5 de noviembre de 2026
La oposición de Paraguay reunió 35 firmas para impulsar la destitución de Santiago Peña tras la intervención de Ueno Bank y la incertidumbre por los ahorros.
Santiago Peña enfrenta un pedido de destitución en Paraguay tras la intervención de Ueno Bank, entidad con la que mantuvo vínculos empresariales.
La intervención de Ueno Bank desató una crisis política y financiera en Paraguay y puso bajo presión al presidente Santiago Peña, quien integró el directorio de la entidad hasta el año pasado. La oposición reunió 35 legisladores para impulsar su destitución por presunta mala conducta y conflicto de intereses, mientras crece la incertidumbre de los ahorristas por la devolución de sus depósitos.
La iniciativa fue presentada por legisladores opositores ante el Congreso paraguayo, con el argumento de que el mandatario habría incurrido en presunta mala conducta y conflicto de intereses por su relación previa con Ueno Bank.
El pedido reunió inicialmente 35 firmas y deberá ser debatido por el Congreso. Para que el proceso avance hacia el Senado se necesitan al menos 53 votos de los 80 integrantes de la Cámara de Diputados. La iniciativa también alcanza al vicepresidente Pedro Alliana, según los informes sobre la presentación legislativa.
El vínculo de Peña con la entidad financiera quedó en el centro de los cuestionamientos porque el presidente había tenido participación en el grupo empresarial que controlaba Ueno Bank y se desprendió de sus acciones en marzo de 2025, de acuerdo con información de Reuters.
La crisis bancaria también provocó cambios en la conducción del Banco Central de Paraguay. Su titular, Carlos Carvallo, dejó el cargo a pedido de Peña, quien designó en su reemplazo a Pedro De Jesús Acosta, según la información proporcionada.
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El conflicto se originó el martes 3 de noviembre, cuando el Banco Central de Paraguay anunció el inicio de un procedimiento de resolución de Ueno Bank, luego de comprobar que su índice de solvencia había caído por debajo del 50% del mínimo exigido por las regulaciones financieras.
La decisión fue adoptada por unanimidad por el directorio del organismo y respondió a una insuficiencia detectada tras ajustes realizados en los estados financieros de la entidad durante un proceso de regularización. El objetivo oficial del procedimiento es proteger a los depositantes y preservar la estabilidad del sistema financiero.
La medida dejó a millones de clientes sin acceso a sus cuentas y generó preocupación entre los ahorristas. Según la información difundida por la agencia EFE, Ueno Bank tenía alrededor de 2,9 millones de clientes y el procedimiento implicó la suspensión de sus servicios.
La crisis también tuvo repercusiones en el ámbito institucional: siete directivos de la entidad fueron detenidos, mientras avanzaban las actuaciones vinculadas con la situación patrimonial del banco.
Ueno Bank quedó bajo un procedimiento de resolución del Banco Central paraguayo por problemas de solvencia y sus clientes esperan respuestas sobre sus depósitos.
Uno de los principales interrogantes que abrió la intervención es qué ocurrirá con el dinero de los depositantes. El Fondo de Garantía de Depósitos de Paraguay establece una cobertura de hasta 75 salarios mínimos por persona y por entidad financiera, equivalente a 228,3 millones de guaraníes.
Según el Banco Central, esa garantía busca proteger a los ahorristas durante el procedimiento de resolución. Los depósitos que superen ese límite también serán alcanzados por los mecanismos previstos para procurar la mayor recuperación posible de los fondos.
La situación tiene una dimensión que excede a los clientes particulares: el banco también administraba operaciones vinculadas con el pago de jubilaciones y mantenía inversiones del Instituto de Previsión Social (IPS), según informó EFE.
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La intervención de Ueno Bank abrió dos frentes para el gobierno paraguayo: por un lado, la resolución de la situación financiera de una entidad con millones de clientes; por otro, el cuestionamiento político sobre los vínculos anteriores de Santiago Peña con el grupo empresario relacionado con el banco.
El pedido de destitución coloca esa relación bajo discusión parlamentaria y suma presión institucional sobre el mandatario. Sin embargo, la presentación de la moción no implica su salida inmediata del cargo: para que el juicio político avance deberá reunir los votos establecidos por la Constitución paraguaya.
La evolución del caso dependerá tanto de las decisiones que adopte el Congreso como del resultado del procedimiento financiero y de las respuestas que reciban los ahorristas sobre la recuperación de sus depósitos.
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