6 de noviembre de 2026
Santiago Peña solicitó 72 horas para conseguir un abogado de confianza y preparar su defensa en el juicio político que enfrenta en Paraguay. El proceso se desató tras el escándalo de ueno bank, que provocó una crisis financiera, protestas y una fuerte disputa política.
Santiago Peña pidió 72 horas para conseguir un abogado de confianza y preparar su defensa ante el juicio político en Paraguay.
El presidente paraguayo, Santiago Peña, solicitó una prórroga de 72 horas para ejercer su derecho a la defensa y conseguir un abogado de confianza, en el marco del juicio político impulsado en su contra por el escándalo de Ueno bank. El pedido fue presentado ante el titular del Congreso Nacional, Basilio Bachi Núñez, en medio de una crisis política que también incluye manifestaciones, allanamientos y cuestionamientos por la resolución vinculada a la entidad financiera.
La solicitud se produjo luego de que el Congreso avanzara con el procedimiento de juicio político y convocara al mandatario a ejercer su derecho a la defensa ante el Senado. La instancia estaba prevista para este viernes 6 de noviembre a las 10, por lo que el pedido de 72 horas introduce una nueva instancia en el desarrollo del proceso.
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La situación de Peña se agravó durante las últimas jornadas, después de que el Banco Central de Paraguay dispusiera la intervención y el procedimiento de resolución de ueno bank por problemas de solvencia. La medida generó preocupación entre los ahorristas, que quedaron afectados por las restricciones para acceder a sus fondos, y provocó manifestaciones en distintos puntos del país.
El derrumbe de la entidad financiera no quedó limitado al terreno económico. La crisis también alcanzó al Gobierno paraguayo por los cuestionamientos sobre los vínculos de Peña con el grupo empresarial relacionado con el banco y el manejo de fondos públicos depositados en la institución.
En ese escenario, sectores de la oposición impulsaron el juicio político contra el presidente y el vicepresidente, Pedro Alliana. Entre los cuestionamientos planteados aparecen presuntas responsabilidades políticas en la crisis financiera y el direccionamiento de recursos públicos hacia la entidad. Las acusaciones forman parte de los argumentos políticos que deberán tratarse en el proceso y no constituyen, por sí mismas, responsabilidades judicialmente comprobadas.
La tensión también tuvo consecuencias dentro del oficialismo. La crisis abrió una disputa política en el Partido Colorado y sumó presión sobre el mandatario, en medio de las manifestaciones ciudadanas y de las investigaciones fiscales sobre los responsables de la entidad financiera.
El presidente paraguayo busca tiempo para organizar su defensa en medio de la crisis política desatada por el escándalo de Ueno bank.
En medio de la escalada de la crisis, Peña presentó su renuncia a la Presidencia de Paraguay. Sin embargo, el Congreso no llegó a tratarla por falta de cuórum, por lo que el mandatario continuó en funciones y el procedimiento de juicio político siguió adelante.
La Cámara de Diputados aprobó la acusación y el expediente pasó al Senado, que quedó a cargo de la instancia de juzgamiento. De esta manera, la renuncia anunciada por Peña no logró frenar el proceso institucional que amenaza su continuidad en el Ejecutivo.
Antes de solicitar la prórroga, el presidente había anticipado que se presentaría para ejercer su defensa y que aportaría argumentos y pruebas. También había sostenido que el esclarecimiento de lo ocurrido en Ueno bank y la devolución de los ahorros a los clientes debían avanzar independientemente de su situación política.
Ahora, con el pedido de 72 horas para conseguir un abogado de confianza, la atención está puesta en la respuesta del Congreso y en cómo continuará el juicio político. La solicitud de Peña abre un nuevo capítulo en una crisis que ya dejó consecuencias financieras, judiciales y políticas en Paraguay.
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El pedido de tiempo para organizar su defensa se produce en un momento especialmente delicado para el Gobierno paraguayo. La crisis de ueno bank dejó de ser exclusivamente un problema financiero y se convirtió en el eje de una disputa institucional que puso en cuestión la continuidad presidencial. La evolución del juicio político y la respuesta al planteo de Peña serán determinantes para conocer los próximos pasos de una crisis que atraviesa tanto al oficialismo como a las instituciones del país.
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