19 de noviembre de 2026
A través de un DNU, el Ejecutivo modificó el Presupuesto 2026, habilitó nuevas operaciones de crédito público por $78,7 billones y reforzó partidas destinadas al PAMI, intereses de deuda y prestaciones sociales.
El Gobierno Nacional dispuso una nueva ampliación del Presupuesto 2026 por $15,6 billones, autorizó un mayor margen de endeudamiento y redujo las previsiones de superávit fiscal para el cierre del año. La decisión fue oficializada este jueves 19 de noviembre mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 1391/2026, firmado por el Presidente y todos los integrantes del Gabinete nacional.
La modificación representa un incremento del 10,2% sobre el crédito presupuestario vigente, que ascendía a aproximadamente $152,47 billones. Sin embargo, mientras el gasto autorizado aumenta en $15,6 billones, los recursos previstos se incrementan en apenas $8,1 billones, una diferencia que implica resignar alrededor de $7,5 billones del resultado fiscal positivo inicialmente proyectado para este ejercicio.
La medida introduce cambios significativos en el programa presupuestario defendido por el ministro de Economía, Luis Caputo, cuyo principal objetivo es sostener el equilibrio de las cuentas públicas. El Gobierno justificó la decisión por la necesidad de atender compromisos previsionales, salariales, sanitarios y financieros que superaron las estimaciones realizadas al elaborar el Presupuesto.
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Uno de los principales efectos de la modificación presupuestaria es la reducción del superávit fiscal estimado para el cierre de 2026, que pasaría de aproximadamente $26,4 billones a $18,9 billones, según el análisis de las planillas anexas realizado por Infobae.
La diferencia responde a que el incremento de los gastos autorizados supera ampliamente los mayores ingresos incorporados al cálculo presupuestario. Aunque el resultado proyectado continúa siendo positivo, el nuevo esquema deja un margen fiscal menor al que se contemplaba antes de la publicación del decreto.
La decisión adquiere especial relevancia por tratarse de una administración que convirtió el superávit fiscal en uno de los pilares de su política económica. Si bien la ampliación no representa por sí misma un regreso al déficit, evidencia la necesidad de revisar las previsiones originales y autorizar nuevos desembolsos para sostener distintas obligaciones del Estado.
Según los datos difundidos por Infobae, al 16 de noviembre el sector público acumulaba un resultado positivo estimado en $33,2 billones, por encima del excedente proyectado para todo el ejercicio. Esa diferencia sugiere que una parte considerable de los gastos incorporados al Presupuesto se ejecutará durante las últimas semanas del año.

El principal destino de los recursos adicionales será el Programa de Atención Médica Integral (PAMI), que recibirá un refuerzo cercano a los $10 billones. La partida corresponde a las transferencias vinculadas con el financiamiento de la obra social de los jubilados y pensionados, que concentra una proporción significativa de la ampliación presupuestaria.
El segundo incremento más importante está destinado al Servicio de la Deuda Pública, particularmente al pago de intereses y comisiones, con una asignación adicional de aproximadamente $3,9 billones. Esta modificación refleja el peso de los compromisos financieros dentro de las necesidades presupuestarias del Estado.
También se contemplan refuerzos para el sistema de salud, entre ellos cerca de $800.000 millones para el Hospital de Alta Complejidad del Bicentenario de Esteban Echeverría. En materia de seguridad, la Gendarmería Nacional recibirá alrededor de $200.000 millones adicionales para un programa vinculado con la investigación de delitos complejos y la lucha contra el narcotráfico.
El decreto incorpora además incrementos para prestaciones previsionales, asignaciones familiares, pensiones no contributivas, salarios de las fuerzas federales y obligaciones de distintos organismos públicos. En paralelo, establece una reducción cercana a $2,3 billones en la finalidad Servicios Económicos, que constituye uno de los principales recortes dentro de la reasignación de partidas.
Otro de los aspectos centrales del DNU 1391/2026 aparece en su artículo tercero, que incrementa en $78,7 billones el monto autorizado para operaciones de crédito público con un plazo mínimo de amortización de 90 días.
La modificación amplía la capacidad legal del Poder Ejecutivo para realizar operaciones de financiamiento durante el ejercicio. Sin embargo, no significa que el Estado haya tomado automáticamente nueva deuda por ese importe, sino que se elevó el límite previsto en el Presupuesto para concretar esas operaciones.
La autorización se incorpora en un momento en el que el Gobierno busca mejorar las condiciones de financiamiento y reducir el costo de la deuda pública. La evolución del riesgo país, los vencimientos futuros y las posibilidades de acceder a los mercados internacionales continúan siendo factores centrales para la estrategia financiera del Ministerio de Economía.
El decreto también modifica las garantías que puede otorgar el Tesoro Nacional a operaciones provinciales. En el caso de Córdoba, cambia el destino de un financiamiento de hasta US$100 millones, originalmente vinculado con proyectos de economía circular, para orientarlo a infraestructura hídrica y de saneamiento.
Por otra parte, se incorpora una operación de hasta US$25 millones para Santa Fe, destinada a obras de defensa contra inundaciones en el departamento San Javier.

