28 de octubre de 2026
El paquete de reformas impulsado por Maximiliano Pullaro recibió objeciones de la Corte Suprema de Santa Fe, la Defensa Pública, colegios de abogados y organismos de derechos humanos. Las críticas también llegaron a Unidos y el oficialismo ya trabaja en modificaciones para avanzar en la Legislatura.
Maximiliano Pullaro impulsa una reforma del sistema penal santafesino que recibió cuestionamientos institucionales y obligará al oficialismo a revisar el proyecto.
La reforma de seguridad de Maximiliano Pullaro en Santa Fe enfrenta resistencias institucionales y políticas en la Cámara de Diputados provincial. Las iniciativas impulsadas por el gobernador y su ministro de Seguridad para modificar el Código Procesal Penal, ampliar facultades policiales y fiscales e incorporar herramientas de investigación recibieron cuestionamientos por su posible impacto sobre las garantías constitucionales y los controles judiciales. Tras una extensa ronda de consultas, el oficialismo admite que deberá introducir cambios antes de buscar un dictamen.
Las comisiones de Seguridad Pública y de Asuntos Constitucionales de la Legislatura santafesina convocaron a representantes de distintos sectores del sistema judicial y de la sociedad civil para analizar el paquete de reformas. Entre los participantes estuvieron los integrantes de la Corte Suprema provincial, representantes del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y de la Defensa Pública, colegios de abogados, especialistas en derecho penal y organismos de derechos humanos.
Uno de los principales focos de preocupación fue la ampliación de las atribuciones policiales y fiscales, junto con la posibilidad de reducir determinados controles judiciales. El MPA constituyó la principal excepción entre las voces institucionales consultadas, al defender la incorporación de nuevas herramientas de investigación.
Los siete integrantes de la Corte Suprema santafesina formularon observaciones sobre distintos aspectos de los proyectos. Entre ellos, señalaron reparos a la posibilidad de tomar determinadas declaraciones sin presencia obligatoria de un defensor, a la delegación de facultades hacia policías y fiscales y a las denominadas zonas de intervención policial especial.
También advirtieron sobre posibles tensiones entre algunos artículos, la Constitución provincial y los estándares internacionales de derechos humanos. Las observaciones se concentraron en los límites que deben regir la actuación estatal dentro de un sistema penal acusatorio.
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La Defensa Pública puso el foco en las garantías de las personas sometidas a un proceso penal. Uno de los puntos más discutidos es la posibilidad de que la Policía tome declaraciones en determinadas circunstancias sin que sea indispensable la presencia de un abogado defensor.
El cuestionamiento apunta a la necesidad de garantizar que una persona comprenda las consecuencias jurídicas de sus declaraciones y pueda expresarse sin presiones indebidas.
A esas objeciones se sumaron los colegios de abogados de Rosario y Santa Fe, que plantearon reparos a distintos artículos y expresaron preocupación por un eventual debilitamiento de los controles judiciales. Entre los temas discutidos también aparecieron los allanamientos sin orden judicial, las medidas cautelares y las atribuciones de los fiscales.
Por su parte, la Asociación de Abogados Penalistas de Rosario cuestionó la ampliación de las facultades policiales, los juicios en ausencia, la utilización de pruebas obtenidas irregularmente, los allanamientos sin orden judicial y las nuevas atribuciones otorgadas a los fiscales.
El planteo de estos sectores es que la búsqueda de mayor eficacia en materia de seguridad no debe implicar una reducción de las garantías procesales ni de los mecanismos de control sobre el poder estatal.
El Foro contra la Impunidad y por la Justicia y Tramas Derecho en Movimiento también expresaron su rechazo a aspectos centrales de la reforma. Sus cuestionamientos se dirigieron especialmente a los interrogatorios policiales durante períodos de detención sin presencia indispensable de un abogado y a las zonas de intervención policial especial.
Estas últimas contemplan facultades extraordinarias en determinados territorios definidos por su nivel de conflictividad. Las organizaciones advirtieron sobre el riesgo de que la aplicación de estas herramientas habilite intervenciones policiales más amplias sobre las personas que viven o circulan por esos lugares.
El paquete de seguridad de Pullaro enfrenta objeciones dentro y fuera de Unidos, mientras Diputados trabaja en modificaciones antes de avanzar con su tratamiento.
Durante las audiencias se utilizaron expresiones como "estado de sitio", "estado policial", "regresión procesal" y "retroceso democrático" para describir los riesgos que, según los expositores críticos, podrían derivarse de las iniciativas.
Esas caracterizaciones corresponden a las posiciones expresadas durante las consultas legislativas y no constituyen conclusiones aceptadas por la Legislatura. Sin embargo, reflejan la intensidad de las objeciones que recibió el paquete de seguridad del Gobierno santafesino.
