2 de noviembre de 2026
Legisladores de la Unión Cívica Radical denunciaron penalmente al gobernador de Catamarca por presuntas irregularidades en la ejecución de obras en la Costanera del Río del Valle. Sostienen que los trabajos, financiados con fondos públicos, beneficiarían a terrenos vinculados con la familia del mandatario. La presentación incluye acusaciones por malversación de caudales públicos y negociaciones incompatibles con la función pública.
El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, quedó en el centro de una denuncia penal presentada por legisladores provinciales de la Unión Cívica Radical (UCR), quienes lo acusan de impulsar obras públicas que habrían beneficiado económicamente a terrenos vinculados con su familia. La presentación apunta a una serie de trabajos en la Costanera del Río del Valle, en San Fernando, y advierte sobre una inversión que, según los denunciantes, supera los 61 mil millones de pesos.
La denuncia fue presentada por Alfredo Marchioli, Alicia Paz y María Alejandra Pons y contempla presuntos delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, violación de los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos.
El cuestionamiento central apunta a que las intervenciones estatales se estarían realizando en una zona lindera a terrenos que, según los legisladores, pertenecen a integrantes de la familia Jalil. Se trata de un desarrollo que comprende más de 46 hectáreas y 360 lotes, ubicado en un sector alejado del centro urbano de San Fernando.
"Con la plata del pueblo, Jalil engorda el valor de sus propiedades", sostuvieron desde el espacio denunciante, al cuestionar el destino de los recursos públicos utilizados para desarrollar la infraestructura de la zona.
Entre los trabajos señalados se encuentra la intervención sobre la Costanera del Río del Valle, que contempla la construcción de un muro de hormigón, la traza de una avenida, veredas y rotondas, entre otras tareas. De acuerdo con la información difundida por Canal 9, también está proyectada la construcción de un puente, que todavía no se habría ejecutado.
La denuncia incluye, además, un tendido eléctrico destinado a abastecer de energía a la zona y la construcción de un acueducto. Sobre esta última intervención, los legisladores cuestionaron que se habría realizado sin los estudios de factibilidad necesarios.
Los trabajos y proyectos mencionados forman parte de un conjunto de obras cuyo monto total, según la información difundida, supera los 61 mil millones de pesos. La magnitud de la inversión y la ubicación de las intervenciones constituyen algunos de los principales ejes del cuestionamiento opositor.

La denuncia de legisladores radicales apunta a las obras de la Costanera del Río del Valle y al supuesto beneficio económico para propiedades vinculadas con la familia Jalil.
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Otro de los puntos señalados en la denuncia está relacionado con Huasi Construcciones, una de las empresas encargadas de ejecutar los trabajos. La firma pertenece a Aldo Hugo Salgado, quien estuvo casado en primeras nupcias con Silvia Jalil, hermana del gobernador de Catamarca.
Ese vínculo familiar quedó incorporado al cuestionamiento sobre las contrataciones y la ejecución de las obras públicas en el sector. Los legisladores radicales buscan que se investiguen las decisiones administrativas y el destino de los fondos utilizados en las intervenciones.
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Alfredo Marchioli también puso el foco en la situación social de los barrios ubicados frente a la zona donde se desarrollan las obras. En particular, mencionó a Santa Lucía Sur y Gauchito Gil, a los que contrapuso con el desarrollo de infraestructura señalado en la denuncia.
"Lo más inmoral es que al frente, del otro lado de Río Valle, se encuentran los barrios Santa Lucía Sur y Gauchito Gil, donde está la pobreza, la indigencia y el abandono por parte del Estado", advirtió el dirigente radical.
La denuncia contra Raúl Jalil pone bajo cuestionamiento el uso de recursos públicos en Catamarca y la posible existencia de beneficios particulares derivados de decisiones de gobierno. El eje de la presentación está puesto en determinar si las obras ejecutadas y proyectadas en la Costanera del Río del Valle favorecieron terrenos vinculados con el entorno familiar del mandatario y si existieron irregularidades en las contrataciones y en el manejo de los fondos estatales.
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