Poder. Orrego bajo la lupa: investigan compras multimillonarias en Educación

El organismo detectó remitos sin la conformidad de recepción exigida en una contratación de Pranamar SRL durante la gestión de Marcelo Orrego. Además, los antecedentes societarios y laborales de una integrante de la firma abren una pregunta sobre una posible incompatibilidad que aún debe verificarse.

El Tribunal de Cuentas de San Juan formuló cargos a responsables administrativos del Ministerio de Educación por deficiencias en la documentación de una compra de productos de limpieza realizada durante la gestión del gobernador Marcelo Orrego. Las observaciones, incluidas en la Memoria Anual 2025 publicada en 2026, alcanzan a mercadería por $34.872.675,84 cuyos remitos no contaban con la conformidad de recepción requerida para respaldar el pago.

La operación correspondió a la licitación pública N.º 05/2024, tramitada en el expediente 300-006733-2024. La empresa Pranamar SRL presentó una factura fechada el 12 de agosto de 2024 por $72.776.779,72, que figuraba conformada por integrantes de la comisión de recepción.

Sin embargo, el organismo de control advirtió que tres remitos carecían de la conformidad del responsable del depósito del Ministerio de Educación, conducido por Silvia Fuentes. Ese requisito estaba contemplado en el pliego de la contratación y resultaba necesario para acreditar la recepción de los productos.

Qué observó el Tribunal de Cuentas en la compra de Educación

La documentación cuestionada comprendía 8.608 unidades de limpiador multiuso, valuadas en $14.749.635,84, y 3.360 unidades de alcohol en gel en envases de cinco litros, por $20.123.040. En conjunto, los productos sumaban $34.872.675,84.

Los cargos identifican, entre otros responsables, a Daniela Celeste González, del Servicio Administrativo Financiero; Vanesa Toledo y Marina Noelia Recabarren, de la Unidad Operativa de Contrataciones; y Adrián Ángel Boronat y Natalia Lorena Toledano, integrantes de la comisión que conformó las facturas.

La observación apunta a una deficiencia concreta en el respaldo documental del gasto público: la conformidad de las facturas no estaba acompañada por la acreditación exigida para esos productos. El punto central es determinar cómo se justificó administrativamente la compra y si la documentación faltante fue incorporada posteriormente al expediente.

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Pranamar SRL: los antecedentes societarios y la posible incompatibilidad

La revisión de los antecedentes de la empresa proveedora abre otra línea que requiere comprobaciones adicionales. Un edicto publicado en el Boletín Oficial de San Juan el 29 de septiembre de 2016, referido a una cesión de cuotas realizada en 2015, consignó que Sonia Beatriz Daverio tenía el 47% de Pranamar SRL, Manuel Germán Vela otro 47% y Ernesto Eduardo Vela el 6% restante.

Por otra parte, registros laborales a los que tuvo acceso este medio vinculan a Daverio con la Universidad Nacional de San Juan y registran períodos declarados hasta 2026 inclusive. El resumen histórico ubica el inicio del vínculo en diciembre de 2015, aunque la información disponible no permite acreditar por sí sola cuál era su situación laboral durante los meses en que se realizó la contratación.

El Tribunal de Cuentas de San Juan detectó deficiencias en la documentación de una compra de productos de limpieza del Ministerio de Educación por $34,8 millones.

El cruce de esos antecedentes plantea una pregunta a la luz del artículo 24, inciso 3, de la ley provincial 2000-A, que prohíbe contratar con el sector público provincial a agentes públicos nacionales, provinciales o municipales y a sociedades cuyos socios revistan esa condición.

No obstante, la posible incompatibilidad no está acreditada con la información disponible. Para establecer si la prohibición resultaba aplicable, es necesario determinar si Daverio conservaba su participación en la sociedad y mantenía el vínculo laboral pertinente al momento de la compra, además de precisar el alcance de la norma para su situación en la universidad.

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Marcelo Orrego y los controles sobre el gasto público en San Juan

Las observaciones documentales del Tribunal de Cuentas y la eventual incompatibilidad societaria son cuestiones diferentes. La primera está identificada en la revisión de la contratación; la segunda requiere verificar fechas, condiciones laborales y societarias y la aplicación de la legislación provincial.

El Tribunal está presidido por Pablo García Nieto, exdiputado provincial y expresidente del bloque Justicialista, quien asumió en noviembre de 2023, durante la gestión del entonces gobernador Sergio Uñac.

El caso deja planteado un interrogante concreto sobre los controles administrativos de una compra realizada durante el gobierno de Orrego: cómo se conformaron facturas por una operación que incluía mercadería cuya recepción no estaba debidamente acreditada en tres remitos.

El expediente completo y las actuaciones posteriores permitirán establecer si la documentación faltante fue presentada, cómo se resolvieron los cargos formulados y si surgieron elementos adicionales sobre la situación de la empresa proveedora.