La discusión legislativa también abrió un interrogante sobre los argumentos del Ejecutivo para avanzar con nuevas herramientas. El Gobierno de Pullaro reivindica los resultados obtenidos en materia de seguridad desde diciembre de 2023 y utiliza la reducción de homicidios en Rosario y en el conjunto de Santa Fe como uno de los principales respaldos de su gestión.
En ese contexto, surgió una pregunta durante el debate: si las políticas implementadas hasta ahora permitieron mejorar los indicadores más graves de violencia, ¿por qué resulta necesario ampliar determinadas facultades policiales y fiscales?
El presidente de la Comisión de Seguridad, Martín Rosúa, sostiene que las modificaciones son necesarias para consolidar la reducción de homicidios y avanzar hacia una nueva etapa de la política criminal provincial.
Desde los sectores críticos, en cambio, consideran que los resultados exhibidos por el oficialismo no eliminan la necesidad de justificar de manera rigurosa cualquier modificación que pueda afectar garantías constitucionales o reducir controles judiciales.
La discusión enfrenta, así, dos posiciones: la del Ejecutivo, que busca profundizar las herramientas de investigación y persecución del delito, y la de quienes reclaman que cualquier avance preserve los límites institucionales del sistema penal.
Las objeciones no quedaron circunscriptas a la Corte Suprema, la Defensa Pública, los colegios profesionales y los organismos de derechos humanos. También llegaron a la coalición oficialista.
Después de las rondas de consultas, Unidos comenzó a trabajar en modificaciones al texto original y reconoce que los proyectos deberán cambiar antes de conseguir dictamen. La discusión ya no se limita a determinar si las iniciativas avanzarán, sino a establecer qué artículos deberán reformularse para reunir los consensos necesarios.
La situación parlamentaria presenta diferencias entre ambas cámaras. En el Senado, Unidos cuenta con 14 de las 19 bancas, mientras que en Diputados conviven sectores del radicalismo, el socialismo y otras fuerzas de la coalición que no necesariamente comparten la misma posición sobre todas las herramientas propuestas.
Esa diversidad interna representa uno de los principales desafíos para la Casa Gris. Algunos legisladores oficialistas consideran que las observaciones recibidas durante las audiencias deben traducirse en cambios concretos antes de acompañar las iniciativas.
En medio de las demoras, el presidente provisional del Senado, Felipe Michlig, reclamó públicamente que la Cámara de Diputados acelere el tratamiento de los proyectos de seguridad que llevan meses en discusión.
El planteo expuso la presión que existe dentro de Unidos para avanzar con la agenda impulsada por Pullaro. Sin embargo, Diputados mantiene una dinámica centrada en las consultas con especialistas, el análisis institucional y la elaboración de modificaciones.
La diferencia de ritmos entre ambas cámaras explica parte de la demora. Mientras desde el Senado se reclama acelerar el proceso, en Diputados gana terreno la posición de quienes consideran necesario revisar los artículos cuestionados antes de llevarlos al recinto.
El oficialismo conserva representación parlamentaria para impulsar avances, por lo que las objeciones no implican necesariamente que el paquete vaya a fracasar. El punto central pasa por determinar hasta dónde llegarán los cambios y qué nivel de consenso podrá reunir la versión definitiva.
El escenario legislativo muestra que el paquete de seguridad ingresó en una etapa diferente de la prevista inicialmente por el Ejecutivo. Las observaciones de la Corte Suprema, los cuestionamientos de la Defensa Pública, las críticas de los colegios de abogados y penalistas y el rechazo de organizaciones de derechos humanos obligaron al oficialismo a revisar su estrategia.
El impacto político es concreto: Unidos ya trabaja sobre modificaciones y la discusión se concentra en cuánto cambiará el proyecto original antes de su eventual tratamiento en el recinto. Aunque el Gobierno mantiene la posibilidad de conseguir la aprobación de las iniciativas, el texto que llegue a esa instancia podría diferir del enviado por Pullaro.
La discusión también vuelve a poner en el centro la relación entre seguridad pública y garantías constitucionales. Santa Fe busca consolidar las herramientas para investigar delitos y perseguir organizaciones criminales, pero las modificaciones al sistema penal deben atravesar el debate legislativo y las objeciones de los actores institucionales involucrados.
Las presiones para acelerar el tratamiento continuarán, aunque la ronda de consultas ya produjo un efecto político: el proyecto original perdió la posibilidad de avanzar sin una revisión interna.
Por eso, el desafío para Pullaro no será solamente conseguir leyes que profundicen su política de seguridad en Argentina, sino construir una versión capaz de reunir los apoyos parlamentarios necesarios frente a los cuestionamientos institucionales que recibió. Si las iniciativas finalmente avanzan, difícilmente lo hagan exactamente en los términos en que fueron presentadas.
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