13 de noviembre de 2026
La diputada nacional presentó dos denuncias judiciales por presuntas irregularidades en las contrataciones realizadas durante la visita del papa León XIV. Cuestionó la carpa VIP para 250 invitados y los contratos millonarios adjudicados a distintas empresas.
Marcela Pagano presentó dos denuncias judiciales para que se investiguen las contrataciones realizadas durante los eventos organizados por la visita del papa León XIV.
La diputada nacional presentó dos denuncias judiciales por las contrataciones vinculadas a los eventos organizados durante la visita del Sumo Pontífice. Cuestionó la instalación de una carpa VIP para 250 invitados, la adjudicación de servicios por miles de millones de pesos y pidió investigar posibles delitos contra la administración pública.
La diputada nacional Marcela Pagano presentó dos denuncias judiciales por presuntas irregularidades en las contrataciones realizadas para organizar los eventos vinculados a la visita del papa León XIV a la Argentina. Entre los puntos cuestionados se encuentran la instalación de una carpa VIP en Palermo, la contratación de una productora por $8.690 millones y la adjudicación de servicios de seguridad y limpieza.
Las presentaciones apuntan contra funcionarios nacionales y porteños que habrían intervenido en las decisiones administrativas y en la organización de los acontecimientos. Los planteos judiciales se produjeron luego de la polémica generada por el sector privilegiado que se montó en el Monumento de los Españoles, donde participaron distintas figuras del espectáculo.
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En una de las denuncias, Pagano puso el foco en la instalación de un espacio exclusivo que contó con carpas, catering y personal encargado de recibir y acomodar a los invitados. Según señaló la legisladora, esas prestaciones estaban contempladas en el pliego de contratación de la productora DF Entertainment S.A., por un monto total de $8.690.000.000.
La diputada sostuvo que el sector habría beneficiado a personas que no cumplían funciones públicas ni integraban comitivas oficiales, el cuerpo diplomático o la representación de la Iglesia. En ese sentido, planteó la posible comisión del delito de abuso de autoridad por parte de los funcionarios que dispusieron, autorizaron o ejecutaron las decisiones.
Uno de los puntos cuestionados es la confección de una nómina de 250 lugares asignados para ese espacio. Entre las personalidades que estuvieron en el sector VIP aparecieron Pampita, Yanina Latorre, Analía Franchín, Valeria Mazza, Flor de la V y Claudia Villafañe.
Denuncié penalmente la contratación directa «por urgencia» de la TV oficial de la visita del Papa: $3.090 millones a Recordvision (MediaHub), adjudicados dos días antes de la llegada de León XIV. Canal 7, con móviles y técnicos propios, quedó afuera. Abro ?
De todos modos, Pagano aclaró expresamente que la denuncia no está dirigida contra las personas invitadas, sino contra los funcionarios que habrían intervenido en la organización y asignación de esos lugares. Incluso, propuso que los asistentes sean convocados en calidad de testigos.
Además del presunto abuso de autoridad, la legisladora solicitó que se investigue si pudieron existir otros delitos, entre ellos malversación de caudales públicos, peculado y administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
La segunda presentación judicial apunta a posibles irregularidades en la contratación de DF Entertainment para organizar la misa del papa León XIV y la vigilia posterior. Según el planteo de Pagano, la adjudicación se realizó mediante una contratación directa por urgencia, un procedimiento cuya justificación pidió que sea investigada.
En ese sentido, la diputada reclamó que se determine cuándo la administración conoció la necesidad de contratar los servicios, en qué momento comenzó el trámite y si existieron circunstancias objetivas que justificaran evitar un proceso de licitación.
"Una urgencia creada por la inacción de quien debía licitar no habilita la excepción", sostuvo Pagano, al cuestionar los fundamentos utilizados para recurrir a esa modalidad de contratación.
La denuncia también alcanza a las empresas Tech Security, encargada de la seguridad privada, y Purgato S.A., responsable de la limpieza del lugar. La legisladora pidió investigar si las adjudicaciones a ambas compañías estuvieron atravesadas por la intervención o influencia de funcionarios públicos.
Las dos presentaciones quedaron radicadas en distintos tribunales federales. La denuncia vinculada con la carpa VIP recayó en el Juzgado Federal N°5, a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti, mientras que la segunda, relacionada con las contrataciones para organizar los eventos, quedó en manos del Juzgado Federal N°7, cuyo titular es el juez Sebastián Casanello.
Las investigaciones deberán determinar si existieron irregularidades en el uso de recursos públicos, en los procedimientos de contratación y en las decisiones de los funcionarios involucrados.
El planteo de Pagano pone bajo revisión judicial tanto el costo de los servicios contratados para los acontecimientos vinculados con la visita papal como los criterios utilizados para asignar espacios exclusivos a determinados invitados. Por el momento, se trata de denuncias que deberán ser investigadas por la Justicia.
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