Poder. Escándalo: el negociado multimillonario de las fotocopiadoras que salpica a ANSES, ARCA y Capital Humano

La diputada nacional Marcela Pagano presentó ocho pedidos de informes ante distintos organismos del Estado para investigar los contratos millonarios por el alquiler de fotocopiadoras a TNGROUP SA, empresa perteneciente a Alejandro Trasmonte, un ciudadano brasileño que presta servicios a diferentes dependencias públicas. Según los datos de una investigación periodística difundida por Canal 9 y C5N, el Estado habría pagado a la firma $29.750 millones desde 2017, una cifra que, actualizada a valores de agosto de 2026, ascendería a $110.900 millones.

El dato que concentra la atención es el costo de los equipos: el alquiler anual de cada fotocopiadora rondaría los $2,4 millones, mientras que su adquisición tendría un valor aproximado de $1,4 millones. La diferencia entre ambas modalidades de contratación quedó en el centro de los cuestionamientos sobre el gasto público y los mecanismos de adjudicación utilizados por distintas áreas del Gobierno.

TNGROUP y los contratos millonarios con el Estado argentino

De acuerdo con la investigación periodística, Trasmonte mantiene vínculos comerciales con los gobiernos argentinos desde la presidencia de Néstor Kirchner. En aquel momento, según la información difundida, tenía contratos de menor escala, pero su participación en las contrataciones estatales habría crecido de manera exponencial durante las administraciones de Mauricio Macri y Alberto Fernández.

Sin embargo, uno de los datos más significativos corresponde a 2025, durante el gobierno de Javier Milei. Según el relevamiento, TNGROUP habría cobrado $21.412 millones por sus servicios a diferentes dependencias públicas, en su mayor parte mediante un Acuerdo Marco habilitado durante la actual gestión.

La investigación también puso el foco en la cantidad de equipos contratados. Según fuentes vinculadas al relevamiento, el proveedor alquilaría alrededor de 30.000 fotocopiadoras para una administración pública nacional que cuenta con aproximadamente 180.000 empleados. La proporción equivale a un equipo cada seis trabajadores.

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Los ocho pedidos de informes de Marcela Pagano

Los requerimientos presentados por Pagano alcanzan a ocho organismos y dependencias estatales: ANSES, ARCA, Ministerio de Capital Humano, Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), INCUCAI, Oficina de Contrataciones de la Jefatura de Gabinete, Auditoría General de la Nación (AGN) y Sindicatura General de la Nación (SIGEN).

La diputada solicitó documentación completa sobre los procedimientos de contratación, incluyendo expedientes, pliegos, ofertas, actas de apertura, evaluaciones, dictámenes, impugnaciones, adjudicaciones, contratos y órdenes de compra.

También reclamó información detallada sobre la cantidad de equipos alquilados, sus ubicaciones, precios unitarios, plazos y especificaciones técnicas. A eso se suman los registros de instalación, inventarios, números de serie, reemplazos, bajas y retiros de las máquinas.

Marcela Pagano presentó ocho pedidos de informes para investigar los contratos de alquiler de fotocopiadoras entre TNGROUP SA y distintos organismos del Estado.

Otro de los puntos centrales de los pedidos apunta a conocer cómo se controlaron efectivamente los servicios. Para eso, solicitó certificados de prestación, conformidades, reportes de funcionamiento, contadores de impresión, informes de mantenimiento, reclamos e incidentes.

Finalmente, exigió facturas, notas de crédito, liquidaciones y comprobantes de pago, discriminados por período y concepto.

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El costo del alquiler frente al precio de compra de las fotocopiadoras

Uno de los ejemplos expuestos por el periodista Tomás Méndez en Canal 9 permite dimensionar los montos involucrados. Según detalló, Trasmonte alquila 17 equipos durante un período de 12 meses por un total de $41,8 millones.

Al dividir ese monto por la cantidad de máquinas, el costo anual de alquiler por unidad ronda los $2,4 millones. Sin embargo, comprar una fotocopiadora tendría un valor aproximado de $1,4 millones.

La comparación instala interrogantes sobre la conveniencia económica de sostener contratos de alquiler durante períodos prolongados, en lugar de adquirir los equipos. La diferencia cobra mayor relevancia frente al volumen de contrataciones atribuido a la empresa y los recursos públicos comprometidos.

Además, los cuestionamientos aparecen en un contexto en el que distintas dependencias estatales avanzan con procesos de despapelización y digitalización administrativa, mientras persisten contratos de alquiler de equipamiento de impresión por cifras millonarias.

Los vínculos políticos y la adjudicación desde el Ejército

La investigación también menciona una presunta relación de amistad cercana entre Alejandro Trasmonte y el diputado nacional Luis Petri. Durante su gestión como ministro de Defensa, Petri habría sido responsable de una adjudicación de $374,6 millones a TNGROUP desde el Ejército.

Por el momento, los ocho pedidos de informes de Marcela Pagano apuntan a reconstruir el alcance de las contrataciones, conocer las condiciones en las que fueron adjudicadas y determinar los montos efectivamente pagados por cada dependencia.

La magnitud de los recursos involucrados, la cantidad de equipos alquilados y la diferencia entre el costo de arrendamiento y el valor de compra constituyen los principales ejes de una investigación que pone bajo la lupa las contrataciones públicas durante distintas administraciones y, particularmente, el volumen de negocios que la firma habría alcanzado durante el gobierno de Javier Milei.