País. El Senado dió media sanción a la reforma de la Ley de Salud Mental

El Senado de la Nación aprobó la reforma de la Ley de Salud Mental con 42 votos a favor, 21 en contra y ninguna abstención, y le otorgó media sanción al proyecto que introduce modificaciones en los criterios de internación, la atención de los consumos problemáticos y la organización de los servicios de salud mental en Argentina. La iniciativa ahora será girada a la Cámara de Diputados, donde continuará su tratamiento legislativo.

La propuesta llegó al recinto con un dictamen de mayoría firmado por representantes del PRO, la UCR, el Movimiento Misionero y el senador Carlos Espínola, de Provincias Unidas. Sin embargo, algunos de los legisladores que acompañaron el dictamen dejaron asentadas sus disidencias al considerar que el texto no garantiza las partidas presupuestarias necesarias para implementar las modificaciones.

La votación se produjo al cierre de una extensa sesión que había comenzado el jueves a las 14. Durante el debate también se aprobaron el Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes (RIIR) y un marco normativo para el mercado del carbono. Además, se trató la invitación al papa León XIV para que se dirija al Congreso y la citación del jefe de Gabinete, Diego Santilli, para presentar su informe de gestión.

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Qué cambia en las internaciones involuntarias con la reforma de la Ley de Salud Mental

Uno de los principales cambios del proyecto está relacionado con los criterios para disponer una internación involuntaria. El texto reemplaza el requisito de "riesgo cierto e inminente para sí o para terceros" por el de "riesgo grave de daño para la vida o la integridad física de la persona o de terceros".

Además, establece que la evaluación deberá contemplar no solamente el estado de la persona al momento de la consulta, sino también sus antecedentes de hechos o ideas de daño y las posibles consecuencias de no realizar el tratamiento.

En cuanto a las internaciones voluntarias, la reforma dispone que deberán ser comunicadas a la Justicia. Los jueces podrán solicitar informes y peritajes e incluso dejar sin efecto esas internaciones. También establece que aquellas que superen los 180 días, de manera continua o acumulada dentro de un período de dos años, serán consideradas prolongadas.

El Senado aprobó la reforma de la Ley de Salud Mental con 42 votos afirmativos y 21 negativos. El proyecto ahora deberá ser tratado en la Cámara de Diputados.

Los profesionales habilitados para firmar una internación y el rol de los psicólogos

Otro de los puntos que generó mayor discusión durante el tratamiento fue la definición de los profesionales habilitados para firmar una internación.

La última versión del proyecto establece que la indicación deberá contar con la firma de un médico, preferentemente psiquiatra, o de un profesional con formación en salud mental. También incorpora una segunda firma, destinada a contemplar la intervención de los psicólogos en los procesos de evaluación y alta.

La iniciativa, además, mantiene la prohibición de los manicomios y contempla los tratamientos ambulatorios y comunitarios como parte de las modalidades de atención.

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Ludopatía, teleconsultas y directivas anticipadas: otros cambios de la iniciativa

Entre las modificaciones incorporadas, la reforma incluye a la ludopatía dentro de las adicciones y habilita las teleconsultas con profesionales de psiquiatría.

También incorpora el derecho de las personas a establecer directivas anticipadas sobre su salud mental. A través de este mecanismo podrán expresar previamente si aceptan o rechazan determinados tratamientos y designar a personas para que manifiesten su consentimiento cuando no estén en condiciones de hacerlo por sí mismas.

Estas directivas deberán ser aceptadas por el equipo interdisciplinario, excepto cuando impliquen un riesgo grave de daño para la vida o la integridad física de la propia persona o de terceros.

Con la media sanción del Senado, la reforma de la Ley de Salud Mental ingresa ahora en una nueva etapa legislativa. Su tratamiento en Diputados será determinante para definir si las modificaciones sobre internaciones, criterios de intervención profesional y modalidades de atención se convierten en ley.