16 de noviembre de 2026
El oficialismo quiere llevar la iniciativa al recinto el 18 de noviembre y analiza una votación por capítulos para reunir los votos. El proyecto busca endurecer las sanciones contra las empresas que exploten recursos naturales en las islas sin autorización argentina.
El Gobierno de Javier Milei busca aprobar la Ley Malvinas en la Cámara de Diputados antes del 28 de noviembre, cuando se conocerá la resolución del Tribunal Internacional del Derecho del Mar sobre el reclamo argentino por las actividades petroleras en las islas. El oficialismo apunta a endurecer las sanciones contra las empresas que exploten recursos naturales sin autorización argentina, pero enfrenta diferencias con bloques dialoguistas por algunos artículos del proyecto.
La Libertad Avanza pretende llevar el proyecto de Ley Malvinas al recinto el miércoles 18 de noviembre y analiza impulsar una votación por capítulos para reunir los respaldos necesarios. La estrategia parlamentaria busca separar las disposiciones vinculadas con el régimen de sanciones de otros artículos que generan resistencias entre los bloques aliados y sectores de la oposición.
La iniciativa cuenta con dictamen de mayoría desde fines de octubre, aunque todavía persisten diferencias en torno al Título VII. Ese apartado incorpora modificaciones electorales y nuevas figuras penales relacionadas con la injerencia extranjera, dos cuestiones que generan reparos entre legisladores de Provincias Unidas, Argentina Federal y otros espacios dialoguistas.
Entre las alternativas planteadas por esos sectores figura la posibilidad de eliminar el título o tratarlo por separado. Si bien el oficialismo aceptó modificar su redacción e incorporar excepciones para la actividad periodística y académica, los cambios no consiguieron despejar todas las objeciones.
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Uno de los principales objetivos del proyecto es reemplazar y ampliar el régimen establecido por la Ley 26.659, sancionada en 2011 y modificada en 2013, que regula las actividades hidrocarburíferas no autorizadas en la plataforma continental argentina.

La iniciativa apunta a endurecer las sanciones contra las empresas vinculadas con la explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas.
El nuevo esquema contempla multas calculadas según el valor de los barriles de petróleo, restricciones para contratar con organismos públicos, inhabilitaciones y otras penalidades para las personas y empresas que participen de operaciones consideradas ilegítimas.
La iniciativa también busca ampliar las herramientas legales para actuar contra las compañías involucradas en la explotación de recursos naturales en las islas, así como contra sus accionistas y proveedores.
En ese sentido, la urgencia del Ejecutivo está relacionada con los procedimientos sancionatorios que Cancillería mantiene abiertos contra 60 personas y empresas vinculadas con actividades hidrocarburíferas en Malvinas. Los expedientes todavía no tienen una resolución definitiva y el Gobierno pretende contar con un marco jurídico más amplio para avanzar con las actuaciones.
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La discusión legislativa se desarrolla en paralelo al reclamo argentino ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, cuyas audiencias se realizaron el 10 y 11 de noviembre en Hamburgo, Alemania. La resolución del organismo está prevista para el próximo 28 de noviembre.
Durante las presentaciones, la Argentina solicitó medidas provisionales para frenar las nuevas perforaciones y las instalaciones productivas del proyecto Sea Lion, restringir el uso de información obtenida durante la exploración y evitar nuevas autorizaciones que puedan agravar la controversia.
El emprendimiento es impulsado por las compañías Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, que proyectan avanzar con las perforaciones durante 2027 y comenzar la producción comercial en 2028.
La delegación argentina advirtió sobre los posibles daños irreparables que podría provocar la extracción de hidrocarburos sobre recursos no renovables. El Reino Unido, por su parte, rechazó los argumentos argentinos y solicitó que se desestimen las medidas provisionales, al cuestionar tanto la competencia del organismo como la existencia de una situación de urgencia.
En paralelo a la presentación ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, el Gobierno argentino prepara otras herramientas jurídicas para sostener su reclamo internacional ante la posibilidad de una resolución adversa.
En ese marco, la Argentina inició un procedimiento de arbitraje bajo el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que contempla la conformación de un tribunal integrado por cinco árbitros.
La estrategia del Ejecutivo combina así dos frentes: por un lado, el impulso de nuevas herramientas legislativas para endurecer las sanciones contra las empresas vinculadas con la explotación petrolera en Malvinas y, por otro, la continuidad de las acciones jurídicas internacionales.
La discusión en Diputados adquiere especial relevancia por la proximidad de la resolución prevista para el 28 de noviembre. La eventual aprobación de la Ley Malvinas permitiría al Gobierno contar con un régimen sancionatorio más amplio, aunque el resultado de la votación dependerá de las negociaciones con los bloques dialoguistas y de la capacidad del oficialismo para conseguir los votos.
La mesa política del Gobierno tiene previsto reunirse el martes 17 de noviembre para terminar de definir la estrategia parlamentaria, en la antesala de una sesión en la que La Libertad Avanza buscará avanzar con el proyecto.