ESCÁNDALO EN CATAMARCA. Jalil habilitó pagos de $1773 millones a clínicas vinculadas a su entorno

El Ministerio de Salud de Catamarca firmó 435 resoluciones que ordenaron pagar $1.773,7 millones a cuatro instituciones vinculadas a la familia del gobernador Raúl Jalil, entre enero y el 23 de octubre de 2026. El dato surge de un relevamiento de los 85 boletines oficiales y sus anexos publicados durante el año, en los que constan los montos, las fechas y los números de las disposiciones administrativas.

Las transferencias beneficiaron al Sanatorio Pasteur S.A., Sanatorio Junín S.A., Instituto Médico Privado S.A. y la Fundación Dr. José Guido Jalil. La mayor parte del dinero, $1.350,2 millones, correspondió a prestaciones destinadas a pacientes sin cobertura social. Otros $396,4 millones se utilizaron para cubrir servicios vinculados al programa nacional Incluir Salud con fondos provinciales, mientras que seis resoluciones, por $27,1 millones, no especificaron la cobertura de los pacientes o correspondieron a otros conceptos.

Los registros exponen una cuestión central para la administración de Jalil: el Estado provincial autorizó pagos millonarios a instituciones relacionadas con el grupo empresario de su familia, del que el propio gobernador reconoció formar parte en su declaración jurada patrimonial.

Sanatorio Pasteur: la empresa de la familia Jalil que recibió más fondos

El Sanatorio Pasteur concentró la mayor parte de las transferencias. Según el relevamiento, recibió pagos por $1.238,8 millones mediante 311 resoluciones. En segundo lugar quedó la Fundación Dr. José Guido Jalil, con $456,4 millones distribuidos en 81 disposiciones. El Sanatorio Junín acumuló $76,2 millones en 37 resoluciones, mientras que el Instituto Médico Privado registró un pago de $2,29 millones.

El origen del grupo empresario se remonta a 1959, cuando el médico José Guido Jalil, conocido como "Tío Guido", fundó el Sanatorio Pasteur junto con otros catorce socios. Tras su muerte, en diciembre de 2010, la dirección quedó en manos de su hijo Raúl, quien amplió los negocios familiares con la incorporación de la Clínica San Javier y la creación de la fundación que lleva el nombre de su padre.

En su declaración jurada correspondiente a 2019, cuando asumió la gobernación, Raúl Jalil reconoció una participación del 12,5% en cinco empresas del sector sanitario: Sanatorio Pasteur, Sanatorio Junín, Instituto Médico Privado, Red Colón -una cadena de farmacias- y Droguería Mitre. Esas participaciones constituyen un antecedente relevante para examinar los pagos que la administración provincial autorizó a instituciones vinculadas con su entorno familiar.

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Cómo se autorizaron los pagos millonarios del Ministerio de Salud

Las resoluciones muestran un mecanismo administrativo reiterado: el Ministerio de Salud reconoce una deuda contraída por prestaciones médicas o aprueba subsidios "ad referéndum del Poder Ejecutivo Provincial" y ordena a la Tesorería realizar el pago directo al prestador, con cargo al Tesoro provincial.

Entre los conceptos aparecen tratamientos de alta complejidad, como radioterapia, artroscopias, centellogramas óseos y cirugías cardiovasculares. Los montos individuales más elevados rondaron los $20 millones y los $30 millones por resolución.

Agosto fue el mes con mayor volumen de pagos, con $688,4 millones. Le siguieron abril, con $282 millones, y septiembre, con $257 millones. En los tres períodos se registraron tandas de reconocimientos de deudas acumuladas durante 2025.

La concentración de los pagos en instituciones relacionadas con la familia del gobernador plantea interrogantes sobre los mecanismos de control, la transparencia de las contrataciones y la administración de los recursos públicos. Los documentos permiten identificar a los destinatarios y los montos autorizados, aunque por sí solos no acreditan la existencia de irregularidades en cada prestación.

Más de $1.350 millones fueron destinados a prestaciones para pacientes sin cobertura social y otros $396,4 millones financiaron servicios de Incluir Salud con fondos provinciales. Los pagos beneficiaron a instituciones vinculadas con la familia Jalil.

