4 de noviembre de 2026
El funcionario anunció su salida ante el Congreso de los Diputados, luego de comparecer durante cuatro horas para dar explicaciones por las tragedias ferroviarias. La decisión se produjo después de dos accidentes mortales en menos de un año, mientras el Gobierno de Pedro Sánchez anunció nuevas medidas de seguridad e indemnizaciones para las víctimas.
El ministro de Transporte de España, Óscar Puente, anunció su renuncia al cargo tras dos accidentes ferroviarios ocurridos en menos de un año, que dejaron un saldo de 120 muertos. El funcionario comunicó su decisión ante el Congreso de los Diputados, donde compareció durante cuatro horas para explicar las circunstancias de la última tragedia y las medidas adoptadas por el Gobierno español para evitar nuevos siniestros.
"Un ministro de Transportes de un país como España no puede continuar en su cargo tras dos accidentes en menos de un año, por cuestión de dignidad", sostuvo Puente al finalizar su exposición. Sin embargo, no precisó cuándo se hará efectiva su salida del Ejecutivo.
El funcionario explicó que había tomado la decisión después del último accidente, ocurrido el 28 de octubre, aunque resolvió permanecer al frente del ministerio para atender las consecuencias del choque y avanzar en la implementación de medidas de seguridad.
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La renuncia se produjo luego de los reclamos del principal partido opositor, el Partido Popular (PP), y de otras fuerzas progresistas ubicadas a la izquierda del oficialista Partido Socialista Obrero Español (PSOE), que también habían exigido su salida.
Tras conocerse el anuncio, el presidente de Vox, Santiago Abascal, apuntó directamente contra el jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, y reclamó que también abandone su cargo. "Sánchez siempre se esconde detrás de sus esbirros. Pero la responsabilidad es suya. Es el capo de la mafia. Es el cerebro de la organización criminal que nos gobierna", escribió en su cuenta de X.
Además, agregó: "Sánchez es quien debe dimitir para ponerse a disposición judicial".
El último siniestro ocurrió cuando un tren de Renfe recibió autorización para reanudar la marcha mientras otra formación de Iryo permanecía detenida sobre la misma vía. El choque se produjo cerca de Urda, en la provincia de Toledo, y provocó 74 muertes.
De acuerdo con la reconstrucción preliminar, una falla en el sistema de señalización provocó que varios trenes se detuvieran automáticamente. Ante esa situación, el centro de control de Atocha, en Madrid, quedó a cargo de coordinar la circulación.
Desde allí se autorizó al tren de Renfe a retomar su recorrido a velocidad normal, pese a que la formación de Iryo todavía permanecía detenida. Los investigadores estiman que el impacto se produjo a una velocidad de entre 160 y 200 kilómetros por hora.
Puente calificó la autorización como "errónea" y explicó que los controladores debieron esperar a que el tren de Iryo reanudara su recorrido antes de habilitar el paso de la otra formación.
En respuesta a la tragedia, el Gobierno español anunció una reducción en la frecuencia de los trenes de alta velocidad que circulan entre Madrid y Sevilla. También estableció que, ante una nueva falla del sistema de bloqueo automático, será necesaria la autorización de un segundo controlador para habilitar una maniobra.
La restricción se mantendrá hasta que la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria revise los mecanismos de seguridad de la línea y el Ejecutivo complete la instalación del sistema europeo de gestión del tráfico ferroviario, cuya implementación acumula retrasos en ese tramo.
El nuevo protocolo también establece que, ante una falla en la señalización, los maquinistas deberán avanzar a un máximo de 40 kilómetros por hora y guiarse por lo que puedan observar directamente en las vías. El procedimiento se conoce como "marcha a la vista".
"Los terribles accidentes que se han producido en el corredor Madrid-Sevilla nos demuestran la imperiosa necesidad de reforzar dicho sistema y mejorar sus protocolos de actuación", sostuvo Puente después de la reunión del Consejo de Ministros.

Los accidentes ferroviarios que involucraron a trenes de Renfe e Iryo dejaron 120 muertos y profundizaron los cuestionamientos al sistema de transporte español.
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Entre los anuncios del Gobierno también figura la incorporación de más trabajadores en los centros de control y mejoras en las condiciones laborales. Las medidas se conocen en medio de los reclamos del principal sindicato de maquinistas, Semaf, que exige mayores garantías de seguridad y más personal.
La organización ya realizó un paro y convocó a otras dos jornadas de huelga para el 10 y el 12 de noviembre. Para el 11 está prevista una huelga general, a menos de tres semanas de las elecciones legislativas anticipadas del 29 de noviembre.
Por otra parte, el Ejecutivo anunció la creación de un modelo digital que permita reproducir en tiempo real el funcionamiento de la red ferroviaria. Según explicó Puente, un agente de inteligencia artificial podrá detectar anomalías y monitorear las conversaciones entre maquinistas y controladores, con el objetivo de reducir los errores humanos.
El escenario representa un desafío para el Gobierno de Pedro Sánchez, que deberá afrontar los reclamos por las condiciones de seguridad ferroviaria, las exigencias sindicales y las consecuencias políticas de dos accidentes mortales en menos de un año. La renuncia de Puente se produce en ese contexto, mientras las autoridades buscan recuperar la confianza de los usuarios en uno de los principales sistemas de transporte del país.
En paralelo a las medidas de seguridad, el Consejo de Ministros aprobó un paquete de ayudas que duplica las indemnizaciones previstas en el seguro obligatorio de viajeros. Los afectados podrán solicitar anticipos y acceder a una cobertura más amplia en caso de incapacidad temporal.
Además, el Gobierno abrirá oficinas en las comunidades autónomas de residencia de las víctimas para facilitar los trámites correspondientes a los damnificados y sus familiares, sin necesidad de trasladarse a otras regiones.
"Nuestra obligación es recuperar la confianza quebrada en la alta velocidad cuanto antes y cueste lo que cueste", había expresado el lunes el presidente Pedro Sánchez durante una visita a Barcelona, después de los tres días de luto nacional.
Entre las víctimas fatales del último accidente se encontraba Ana Martina Conte Grand, una mujer de 32 años, nacida en San Juan y de nacionalidad argentina e italiana, que vivía en Andalucía desde 2025. Su hermano, que viajaba junto a ella, sobrevivió al choque, aunque resultó herido.
El accidente volvió a poner en el centro de la agenda española la seguridad del transporte ferroviario y las responsabilidades políticas por las fallas que derivaron en la tragedia.