4 de noviembre de 2026
Más de 360 millones de dólares, once años de distribución cuestionada y ningún expediente, contrato ni factura conocido. La ONG Fiscalía Ciudadana llevó a la Suprema Corte de Mendoza una denuncia que pone bajo la lupa el manejo de la pauta oficial de Alfredo Cornejo.
Fiscalía Ciudadana denunció falta de transparencia en el reparto de más de 360 millones de dólares durante los últimos once años.
La Suprema Corte de Justicia de Mendoza investiga la transparencia de la pauta publicitaria oficial durante los gobiernos radicales. La ONG Fiscalía Ciudadana denunció que hace once años se distribuyen fondos millonarios sin que se conozcan contratos, facturas ni expedientes, y apuntó contra la discrecionalidad del gobierno de Alfredo Cornejo.
La distribución de la pauta publicitaria oficial en Mendoza quedó bajo la lupa de la Suprema Corte de Justicia provincial, que investiga la transparencia en el manejo de los fondos destinados a publicidad por el gobierno del radical Alfredo Cornejo, aliado de la administración nacional. La causa se inició a partir de una presentación de la ONG Fiscalía Ciudadana, que denuncia irregularidades en la asignación de recursos públicos y cuestiona la falta de acceso a la información sobre el destino de esas partidas.
El vicepresidente de la organización, Marcos Neirotti, cuestionó la falta de transparencia del Ejecutivo provincial y aseguró que los pedidos de información fueron rechazados de manera sistemática. "Nos vienen negando sistemáticamente el acceso a la información pública", sostuvo en declaraciones a Radio Comunitaria Cuyum 89.3.
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Según explicó, la decisión de acudir al máximo tribunal provincial responde a una situación que, de acuerdo con la denuncia, se mantiene desde hace más de una década. "Hace once años en que vienen entregando más de 360 millones de dólares a discreción, a quien han querido, sin cumplir con la ley, y no se conoce un solo expediente, ni contratos ni facturas de esto", afirmó.
Uno de los principales cuestionamientos de Fiscalía Ciudadana apunta a la concentración de los recursos destinados a publicidad estatal. Según los datos aportados por la organización, existen alrededor de 1.000 proveedores del Estado, pero el 80% del dinero destinado a pauta oficial termina en manos de apenas una veintena de empresas o personas.
La gestión de Alfredo Cornejo quedó bajo la lupa judicial por la distribución de la pauta publicitaria oficial en Mendoza.
La distribución de esos fondos y la falta de documentación respaldatoria constituyen dos de los ejes centrales de la investigación. Desde la ONG sostienen que el esquema de asignación de publicidad debe ser revisado y plantean una interpretación particularmente crítica sobre su finalidad: consideran que los recursos públicos se utilizan para "silenciar al periodismo".
En ese marco, la presentación judicial también incorporó cinco contratos cuestionados y solicitó que sean convocadas las actuales autoridades del área de Comunicación del gobierno de Alfredo Cornejo, con el objetivo de que se conozca cómo se administran y distribuyen las partidas publicitarias.
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Otro de los puntos centrales de la denuncia está relacionado con el presunto incumplimiento de la ley provincial 6496, sancionada en 1997, que establece obligaciones de transparencia para la administración de la pauta oficial.
Según recordó Neirotti, la normativa determina que el Poder Ejecutivo debe enviar informes bimestrales a las cámaras de Diputados y Senadores de Mendoza. Esos documentos deben detallar cuánto dinero se invirtió en publicidad oficial y cuáles fueron las contraprestaciones correspondientes.
La ONG considera que esas obligaciones no se habrían cumplido y cuestiona que, pese al volumen de recursos públicos involucrados, no exista información accesible sobre los expedientes, contratos y facturas que permitan reconstruir el destino de los fondos.
En el marco de la investigación, la Suprema Corte mendocina citó a dos exlegisladores provinciales: Luis Petri y Tadeo García Salazar. Aunque actualmente se encuentran enfrentados políticamente, ambos compartieron espacio legislativo y en su momento presentaron iniciativas destinadas a regular la distribución de la pauta publicitaria oficial.
La convocatoria apunta a recuperar antecedentes legislativos vinculados con los intentos de establecer reglas para la asignación de esos recursos y avanzar en el análisis de los mecanismos de control sobre el gasto publicitario del Estado.
La investigación pone bajo escrutinio uno de los instrumentos de comunicación más importantes de cualquier administración provincial: la distribución de publicidad estatal. En el caso de Mendoza, las denuncias de Fiscalía Ciudadana apuntan directamente a la gestión de Alfredo Cornejo y plantean interrogantes sobre la concentración de los fondos, la ausencia de documentación pública y el cumplimiento de las obligaciones legales de rendición de cuentas. El eje del planteo es determinar si la pauta oficial funciona bajo criterios transparentes o si su distribución queda sujeta a decisiones discrecionales del poder político.
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