Incluir Salud: $396 millones financiados con recursos provinciales

Uno de los puntos más sensibles del relevamiento aparece en las 81 resoluciones que identifican a los pacientes como beneficiarios del Programa Federal Incluir Salud, destinado a personas que reúnen determinadas condiciones de acceso, entre ellas titulares de pensiones no contributivas.

Esas disposiciones sumaron $396,4 millones. En varios casos, los documentos indican que las prestaciones debían pagarse con cargo a la fuente de financiamiento 1.1, correspondiente a fondos provinciales. Otros autorizan expresamente el cambio de la fuente nacional 1.4 hacia recursos de la provincia.

De esta manera, el Tesoro de Catamarca terminó afrontando gastos por prestaciones vinculadas con un programa nacional. El dato adquiere relevancia porque los pagos fueron dirigidos a instituciones sanitarias relacionadas con la familia del mandatario provincial.

Por otra parte, las 345 resoluciones restantes del grupo principal, por $1.350,2 millones, consignaron que los pacientes atendidos no tenían cobertura social. El relevamiento también identificó seis disposiciones por $27,1 millones sin información precisa sobre la cobertura o relacionadas con otros conceptos.

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La denuncia por OSEP y los antecedentes que comprometen a la gestión Jalil

Los pagos detectados se suman a los cuestionamientos previos sobre los vínculos entre el sistema de salud pública de Catamarca y los negocios privados de la familia gobernante.

En junio de 2025, el diputado radical Tiago Puente presentó una denuncia penal por presuntas irregularidades en la Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP). El caso señalado fue el de una adolescente de 17 años que necesitaba una cirugía ortognática: según la denuncia, la obra social rechazó una derivación a un centro de Tucumán que cotizaba la intervención en $13 millones y terminó derivando a la familia al Sanatorio Pasteur, donde el procedimiento costó $30 millones.

Entre los denunciados figuraron el entonces director de OSEP, Leopoldo Marchetti; Silvia Jalil, representante del Sanatorio Pasteur ante la obra social; y el entonces gerente general, Horacio Campazzo, quien había trabajado previamente en el establecimiento privado.

Los cuestionamientos políticos a Jalil también alcanzaron otras áreas. En 2019, la entonces diputada Paola Bazán y la concejala Silvia Fedelli lo acusaron de peculado y malversación de fondos públicos por el uso de recursos municipales en zonas donde el Grupo Jalil tenía desarrollos comerciales. En septiembre de 2026, los legisladores radicales Alfredo Marchioli, Alicia Paz y María Alejandra Pons denunciaron al gobernador por una obra de costanera de más de 46 hectáreas, que, según sostuvieron, encarecería terrenos pertenecientes a su familia.

Además, el expediente «Conducta 366» de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia involucra a la Federación de Clínicas y Sanatorios de Catamarca, al Sanatorio Pasteur y a la Fundación Guido Jalil.

Los fondos públicos y los negocios privados, bajo la lupa

El relevamiento de 435 resoluciones y $1.773,7 millones permite dimensionar el volumen de recursos públicos que recibió el entramado sanitario vinculado con la familia del gobernador. La información también expone la necesidad de examinar cómo se reconocen las deudas, qué controles se aplican sobre los pagos y por qué se reasignan recursos provinciales para prestaciones asociadas a un programa nacional.

En una provincia donde el grupo familiar de Jalil tiene presencia en clínicas, sanatorios y empresas vinculadas con el sector farmacéutico, la transparencia en el uso del presupuesto sanitario constituye un asunto central de la gestión pública. La documentación oficial aporta cifras concretas para ese debate, mientras que las denuncias previas deberán evaluarse en sus respectivos ámbitos judiciales y administrativos.

El punto político es ineludible: la administración de Raúl Jalil autorizó cientos de pagos millonarios a instituciones relacionadas con su familia, una situación que exige explicaciones claras sobre los procedimientos, los criterios de financiamiento y los controles aplicados al dinero de los contribuyentes catamarqueños.