30 de octubre de 2026
La situación financiera de la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF) sumó nuevas observaciones institucionales. El Tribunal de Cuentas de Tierra del Fuego puso bajo la lupa una serie de convenios de refinanciación de deudas firmados con distintos organismos públicos, entre ellos el gobierno provincial que encabeza Gustavo Melella, por montos que superan los $14.900 millones solamente en tres acuerdos.
El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, frente a los cuestionamientos por la deuda provincial de más de $11.140 millones con OSEF.
Las advertencias quedaron plasmadas en el informe contable INF-TCP-SC-159-2026, fechado el 12 de mayo de 2026, que examinó la cuenta de inversión 2025 de la obra social y las actuaciones administrativas vinculadas con su situación financiera. El documento, elaborado por el auditor fiscal Fernando Abecasis, señaló que no se habían remitido las resoluciones del directorio de OSEF que ratificaran los convenios celebrados.
La principal deuda corresponde al Estado provincial. El 31 de marzo, la administración de Melella suscribió el convenio 13/2026, mediante el cual reconoció una obligación de $11.140.944.227,32 con la obra social. El acuerdo estableció su cancelación en 36 cuotas mensuales y consecutivas de $419.735.823,95.
La operación fue firmada por la presidencia de OSEF y el Ministerio de Economía provincial, a cargo de Alejandro Barrozo. Sin embargo, el Tribunal de Cuentas advirtió que no contaba con la documentación que acreditara la ratificación de ese acuerdo por parte del directorio de la institución.
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El convenio con el gobierno fueguino no fue el único acuerdo de refinanciación examinado. La Municipalidad de Río Grande, conducida por Martín Pérez, firmó el 10 de marzo el convenio 10/2026 por una deuda de $3.561.642.770,83, que también debía cancelarse en 36 cuotas mensuales.
Por su parte, el Concejo Deliberante de Tolhuin suscribió el convenio 09/2026, fechado el 4 de marzo, por $228.646.569,10, con un cronograma de pago de 18 cuotas.
En conjunto, los tres acuerdos representan más de $14.900 millones. La observación del organismo de control fue concreta: no había recibido las resoluciones del directorio de OSEF que ratificaran los convenios.
La situación adquirió otra dimensión el 9 de abril, cuando un vocal del directorio presentó una denuncia ante el Tribunal de Cuentas por presuntas irregularidades en la tramitación y suscripción de los acuerdos de regularización de deudas con organismos estatales.
La presentación originó el expediente TCP-EE-96-2026. En su informe de mayo, el Tribunal aclaró que las actuaciones todavía se encontraban en trámite y que no correspondía emitir una opinión sobre los hechos denunciados ni sobre sus eventuales consecuencias patrimoniales.
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Las observaciones no se limitaron a las refinanciaciones. El auditor identificó certificados de deuda emitidos en febrero de 2026 contra distintos organismos, entre ellos el gobierno provincial, Río Grande, Tolhuin y la Dirección Provincial de Vialidad.
Sin embargo, la documentación examinada no acreditaba que esos certificados hubieran sido presentados ante la Justicia para avanzar con su cobro.
El señalamiento coincide con los cuestionamientos que había formulado la Fiscalía de Estado fueguina. En el dictamen 03/2026, fechado el 12 de febrero, el fiscal Virgilio Martínez de Sucre advirtió que OSEF contaba con títulos ejecutivos para reclamar deudas a distintos municipios, pero no había acreditado oportunamente el inicio de las acciones judiciales correspondientes.
Aquella investigación se había originado en denuncias de afiliados por problemas de cobertura y presentaciones relacionadas con la falta de transferencia de aportes y contribuciones. Finalmente, la Fiscalía dispuso una denuncia penal por posibles incumplimientos de deberes funcionales, administración fraudulenta y otras figuras cuya investigación corresponde al Ministerio Público Fiscal.
La obra social fueguina enfrenta observaciones del Tribunal de Cuentas por convenios de refinanciación que superan los $14.900 millones.
Otro capítulo de la auditoría corresponde a Tolhuin. El informe consignó que, al 31 de marzo, el Ejecutivo municipal todavía no había firmado un convenio de regularización con OSEF, pese a registrar una deuda certificada de $202.777.105,94 por contribuciones correspondientes a determinados períodos de 2025.
Meses después, las negociaciones avanzaron hacia una alternativa diferente: cancelar obligaciones mediante la construcción y entrega de un inmueble destinado a funcionar como sede administrativa y farmacia de la obra social.
La propuesta, ampliada en octubre, contempla un edificio de dos plantas con oficinas y espacios de atención, que sería entregado bajo la modalidad llave en mano.
El informe también recuperó observaciones de auditorías anteriores sobre las contrataciones de medicamentos con Suizo Argentina SA. Según el Tribunal, en distintas adquisiciones realizadas mediante licitaciones públicas, la empresa no encabezaba el orden de mérito como oferente más económica.
Además, durante los controles sobre la certificación de deudas a proveedores, se detectaron diferencias entre los importes informados por OSEF y los verificados por los auditores.
Entre las inconsistencias aparecieron facturas duplicadas, notas de crédito que no habían sido descontadas, órdenes de compra incorporadas como obligaciones y pagos anteriores que no fueron considerados. Según el organismo de control, esas situaciones determinaron que el endeudamiento real a una fecha determinada fuera inferior al inicialmente comunicado por la obra social.
Las observaciones del Tribunal de Cuentas exponen una situación financiera compleja para OSEF, que debe afrontar obligaciones con prestadores y garantizar las prestaciones médicas de sus afiliados mientras mantiene acreencias millonarias contra organismos del propio Estado.
En ese escenario, la deuda reconocida por el gobierno de Gustavo Melella, superior a los $11.140 millones, ocupa un lugar central. La refinanciación a tres años posterga el ingreso de esos recursos y se suma a los cuestionamientos por la falta de documentación respaldatoria de los acuerdos y la ausencia de constancias sobre acciones judiciales para recuperar otras acreencias.
El informe no establece responsabilidades penales ni determina irregularidades definitivas en la firma de los convenios. Sin embargo, deja documentadas las observaciones administrativas y contables que deberá atender la conducción de OSEF.
El interrogante es cómo podrá recomponer sus finanzas una obra social que necesita recursos para sostener sus prestaciones mientras el propio Estado provincial, encabezado por Melella, mantiene una deuda superior a los $11.000 millones que acordó pagar en 36 cuotas.
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