18 de noviembre de 2026

Economía

Economía. El Gobierno consiguió las firmas necesarias y busca tratar el Presupuesto 2027 antes de fin de mes

La Libertad Avanza logró avanzar con el proyecto en Diputados tras negociar modificaciones con el PRO, la UCR y legisladores cercanos a varios gobernadores. El texto sufrió cambios en asignaciones familiares, AUH y discapacidad, mientras Unión por la Patria y Provincias Unidas presentaron dictámenes de minoría.

El Gobierno de Javier Milei consiguió dictamen para el Presupuesto 2027 en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, luego de negociar modificaciones con gobernadores y bloques aliados. La Libertad Avanza reunió 27 firmas y buscará llevar el proyecto al recinto el próximo 25 de noviembre, en una instancia clave para avanzar con la aprobación de la hoja de ruta económica del próximo año.

El dictamen fue aprobado en la comisión que preside el libertario Alberto Benegas Lynch, con el acompañamiento del PRO, la UCR, el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) y legisladores vinculados a los gobernadores Marcelo Orrego (San Juan), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca).

Sin embargo, el acuerdo no consiguió reunir a todos los sectores que mantienen vínculos parlamentarios con el oficialismo. Unión por la Patria (UP) y Provincias Unidas presentaron dictámenes de minoría, mientras que tampoco acompañaron los representantes cordobeses alineados con Martín Llaryora, los santafesinos cercanos a Maximiliano Pullaro ni los legisladores de Misiones vinculados con Hugo Passalacqua.

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Presupuesto 2027: los cambios que aceptó el Gobierno para conseguir dictamen

Uno de los principales resultados de las negociaciones fue la modificación del proyecto original, que pasó de 76 a 73 artículos. Entre los cambios más relevantes, el oficialismo retiró el artículo que proponía eliminar la actualización automática de las asignaciones familiares y de la Asignación Universal por Hijo (AUH).

También quedaron afuera las disposiciones que modificaban el régimen de pensiones no contributivas por invalidez y su esquema de financiamiento. En paralelo, se incorporó una garantía para los recursos destinados a las prestaciones para personas con discapacidad.

Las modificaciones permitieron acercar posiciones con algunos de los bloques aliados, aunque no alcanzaron para conformar a todos los sectores que habían planteado objeciones al texto.

Qué consiguió el PRO, la UCR y el MID en la negociación

El PRO obtuvo una de las modificaciones que había reclamado el expresidente Mauricio Macri: la prórroga hasta el 31 de diciembre de 2032 del plazo para adherir al régimen de promoción autopartista.

El espacio también había solicitado que la Nación saldara la deuda de coparticipación con la Ciudad de Buenos Aires, una reducción de impuestos y mayores controles sobre las concesiones viales. Sin embargo, la discusión por los fondos que reclama la administración porteña quedó para una negociación por fuera del Presupuesto con el ministro de Economía, Luis Caputo.

Otro de los puntos discutidos fue el impuesto a los combustibles líquidos (ICL). El acuerdo establece que cada provincia podrá negociar individualmente con el Poder Ejecutivo la distribución de los recursos recaudados que no fueron destinados a infraestructura vial.

La oposición cuestionó el manejo de esos fondos y sostuvo que el Gobierno recaudó alrededor de $1,6 billones mediante el ICL y el fideicomiso SisVial, pero destinó una porción menor al mantenimiento de las rutas nacionales.

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La Libertad Avanza consiguió dictamen para el Presupuesto 2027 en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados.

Por su parte, la UCR consiguió preservar la actualización automática de las asignaciones familiares y la AUH. También había reclamado garantías presupuestarias para discapacidad y universidades, aunque este último planteo no fue incorporado en los términos solicitados.

En ese sentido, el Presupuesto 2027 asigna $7,3 billones al sistema universitario, frente a los $11 billones que reclama el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para cumplir con la ley.

Mendoza, por su parte, consiguió incorporar a la Sociedad de Transporte de Mendoza entre las entidades exentas de impuestos para importar material ferroviario y subterráneo. El beneficio alcanza a la provincia gobernada por Alfredo Cornejo, uno de los mandatarios cercanos al presidente Milei.

El MID también obtuvo una respuesta parcial. Su diputado Eduardo Falcone consiguió el compromiso del jefe de Gabinete, Diego Santilli, de destinar fondos a la autovía de la ruta nacional 5, en el tramo Mercedes-Suipacha. Sin embargo, las partidas no estarán identificadas dentro del presupuesto de Vialidad Nacional, sino que dependerán de la Jefatura de Gabinete.

