País. Melella acumula una deuda de 11 mil millones de pesos con OSEF y pone contra las cuerdas el funcionamiento de la obra social

La crisis financiera de la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF) tiene como uno de sus principales focos la deuda de 11 mil millones de pesos que mantiene el Gobierno de Tierra del Fuego, encabezado por Gustavo Melella. Los fondos corresponden a contribuciones vencidas de junio, julio y agosto de 2026 y forman parte de un pasivo total que supera los $12.000 millones, según una planilla publicada por El Diario Industrial.

La falta de regularización de esos recursos profundiza las dificultades financieras de la obra social y pone en riesgo la continuidad de las prestaciones médicas y la cobertura de medicamentos para trabajadores estatales y jubilados. En ese escenario, las críticas apuntan también a la gestión provincial por mantener obligaciones pendientes con el organismo que debe garantizar la atención sanitaria de sus propios trabajadores.

La deuda de Gustavo Melella con OSEF y los $11 mil millones pendientes

De acuerdo con el relevamiento difundido, la OSEF tiene poco más de $12.000 millones pendientes de cobro. De ese total, $11.000 millones corresponden al Gobierno provincial, mientras que otros organismos también mantienen obligaciones vencidas: la Municipalidad de Tolhuin adeuda $410 millones, Vialidad Provincial $406 millones y el Concejo Deliberante de Tolhuin $166 millones.

El cuadro expone la dimensión de la deuda que la administración de Melella mantiene con la obra social fueguina. La situación genera cuestionamientos porque los recursos pendientes de ingreso son fundamentales para sostener el funcionamiento del sistema de prestaciones y afrontar los compromisos con los prestadores.

La controversia también alcanza a las autoridades de OSEF. La directora de activos, Adriana Soria, y el vocal de los jubilados, Horacio Gallegos, habían acompañado en septiembre una resolución que declaró la urgencia para recuperar los fondos adeudados y dispuso avanzar con intimaciones y acciones judiciales contra el Ejecutivo provincial.

La resolución establecía un plazo de cinco días hábiles para que el Ejecutivo cancelara los saldos o presentara un plan de regularización. Si no cumplía con ninguna de esas alternativas, el área jurídica de la obra social debía iniciar acciones judiciales dentro de los diez días hábiles siguientes.

Sin embargo, pese a que los plazos vencieron y los fondos no fueron regularizados, no se conocieron avances concretos sobre la ejecución de esas medidas. Soria había presentado el 10 de septiembre una nota formal para reclamar la intimación al Ejecutivo, mientras que Gallegos había impulsado mecanismos administrativos y judiciales para recuperar los recursos.

El cambio de postura y la falta de información sobre las gestiones realizadas colocan a ambos representantes bajo cuestionamiento, especialmente por la responsabilidad que tienen frente a los trabajadores activos y jubilados que representan. Los afiliados reclaman conocer cuánto dinero ingresó efectivamente a las arcas de OSEF y qué ocurrió con las acciones de cobro que habían sido aprobadas.

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La crisis de OSEF expone los fondos pendientes de cobro al Gobierno provincial y los cuestionamientos por la falta de avances en las intimaciones.

La Ley 1627 y las herramientas para reclamarle la deuda al Gobierno de Melella

Uno de los interrogantes centrales es si las autoridades de OSEF utilizaron todos los mecanismos legales disponibles para recuperar los fondos. En particular, la Ley Provincial 1627 establece un sistema de retención obligatoria a través del Banco de Tierra del Fuego para las obligaciones vencidas correspondientes a la obra social y la caja previsional policial.

El mecanismo contempla que el Banco actúe como agente de retención sobre los fondos provinciales alcanzados por la normativa y transfiera los importes correspondientes. Por eso, una de las preguntas que todavía esperan respuesta es si OSEF notificó formalmente al Banco sobre las deudas del Ejecutivo y si consiguió recuperar parte de los recursos mediante ese procedimiento.

La falta de información sobre estas actuaciones profundiza los cuestionamientos a la conducción de la obra social y al Gobierno de Melella. Mientras la administración provincial mantiene una deuda millonaria, los afiliados necesitan saber por qué los mecanismos de cobro no se tradujeron, hasta el momento, en una solución financiera.

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Prestadores de OSEF reclaman pagos y advierten sobre el riesgo de perder tratamientos

Las consecuencias de la crisis financiera ya generan preocupación entre los prestadores y beneficiarios. Los trabajadores estatales y jubilados temen que la falta de recursos termine afectando la cobertura médica, la entrega de medicamentos y la continuidad de tratamientos que no pueden interrumpirse.

Uno de los casos es el de Reencontrándonos, cuyo reclamo expone el impacto que tienen las deudas sobre las instituciones que brindan servicios a los afiliados. Su presidenta reclamó el pago de 417 millones de pesos correspondientes a 35 tratamientos que permanecen sin cobrar y advirtió que la situación económica impide contar con el personal necesario para acompañar a los pacientes.

El problema no se limita a una discusión contable entre el Gobierno provincial y la obra social. Detrás de los millones que no ingresan hay prestaciones médicas, tratamientos y medicamentos cuya continuidad depende de que OSEF pueda cumplir con sus obligaciones.

La deuda de la administración de Gustavo Melella, que concentra la mayor parte de los fondos pendientes de cobro, deja expuesta una situación que requiere respuestas tanto del Ejecutivo como de las autoridades del organismo. A las obligaciones impagas se suma la falta de precisiones sobre las intimaciones y los mecanismos legales que debían activarse para recuperar el dinero.

El interrogante central es cuánto más podrá sostenerse la atención de los afiliados mientras los recursos que corresponden a OSEF continúan sin ingresar. La posibilidad de restricciones en las prestaciones y de interrupciones de tratamientos convierte la deuda en un problema que trasciende las cuentas públicas y afecta directamente a trabajadores estatales y jubilados de Tierra del Fuego.