20 de noviembre de 2026
Con 47 votos a favor y 22 en contra, el Congreso convirtió en ley la adhesión argentina a un acuerdo internacional impulsado por Washington. Las compañías norteamericanas destacaron sus beneficios para las inversiones, mientras los laboratorios nacionales advirtieron sobre posibles consecuencias para el mercado de medicamentos.
El Senado de la Nación aprobó la adhesión de Argentina al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), una iniciativa que formaba parte de los compromisos comerciales asumidos por el Gobierno de Javier Milei con Estados Unidos. La decisión fue celebrada por la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham) y otras organizaciones empresariales norteamericanas, que consideraron que el acuerdo permitirá mejorar las condiciones para las inversiones y facilitar la protección internacional de desarrollos tecnológicos.
La iniciativa obtuvo 47 votos afirmativos y 22 negativos durante la sesión del jueves 19 de noviembre y quedó definitivamente sancionada después de que la Cámara de Diputados incorporara modificaciones al texto original. Su aprobación representa un avance para la agenda comercial del Gobierno y responde a un reclamo que distintos sectores empresariales estadounidenses venían sosteniendo desde hace décadas.
Sin embargo, el acuerdo también expuso diferencias entre las compañías multinacionales y la industria farmacéutica argentina, especialmente por sus posibles consecuencias sobre el registro de nuevos medicamentos y la competencia con los laboratorios nacionales. La controversia obligó a introducir una reserva en uno de los capítulos del tratado para preservar determinadas facultades de evaluación del sistema argentino.
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La Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham) fue una de las primeras organizaciones empresariales en respaldar la decisión del Congreso. La entidad consideró que la incorporación al PCT constituye "un paso relevante para la modernización del sistema de propiedad intelectual del país y su integración a los principales mercados globales de innovación y tecnología".
A través de un comunicado, la cámara sostuvo que contar con reglas internacionales de protección de invenciones resulta "fundamental para promover la investigación, el desarrollo tecnológico, la innovación y las inversiones de largo plazo". La organización también destacó que la medida podría favorecer a sectores como la industria farmacéutica, la biotecnología, el agro y las empresas tecnológicas.
El director ejecutivo de AmCham Argentina, Alejandro Díaz, celebró la sanción y destacó la importancia de ampliar la integración económica del país.
"Celebramos que la Argentina avance en su integración a los sistemas internacionales que impulsan el desarrollo tecnológico. Es una señal importante de convergencia con los estándares globales", afirmó el empresario.
Díaz también señaló que la aprobación representa un reconocimiento del valor de la investigación y la propiedad intelectual dentro de la actividad económica. En ese sentido, sostuvo que la medida permitirá avanzar hacia una mayor integración de Argentina con los principales centros internacionales de innovación.
La Cámara de Comercio de Estados Unidos (US Chamber of Commerce) también respaldó el acuerdo mediante su Argentina Business Council (USABC), que calificó la sanción como "un paso trascendental para el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación en el país".
La organización estadounidense destacó que la incorporación al tratado permitirá que investigadores, universidades y empresas argentinas accedan a herramientas internacionales para proteger sus desarrollos. Además, expresó su disposición a participar en proyectos de inversión e innovación vinculados con la nueva etapa.

La sanción tiene una dimensión política y diplomática porque la adhesión al PCT figuraba entre los compromisos asumidos por Javier Milei y Donald Trump en el marco del acercamiento económico entre Argentina y Estados Unidos.
El acuerdo comercial bilateral firmado en febrero de 2026 contemplaba que el Gobierno argentino impulsara el tratamiento parlamentario del tratado, cuya ratificación permanecía pendiente desde hacía casi tres décadas. Su aprobación se convirtió así en uno de los objetivos de la agenda de cooperación económica entre ambos países.
La discusión también estuvo vinculada con las demandas de las empresas estadounidenses para fortalecer la protección de sus desarrollos tecnológicos, farmacéuticos e industriales. Desde la perspectiva de esas compañías, la adhesión permitirá disponer de procedimientos más previsibles para gestionar solicitudes de patentes y ampliar las oportunidades de inversión.
Sin embargo, el PCT no constituye un tratado bilateral exclusivo entre Argentina y Estados Unidos, sino un acuerdo internacional administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Su aprobación forma parte de los compromisos comerciales con Washington, pero sus disposiciones se aplican dentro de un sistema multilateral de protección de invenciones.
La adhesión también había sido incluida entre los compromisos internacionales vinculados con los acuerdos comerciales del Mercosur con la Unión Europea y la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA).
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El Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) es un mecanismo internacional que permite iniciar el proceso de protección de una invención en diferentes países mediante una única solicitud.
Actualmente participan del sistema alrededor de 159 países, y Argentina era el único integrante del G20 que todavía no se había incorporado. El tratado fue firmado en Washington en 1970 y comenzó a funcionar durante la década siguiente, pero su adhesión definitiva permanecía pendiente en el Congreso argentino.
Una de las principales modificaciones está relacionada con los plazos disponibles para decidir en qué mercados se buscará proteger una invención.
Mientras que el sistema tradicional establece un período de 12 meses para conservar determinadas prioridades internacionales, el PCT permite extender la etapa de evaluación hasta aproximadamente 30 meses, dependiendo de las condiciones aplicables.
Esto significa que una empresa, universidad o investigador podrá disponer de mayor tiempo para analizar las posibilidades comerciales de su desarrollo antes de afrontar los costos de los procedimientos nacionales.
El mecanismo también permite acceder a informes técnicos internacionales que brindan información sobre la novedad y las características de las invenciones. Estas evaluaciones pueden contribuir a orientar las decisiones de quienes buscan patentar productos o tecnologías en diferentes mercados.
Sin embargo, el tratado no crea una patente mundial ni garantiza que una invención quede automáticamente protegida en todos los países participantes. Cada jurisdicción conserva la facultad de analizar las solicitudes y determinar si cumplen con sus requisitos legales.
En Argentina, esa responsabilidad continuará en manos del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), organismo encargado de conceder o rechazar los pedidos de patentes.

