20 de noviembre de 2026
Una investigación periodística puso bajo la lupa los negocios de Carlos Miguel Laredo, consuegro del gobernador jujeño. Su participación en una minera que obtuvo cuatro concesiones en Susques y el control de una proveedora del Estado abren interrogantes sobre los posibles conflictos de intereses durante la gestión de Carlos Sadir.
El gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, quedó en el centro de una investigación periodística que expone los negocios de su entorno familiar con el Estado provincial. Carlos Miguel Laredo, su consuegro, tuvo el 25% de las acciones de una minera que obtuvo cuatro concesiones de explotación en Susques durante la actual gestión y controla una empresa proveedora de alimentos que recibió contratos millonarios y terrenos fiscales.
La investigación, publicada por el medio El Disenso, reconstruye las operaciones empresariales de Laredo y su vínculo familiar con el mandatario jujeño. Su hija, María Natalia Laredo, está casada con Luis Alberto Sadir, hijo del gobernador. Los datos expuestos vuelven a poner bajo discusión los posibles conflictos de intereses en la administración provincial y los vínculos entre el poder político y los negocios privados.
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Uno de los principales puntos de la investigación es Alma Huayra S.A., sociedad constituida en 2015 en la que Laredo suscribió el 25% de las acciones. La empresa, dedicada a la actividad minera, habría permanecido sin actividad durante aproximadamente una década, hasta que comenzó a avanzar administrativamente durante el gobierno de Sadir.
Concretamente, obtuvo las concesiones de explotación de cuatro yacimientos contiguos en el departamento de Susques: Matute 1, Matute 2, Matute 3 y Matute 4. En conjunto, las áreas abarcan aproximadamente 9.615 hectáreas y comprenden minerales como cobre, plata, plomo y zinc.
El proceso tuvo avances decisivos durante la actual administración. En junio de 2024 se aprobaron los informes de impacto ambiental; en abril de 2025, los planes de monitoreo ambiental participativo; y el 18 de agosto de ese año, el juez Administrativo de Minas otorgó formalmente las cuatro concesiones de explotación.
Otro aspecto señalado es que los terrenos alcanzados por los proyectos se superponen con territorios de propiedad y ocupación comunitaria indígena. Matute 1 se encuentra íntegramente sobre tierras de la Comunidad Aborigen Pórtico de los Andes, mientras que los otros tres emprendimientos también alcanzan territorios de la Comunidad Aborigen de Huancar.

Pero los negocios vinculados a Laredo no se limitan a la minería. El empresario también controla el 70% de Comercializadora de Alimentos SRL, firma que recibió adjudicaciones y contrataciones del Estado jujeño para abastecer programas sociales.
Según la investigación, desde la llegada de Sadir al gobierno se multiplicaron las compras directas y urgentes a esta compañía. Además, en junio de 2024, el propio gobernador firmó la adjudicación de cuatro lotes fiscales a la empresa en el exclusivo barrio Alto Padilla. Los terrenos son colindantes y suman una superficie de 1.231,52 metros cuadrados.
La investigación también señala que Luis Alberto Sadir, hijo del mandatario y yerno de Laredo, fue incorporado a la estructura empresarial como director de Ventas Estatales. Un dato que vuelve a poner sobre la mesa los interrogantes acerca de los vínculos entre los intereses familiares y las decisiones de la administración provincial.
El relevamiento de El Disenso también menciona a Terramaq, empresa vinculada a la familia del gobernador que participa en actividades relacionadas con la basura y el reciclaje. De acuerdo con la publicación, la firma recibió terrenos, convenios para la prestación de servicios públicos y facilitó inversiones de la Unión Europea por 42 millones de euros.
Así, la investigación reúne operaciones en distintos sectores: minería, provisión de alimentos, adjudicación de tierras fiscales y servicios ambientales. En varios de esos negocios aparecen empresas vinculadas al círculo familiar del gobernador.
El punto central de los cuestionamientos a Carlos Sadir es la coincidencia entre el avance de estas operaciones privadas y las decisiones administrativas adoptadas durante su gestión. La participación de su consuegro en una minera beneficiada con cuatro concesiones, los contratos estatales de una empresa familiar y la adjudicación de terrenos públicos constituyen elementos que reclaman explicaciones sobre los mecanismos de control, transparencia y ética pública en Jujuy.
Más allá de las resoluciones administrativas y las participaciones societarias mencionadas, la investigación plantea un interrogante político de fondo: ¿qué garantías existen para evitar que los vínculos familiares con el poder provincial se traduzcan en ventajas para determinados negocios privados?
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