27 de octubre de 2026
La hija del intendente Miguel Ángel Gómez y dos concejales de Gobernador Costa figuran entre los postulantes a terrenos municipales vinculados a créditos hipotecarios. Los dictámenes legales y las restricciones de la ley municipal abren interrogantes sobre la transparencia de la operación en Chubut.
Miguel Ángel Gómez, intendente de Gobernador Costa, junto al gobernador chubutense, Ignacio Torres.
La operatoria del programa "Te Banco", impulsado por la Municipalidad de Gobernador Costa y el Banco del Chubut, quedó bajo cuestionamiento por la participación de familiares del intendente Miguel Ángel Gómez y de dos concejales en ejercicio. El caso abre interrogantes sobre los controles institucionales y la actuación del oficialismo en Chubut, durante la gestión de Ignacio Torres.
La venta de terrenos municipales en Gobernador Costa, Chubut, quedó atravesada por cuestionamientos políticos luego de que se conociera que entre los postulantes al programa habitacional "Te Banco" figuran Johana Gómez, hija del intendente Miguel Ángel Gómez, y los concejales Gonzalo Sebastián Pichiñán y María Pirén Arriagada. El Ejecutivo municipal solicitó al Concejo Deliberante autorización para concretar las ventas y escrituraciones, mientras los dictámenes legales incorporados al expediente dejaron planteados interrogantes sobre las incompatibilidades y las condiciones de la operación.
La iniciativa, desarrollada junto con el Banco del Chubut, contempla la venta de terrenos con servicios para que los beneficiarios puedan acceder a créditos hipotecarios. El financiamiento es individual: cada solicitante debe calificar ante la entidad bancaria y asumir la devolución del préstamo. Sin embargo, el procedimiento quedó bajo la lupa por la participación de funcionarios y familiares directos de quienes tienen responsabilidades de gobierno.
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La nómina de aspirantes incluye a Johana Gómez y Gonzalo Sebastián Pichiñán, vicepresidente del Concejo Deliberante e integrante del oficialismo vecinal. También figura María Pirén Arriagada, concejal de Arriba Chubut, espacio opositor en el ámbito local.
La documentación señala que una lista de 22 postulaciones incluía a Johana Gómez y Pichiñán. En el caso de Arriagada, una constancia bancaria del 19 de octubre comunicó la preaprobación de un crédito de $60 millones, ajustable por UVA y con un plazo de 15 años.
Ese mismo día, el intendente firmó la nota 347/2026 para solicitar una sesión especial y la autorización para vender y escriturar los terrenos. El pedido ingresó en el temario del 21 de octubre y, dos días después, una comunicación sobre el trabajo en comisión informó que había 23 personas con créditos preaprobados.
La preaprobación bancaria, no obstante, no equivale a la autorización definitiva para adquirir los inmuebles municipales.
El programa "Te Banco" vincula a la Municipalidad de Gobernador Costa con el Banco del Chubut. La operación contempla terrenos con servicios y créditos hipotecarios individuales para los beneficiarios.
El 15 de octubre, el asesor legal municipal, Mario Bensimón, emitió un dictamen dirigido a Johana Gómez en el que identificó expresamente su vínculo familiar con el jefe comunal.
El funcionario sostuvo que los terrenos pertenecen al dominio privado municipal y que la operación se realizaría a un precio diferente del promocional previsto para las adjudicaciones de tierras fiscales. También argumentó que existían 32 lotes disponibles y veinte vecinos calificados, por lo que la incorporación de la hija del intendente no desplazaría a otros aspirantes.
Con esos argumentos, Bensimón concluyó que no existían razones para excluirla del procedimiento. Sin embargo, el documento no desarrolló cómo debía actuar el intendente frente a una operación que involucra a su propia hija ni qué resguardos correspondían para garantizar la imparcialidad del trámite.
La discusión excede, por lo tanto, la capacidad económica de los postulantes: también comprende las condiciones en las que el Estado municipal dispone de sus bienes y la responsabilidad de sus funcionarios.
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Otro dictamen, fechado el 21 de octubre, abordó posibles incompatibilidades de los aspirantes. No obstante, el análisis no trató específicamente la restricción establecida en el artículo 72 de la Ley XVI N.º 46 de Corporaciones Municipales, que impide a los concejales ser parte directa o indirecta de contratos derivados de ordenanzas sancionadas durante su mandato.
La aplicación de esa disposición a las compras proyectadas requiere una respuesta jurídica específica. La preaprobación de los créditos no resuelve por sí misma esa cuestión.
Además, el artículo 53 de la misma ley establece que la autorización para transferir inmuebles municipales requiere el voto de dos tercios del total del Concejo Deliberante y contempla el ofrecimiento público como procedimiento para su venta.
Según un testimonio recogido por el medio que difundió la investigación, el intendente habría condicionado la continuidad de la operatoria a la aprobación conjunta de las 23 ventas. Esa presunta exigencia no surge de los documentos examinados y debe distinguirse de las actuaciones que sí están registradas.
El anteproyecto contempla autorizaciones por parcela y prevé la entrega inmediata de los títulos, con la posibilidad de pagar los terrenos en hasta doce cuotas, para permitir la constitución de las hipotecas.
El expediente deja así al Concejo Deliberante frente a una decisión que involucra a vecinos, a la hija del intendente y a dos integrantes del propio cuerpo legislativo. La cuestión central es si las autoridades pueden acreditar que el procedimiento respeta las normas aplicables y garantiza condiciones transparentes para todos los aspirantes.
En el plano provincial, el caso se conoce durante la gestión del gobernador Ignacio Torres y plantea interrogantes sobre los controles institucionales en Chubut. Sin embargo, la documentación aportada no acredita una intervención directa del mandatario provincial ni permite atribuirle responsabilidad específica en la operatoria municipal.
La decisión final corresponde a las autoridades locales, que deberán resolver sobre la disposición de los terrenos públicos y las posibles incompatibilidades antes de avanzar con las ventas.
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