La ampliación presupuestaria se produce después de que la evolución de los precios superara las proyecciones utilizadas para elaborar las cuentas públicas. El Presupuesto 2026 contemplaba una inflación anual cercana al 18%, mientras que las estimaciones actuales la ubican alrededor del 33%.
La diferencia provocó que numerosas partidas quedaran por debajo de las necesidades efectivas de financiamiento, especialmente aquellas relacionadas con haberes previsionales, salarios, prestaciones sanitarias y gastos corrientes de funcionamiento.
En los fundamentos del decreto, el Gobierno sostuvo que resultaba necesario disponer de recursos adicionales para evitar que "peligraría la prestación de ciertos servicios esenciales". También justificó la ampliación por las necesidades salariales, de equipamiento, funcionamiento y cumplimiento de obligaciones de diferentes jurisdicciones y entidades estatales.
La actualización no es la primera del año. Durante 2026, el Poder Ejecutivo ya había recurrido a modificaciones presupuestarias mediante los DNU 594/2026 y 867/2026, además de otras decisiones administrativas vinculadas con la distribución de los recursos públicos.
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Pese a la política oficial de reducción de la participación estatal en la economía, el decreto contempla refuerzos para diferentes empresas y organismos públicos que requieren partidas adicionales para sostener sus operaciones.
Entre las entidades alcanzadas aparecen Fabricaciones Argentinas de Aviones (FAdeA), TANDANOR, Construcción de Vivienda para la Armada (COVIARA), Radio y Televisión Argentina, Contenidos Públicos, Educ.ar y Yacimientos Carboníferos Río Turbio, además de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR).
La normativa también destina $543.205 millones al pago de deudas previsionales reconocidas judicialmente a retirados y pensionados de las Fuerzas Armadas, las fuerzas de seguridad y el Servicio Penitenciario Federal.
Estas asignaciones muestran que una parte de la ampliación presupuestaria responde a compromisos ya existentes, cuyo cumplimiento demanda nuevas autorizaciones de gasto. La incorporación de esos recursos no implica necesariamente la creación de nuevos programas, sino la adecuación de partidas destinadas a obligaciones que el Estado debe afrontar.

La decisión fue instrumentada mediante un decreto de necesidad y urgencia, sin atravesar previamente el procedimiento legislativo ordinario de modificación del Presupuesto.
El Ejecutivo justificó esa vía al considerar que la situación requería una respuesta inmediata. En los fundamentos de la norma sostuvo que "la naturaleza excepcional de la situación planteada hace imposible seguir los trámites ordinarios" establecidos por la Constitución Nacional.
El DNU 1391/2026 entró en vigencia este jueves 19 de noviembre, con su publicación en el Boletín Oficial. No obstante, deberá ser remitido a la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, encargada de evaluar los decretos de necesidad y urgencia y elevar sus dictámenes a ambas cámaras del Congreso.
El procedimiento abre una nueva instancia de discusión parlamentaria sobre las decisiones presupuestarias del Gobierno. La oposición podrá cuestionar tanto la magnitud de las modificaciones como la decisión de recurrir a un DNU para alterar una ley aprobada por el Poder Legislativo.
La ampliación vuelve a poner en debate el alcance de las facultades del Ejecutivo para modificar las cuentas públicas y la capacidad del Congreso para supervisar la utilización de los recursos estatales.
Con $15,6 billones adicionales de gasto, una autorización de endeudamiento ampliada en $78,7 billones y un recorte de $7,5 billones en el superávit previsto, el Gobierno de Milei modificó sustancialmente las cuentas públicas para el cierre de 2026. Aunque la nueva proyección mantiene un resultado fiscal positivo, la decisión refleja las dificultades para sostener las previsiones originales frente al aumento de los compromisos previsionales, financieros y de funcionamiento del Estado.
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