebido para el Estado.

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Deutsche Bank: el vínculo con Caputo y Bausili y las comisiones bajo sospecha

La participación atribuida al Deutsche Bank constituye uno de los ejes centrales de la nueva presentación judicial. La entidad alemana aparece señalada en publicaciones periodísticas como una de las contrapartes de las operaciones con derivados sobre el oro.

El vínculo con las autoridades económicas argentinas también quedó bajo escrutinio: tanto Luis Caputo como Santiago Bausili desarrollaron parte de sus carreras profesionales en ese banco. Sin embargo, ese antecedente laboral no acredita por sí mismo una irregularidad. La cuestión que busca esclarecer la denuncia es cómo se eligió a las entidades financieras participantes y qué controles se aplicaron.

Otro interrogante son las comisiones. En publicaciones citadas por Dalbón circula una estimación superior a los US$ 60 millones en eventuales pagos a intermediarios. Esa cifra no está acreditada y deberá verificarse durante la investigación.

Por ese motivo, el abogado pidió que se requiera al Deutsche Bank información sobre los contratos, las comisiones, los honorarios, los márgenes aplicados y los eventuales pagos a terceros. También solicitó identificar a los posibles beneficiarios de esas operaciones.

Luis Caputo y Santiago Bausili quedaron alcanzados por una ampliación de la denuncia judicial sobre las operaciones con derivados financieros vinculados al oro del Banco Central.

El pedido de allanamiento al Banco Central y el secuestro de correos

Para acceder a la documentación, Dalbón solicitó que la Justicia ordene el allanamiento del BCRA y el secuestro o la copia forense de sus servidores informáticos y correos institucionales correspondientes a 2024 y 2025.

La medida comprende comunicaciones de la Presidencia, el Directorio y las áreas de mercados, reservas, riesgos y asuntos jurídicos. El objetivo es reconstruir las decisiones adoptadas, identificar a los responsables de autorizar las transacciones y establecer cómo se desarrollaron las negociaciones con las entidades financieras.

Según los antecedentes incorporados a la presentación, el Banco Central no habría entregado a la AGN los contratos necesarios para conocer las condiciones pactadas. Dalbón argumentó que la información electrónica podría ser modificada, ocultada o eliminada y pidió preservar esos registros.

Como alternativa al allanamiento, solicitó una orden judicial para que el organismo entregue la documentación y garantice su conservación.

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Qué funcionarios fueron incluidos en la denuncia

La ampliación también incorpora a Nicolás Marcelo Ferro, subsuperintendente de Entidades Financieras y Cambiarias e integrante del Directorio del BCRA.

De esta manera, la presentación alcanza a Ferro, Caputo, Bausili y Juan Ernesto Curutchet, superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias. Dalbón pidió que los cuatro sean citados a declaración indagatoria para que la Justicia determine su eventual responsabilidad en la aprobación, supervisión o control de las operaciones.

El escrito plantea investigar posibles delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. La existencia de estos planteos no implica que los funcionarios hayan sido condenados ni que las irregularidades denunciadas estén probadas.

La denuncia también apunta a Estados Unidos

Entre las medidas solicitadas, Dalbón propuso requerir información a la Securities and Exchange Commission (SEC), el organismo regulador del mercado de valores de Estados Unidos, para determinar si existen alertas, investigaciones o reportes relacionados con las transacciones.

El abogado también pidió información a la Comisión Nacional de Valores (CNV) y a la Unidad de Información Financiera (UIF), además de la designación de peritos contadores y especialistas en instrumentos financieros derivados.

La intención es reconstruir el circuito de las operaciones, verificar las condiciones financieras acordadas y establecer si existieron pagos a funcionarios argentinos o intermediarios que pudieran constituir beneficios indebidos.

Cómo funcionaron las operaciones con derivados sobre el oro

Según la descripción de las transacciones incluida en las publicaciones citadas por la denuncia, el Banco Central habría contratado coberturas frente a una eventual caída del precio del oro y vendido opciones que otorgaban a las contrapartes el derecho de comprar el metal a determinados valores.

Esa estructura habría generado resultados negativos cuando la cotización del oro subió por encima de los precios pactados. No obstante, los contratos todavía deben examinarse para confirmar los términos exactos de las operaciones y determinar qué cobertura obtuvo el BCRA.

La discusión judicial no se limita, por lo tanto, al resultado negativo de US$ 1.023 millones. También abarca la razonabilidad de las condiciones financieras, la selección de las contrapartes, las comisiones y la eventual existencia de un perjuicio indebido para el Estado.

La documentación solicitada será central para responder esos interrogantes. Por ahora, el pedido de allanamiento constituye una medida requerida por el denunciante y no una confirmación de que la Justicia haya ordenado ejecutarla.