POLÉMICA EN MENDOZA. Denuncian que ministra de Cornejo se pagó una maestría con fondos públicos

La ministra de Ambiente y Energía de Mendoza, Jimena Latorre, integrante del equipo de Alfredo Cornejo que defiende la posición provincial en el conflicto por el río Atuel, quedó en el centro de las críticas por el reintegro de una maestría de casi US$11.000 financiada con recursos estatales. La oposición cuestiona el procedimiento y anticipó denuncias, mientras la funcionaria sostiene que su accionar fue "legal y ético".

La administración de Alfredo Cornejo, cuestionada por el uso de fondos públicos

El caso abrió un frente de críticas para la gestión de Alfredo Cornejo en Mendoza. El cuestionamiento opositor no se limita al costo de la formación académica de Jimena Latorre, sino que también apunta al procedimiento administrativo utilizado para reintegrarle el dinero y a los controles sobre los recursos del fideicomiso que financió la operación.

El diputado provincial Lucas Ilardo, de Fuerza Patria, denunció el caso ante la Fiscalía de Estado, el Tribunal de Cuentas y la Oficina de Investigaciones Administrativas y Ética Pública. Además, cuestionó que el reintegro se hubiera realizado antes de que quedara completada la autorización correspondiente y pidió que se investiguen las actuaciones administrativas.

La Oficina de Ética Pública comenzó una investigación para determinar si existieron irregularidades. De esta manera, el episodio dejó de ser únicamente una controversia política y pasó a estar bajo revisión de los organismos de control, sin que eso implique que se haya probado la comisión de un delito.

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Jimena Latorre defendió la maestría financiada con fondos estatales

Frente a las críticas, Latorre sostuvo que la capacitación está relacionada con las responsabilidades de su cartera y que los recursos utilizados tienen como finalidad el fortalecimiento institucional y la formación de funcionarios. También negó que se hayan utilizado partidas destinadas a Educación, Salud o Seguridad.

El monto reconocido fue de $13.643.838, equivalente a unos US$10.666. El dinero salió del Fideicomiso de Actividades Hidrocarburíferas, integrado por aportes de empresas vinculadas con las concesiones del sector. Según la explicación oficial, esos fondos permiten financiar actividades de capacitación.

Jimena Latorre, ministra de Ambiente y Energía de Mendoza, quedó bajo cuestionamiento por el reintegro estatal de $13,6 millones para financiar una maestría.

Sin embargo, el punto central de la controversia es si el mecanismo empleado para financiar la maestría se ajustó a las normas del fideicomiso y si el procedimiento respetó los controles correspondientes. Esa es una de las cuestiones que deberán esclarecer los organismos competentes.

Incluso dentro del oficialismo mendocino surgieron cuestionamientos indirectos. La vicegobernadora Hebe Casado publicó una frase que fue interpretada como una crítica al caso: "Lo que no es correcto, no es correcto aunque sea legal".

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El conflicto con La Pampa y las críticas a la postura de Cornejo

La controversia por la maestría se suma a las discusiones que rodean la actuación política de Latorre, una de las funcionarias centrales de la administración de Cornejo en materia energética y ambiental. La ministra también participó en la defensa de los intereses de Mendoza frente al reclamo de La Pampa por el río Atuel y las regalías hidroeléctricas de Los Nihuiles.

En ese conflicto, Latorre defendió la posición mendocina sobre la propiedad de los recursos naturales y cuestionó que se reconocieran derechos sobre las regalías a la provincia pampeana. La disputa se profundizó en septiembre de 2026, cuando una decisión nacional otorgó a Mendoza la totalidad de las regalías de la represa, una medida que generó nuevas controversias entre ambas jurisdicciones.

La situación coloca bajo escrutinio dos aspectos de la gestión provincial: por un lado, el uso de recursos públicos para financiar la formación de una ministra; por otro, las decisiones políticas y económicas que el gobierno de Cornejo defiende en conflictos interprovinciales. Son controversias diferentes, pero ambas exigen explicaciones públicas y documentación que permita evaluar los fundamentos de las decisiones oficiales.

La investigación sobre el reintegro de la maestría deberá determinar si existieron irregularidades administrativas o éticas. Mientras tanto, la defensa de Latorre y las críticas opositoras mantienen abierto un debate sobre la transparencia, los controles y la responsabilidad de los funcionarios en el manejo de recursos estatales.