Los gobernadores que quedaron afuera del acuerdo por el Presupuesto

No todos los reclamos provinciales encontraron respuestas en el texto consensuado. El jefe del bloque Argentina Federal, Oscar Herrera Ahuad, había solicitado aumentar las partidas para Ciencia y Tecnología y propuso financiar ese incremento mediante una reasignación de fondos de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).

También reclamó que el Gobierno respetara los recursos previstos en la Ley de Bosques para Misiones. Ninguna de las dos propuestas fue incorporada al dictamen y su espacio terminó rechazando el proyecto oficialista.

Una situación similar atravesaron los legisladores cordobeses alineados con el gobernador Martín Llaryora, quienes habían reclamado el pago de las deudas con la caja jubilatoria provincial y la ejecución de obras en rutas nacionales.

Los representantes del gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, tampoco consiguieron incorporar sus pedidos de mayores partidas para infraestructura vial y saneamiento.

De esta manera, las negociaciones dejaron un escenario de respaldos parciales: mientras algunos mandatarios consiguieron modificaciones puntuales, otros mantuvieron sus reclamos sin respuestas dentro del proyecto.

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Unión por la Patria y Provincias Unidas presentaron dictámenes alternativos

La oposición también cuestionó las prioridades del Presupuesto 2027. Unión por la Patria y Provincias Unidas presentaron dictámenes de minoría y reclamaron mayores recursos para universidades, salud, jubilaciones, discapacidad y obra pública.

El jefe del bloque de UP, Germán Martínez, defendió una propuesta que contempla elevar el bono jubilatorio de $70.000 a $164.000, restablecer la moratoria previsional y distribuir entre las provincias $1,1 billones de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) acumulados para afrontar las consecuencias del fenómeno de El Niño.

Martínez también consideró insuficientes los cambios vinculados con discapacidad y cuestionó a los gobernadores que reclaman fondos para sus distritos, pero luego acompañan las iniciativas del oficialismo en el Congreso.

En alusión a la reciente visita de León XIV y sus llamados a priorizar el bienestar social, el diputado lanzó una crítica hacia los mandatarios provinciales: "En una semana lo guardaron al Papa en un placard. Se terminaron las lágrimas".

Por su parte, la diputada Julia Strada puso en duda las proyecciones económicas del Gobierno y reclamó precisiones sobre las fuentes de financiamiento para afrontar los vencimientos de deuda.

Desde el Frente de Izquierda, Romina Del Plá también rechazó la iniciativa y definió el proyecto como «un ataque en regla a las necesidades de la población».

Inflación del 18%, crecimiento del 4% y dólar a $1.847,60

Más allá de las modificaciones incorporadas durante las negociaciones parlamentarias, el proyecto conserva las principales estimaciones económicas del Poder Ejecutivo para 2027.

El Presupuesto 2027 proyecta un crecimiento económico del 4%, una inflación anual del 18% y un dólar oficial de $1.847,60. Además, contempla un superávit primario equivalente al 1,1% del PBI y mantiene el equilibrio fiscal como uno de los ejes centrales de la política económica del Gobierno.

Con el dictamen aprobado, La Libertad Avanza buscará conseguir la media sanción el próximo 25 de noviembre. La fecha coincide con la presentación del jefe de Gabinete, Diego Santilli, ante el Senado para brindar su informe de gestión.

El desafío del oficialismo será trasladar al recinto los acuerdos que consiguió en comisión y reunir los votos necesarios para avanzar con una de las principales iniciativas económicas del Gobierno de Javier Milei.

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El dictamen representa un avance legislativo para el Gobierno, pero también deja expuestas las dificultades para construir acuerdos con los gobernadores y los bloques que acompañan algunas de sus iniciativas. Las modificaciones sobre AUH, asignaciones familiares y discapacidad muestran que el oficialismo debió aceptar cambios para conseguir respaldo parlamentario.

Al mismo tiempo, los reclamos que quedaron afuera del texto reflejan que el acompañamiento no implica necesariamente un acuerdo integral con la política económica de la Casa Rosada. La discusión del 25 de noviembre será determinante para comprobar si las 27 firmas conseguidas en comisión pueden traducirse en una mayoría en el recinto.

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