22 de octubre de 2026
El Gobierno argentino solicitó una prórroga para responder al recurso presentado por los fondos demandantes que buscan revertir el fallo favorable al país por la expropiación de YPF. El nuevo plazo solicitado vence el 2 de diciembre, en una causa que tuvo una condena inicial de US$16.100 millones, ahora anulada.
La Argentina pidió una prórroga de 30 días ante la Corte Suprema de Estados Unidos para presentar su respuesta al recurso de revisión impulsado por los demandantes en el juicio por la expropiación de YPF. La solicitud, presentada el miércoles 21 de octubre, busca extender hasta el 2 de diciembre el plazo para que el Estado argentino exponga su posición frente al planteo que intenta revertir la decisión judicial favorable al país.
El pedido se conoció después de que la jueza federal de Nueva York Loretta Preska dejara formalmente sin efecto la sentencia que había condenado a la Argentina a pagar US$16.100 millones por la nacionalización de la petrolera. Con los intereses, el monto había superado los US$18.000 millones.
La decisión de Preska acató el fallo de la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, que en marzo de 2026 había revocado la condena contra el Estado argentino. Sin embargo, el litigio todavía no terminó: los fondos demandantes recurrieron a la máxima instancia judicial estadounidense para intentar restablecer la sentencia original.
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La extensión solicitada apunta a disponer de más tiempo para responder a la presentación de los demandantes. Si se concede el plazo pedido, el Estado argentino tendrá hasta el 2 de diciembre para entregar su escrito de oposición ante la Corte Suprema estadounidense.
El máximo tribunal deberá resolver primero si acepta revisar el recurso. La presentación de los fondos no implica que la Corte esté obligada a intervenir ni que vaya a emitir una sentencia sobre el caso de manera inmediata.
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El Gobierno argentino pidió más tiempo para presentar su respuesta en la causa por la expropiación de YPF, que tuvo una condena inicial de US$16.100 millones.
Por ese motivo, la prórroga modifica el calendario procesal, pero no anticipa el resultado de la disputa. La resolución definitiva dependerá de la decisión que adopten los jueces de la Corte Suprema respecto del pedido de revisión.
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El conflicto judicial se originó con la nacionalización de YPF en 2012, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Los antiguos accionistas Petersen Energía y Eton Park impulsaron el reclamo contra la Argentina, con financiamiento del fondo Burford Capital.
En septiembre de 2023, la jueza Loretta Preska había condenado al país a pagar US$16.100 millones por la forma en que se llevó adelante la expropiación. La Argentina apeló esa decisión y el expediente avanzó por las distintas instancias de la Justicia estadounidense hasta llegar a la Cámara de Apelaciones de Nueva York.
En marzo de 2026, ese tribunal revocó la condena. Posteriormente, los demandantes buscaron que la Corte Suprema revisara el fallo y restableciera la indemnización. La anulación formal de la sentencia por parte de Preska consolidó la decisión favorable al Estado argentino en las instancias inferiores, aunque dejó pendiente la posibilidad de una intervención del máximo tribunal.
El próximo paso será la presentación de la respuesta argentina, una vez que se resuelva el pedido de prórroga. Después, la Corte Suprema de Estados Unidos deberá decidir si acepta tratar el recurso de los demandantes.
Si rechaza la revisión, se mantendrá el resultado favorable a la Argentina alcanzado en la Cámara de Apelaciones. Si acepta intervenir, el litigio podría avanzar hacia una nueva instancia judicial. Por ahora, no existe una fecha confirmada para esa definición.
La disputa también mantiene abierta una vía paralela: Burford Capital inició acciones ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), organismo vinculado al Banco Mundial, en representación de las sociedades Petersen.
La solicitud de más tiempo, por lo tanto, no representa un nuevo fallo sobre la expropiación de YPF. Se trata de un movimiento procesal en una causa de alto impacto económico para la Argentina, cuyo resultado inmediato dependerá de si la Corte Suprema estadounidense decide intervenir en el expediente.
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