13 de noviembre de 2026
El Gobierno nacional postergó hasta el 17 de diciembre la firma del contrato para transferir el 90% de las acciones de AySA al consorcio privado ganador de la licitación. La decisión también demora el ingreso de US$340,2 millones que el Tesoro esperaba recibir por la operación.
El Gobierno postergó hasta el 17 de diciembre la firma del contrato para transferir el 90% de las acciones de Aysa al consorcio encabezado por Rowing.
El Gobierno nacional postergó hasta el 17 de diciembre la firma del contrato para transferir el 90% de las acciones de Agua y Saneamientos Argentinos (Aysa) al consorcio encabezado por Rowing, que ofreció US$340,2 millones. La operación debía concretarse este viernes 13 de noviembre, pero los representantes legales del grupo solicitaron más tiempo para analizar la documentación. Los dólares que ingresen por la venta serán destinados a reforzar las reservas del Tesoro frente a los próximos vencimientos de deuda.
El Gobierno nacional resolvió postergar hasta el próximo 17 de diciembre la firma del contrato para concretar la privatización de AySA, la empresa estatal encargada de prestar los servicios de agua potable y cloacas en la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios del conurbano bonaerense.
La decisión fue confirmada por fuentes oficiales a TN y quedará formalizada mediante una resolución que será publicada en el Boletín Oficial. El acto de firma estaba previsto para este viernes 13 de noviembre, pero los representantes legales del consorcio adjudicatario solicitaron una prórroga para terminar de analizar la documentación de la operación.
Funcionarios del Ministerio de Economía aceptaron el pedido al considerar que la nueva fecha no se aparta de los plazos establecidos en el proceso licitatorio. De esta manera, la transferencia del paquete accionario mayoritario de la compañía deberá esperar poco más de un mes.
Una vez firmado el contrato, el grupo integrado por Rowing, Arcos Saneamento e Participacoes SA, PHX AQUA AR BV y Transclor deberá desembolsar los US$340,2 millones que ofertó durante la licitación para quedarse con el 90% del capital social y los votos de Aysa.
El paquete accionario adjudicado está compuesto por 135.000 acciones ordinarias escriturales Clase A, con un valor nominal de $1.000 cada una. La operación representa uno de los principales pasos del proceso de salida del Estado de la gestión de la compañía.
El ingreso de esos dólares también tiene relevancia para las cuentas públicas. Según la información oficial, los fondos que se obtengan de la venta serán importantes para que el Tesoro reúna las divisas necesarias para afrontar los vencimientos de deuda con los bonistas previstos para principios de enero, que ascienden a unos US$4.400 millones.
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La apertura de las ofertas económicas se realizó el 8 de octubre, con la participación de los dos consorcios que habían superado la instancia de precalificación.
El grupo encabezado por Rowing presentó una oferta de US340,2millonesyseimpusosobreelconsorciolideradoporRoggio,quehabíaofrecidoUS285 millones. De acuerdo con las expectativas iniciales del Gobierno, la privatización de AySA apuntaba a recaudar alrededor de US$500 millones.
La privatización de Aysa permitirá el ingreso de US$340,2 millones al Estado nacional, en una operación que forma parte del proceso impulsado por Javier Milei.
El procedimiento se realizó mediante una licitación pública nacional e internacional de etapa múltiple, sin precio base, para transferir la totalidad de las acciones estatales, equivalentes al 90% del capital social de la compañía.
Entre los integrantes del consorcio ganador se encuentra Mauricio Filiberti, propietario de Transclor, empresa proveedora de policloruro de aluminio utilizado en el proceso de potabilización del agua de Aysa. Además, Filiberti es socio de Daniel Vila y José Luis Manzano en Edenor, la distribuidora eléctrica que opera en el norte del Área Metropolitana de Buenos Aires.
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El proceso de privatización tiene como antecedente la Ley Bases, sancionada en julio de 2024, que estableció el retiro del Estado de la gestión de Aysa y habilitó la venta del 90% de las acciones que permanecían en manos públicas.
A partir de esa normativa, el Ministerio de Economía, a través de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria Agencia de Transformación de Empresas Públicas, diseñó el procedimiento y las condiciones para avanzar con la operación.
Con la postergación de la firma hasta el 17 de diciembre, la privatización de AySA ingresará en su etapa final. La concreción del acuerdo permitirá transferir el control de la empresa al consorcio adjudicatario y, al mismo tiempo, incorporar US$340,2 millones a las cuentas del Estado nacional.
La operación reúne dos dimensiones centrales para el Gobierno de Javier Milei: avanzar con el programa de privatizaciones previsto en la Ley Bases y obtener divisas para afrontar los compromisos financieros de Argentina.
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