Uno de los principales conflictos durante el tratamiento parlamentario estuvo relacionado con la industria farmacéutica y la posibilidad de que el nuevo sistema facilitara estrategias destinadas a prolongar la exclusividad comercial de determinados medicamentos.
La Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (CILFA) expresó reparos sobre algunos mecanismos del tratado, especialmente aquellos vinculados con los exámenes preliminares internacionales.
Desde el sector señalaron que estos procedimientos podrían favorecer prácticas conocidas como evergreening o reverdecimiento de patentes, que consisten en solicitar nuevas protecciones sobre modificaciones de medicamentos existentes para prolongar su exclusividad comercial.
La preocupación de los laboratorios nacionales está relacionada con la posibilidad de que una extensión de esa exclusividad retrase la aparición de medicamentos genéricos y limite la competencia en determinados segmentos del mercado.
En contraste, las farmacéuticas extranjeras nucleadas en la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEMe) defendieron la incorporación al tratado y destacaron que permitirá facilitar la presentación internacional de solicitudes.
La entidad sostuvo que el sistema "facilita la presentación y tramitación inicial de solicitudes internacionales de patentes", aunque aclaró que la decisión sobre el otorgamiento de cada derecho continuará en manos de las autoridades nacionales correspondientes.
La controversia también reflejó las diferencias de intereses entre laboratorios dedicados principalmente a la investigación y desarrollo de nuevos medicamentos y empresas cuya actividad incluye la producción de versiones genéricas de tratamientos existentes.
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El proyecto había recibido una primera aprobación del Senado, pero debió regresar a la Cámara alta después de que Diputados incorporara una reserva sobre el Capítulo II del tratado.
Ese apartado contempla un procedimiento de examen preliminar internacional que permite obtener evaluaciones adicionales sobre los requisitos de patentabilidad de una invención antes de avanzar con los trámites nacionales.
Los laboratorios argentinos reclamaron que ese mecanismo quedara excluido de la adhesión, ante la preocupación de que los informes elaborados por oficinas extranjeras pudieran influir sobre las decisiones del INPI.
Finalmente, el Senado aprobó el texto con la modificación incorporada por Diputados, por lo que Argentina se incorporará al PCT sin adherir al procedimiento contemplado en el Capítulo II.
La decisión permitió alcanzar un equilibrio parlamentario entre quienes promovían la incorporación plena al sistema internacional y los sectores que reclamaban preservar mayores márgenes de evaluación local.
Incluso CILFA terminó acompañando el proyecto, después de que su propuesta de excluir ese capítulo fuera incorporada al texto definitivo.
Por su parte, AmCham reconoció que una adhesión sin reservas habría sido preferible desde la perspectiva de las empresas que representa, pero consideró que la incorporación de Argentina al tratado constituía un avance relevante.

El debate en el Senado también estuvo atravesado por diferencias políticas sobre la relación del Gobierno argentino con Washington.
Desde el oficialismo defendieron la adhesión como una herramienta para facilitar la innovación y mejorar las condiciones de competencia de las empresas argentinas.
El senador Francisco Paoltroni sostuvo que el tratado "simplifica los trámites internacionales" y destacó que permitirá a pequeñas empresas y emprendimientos tecnológicos iniciar procesos de protección de sus invenciones mediante una única solicitud.
En cambio, legisladores del peronismo cuestionaron las circunstancias políticas que rodearon el tratamiento de la iniciativa y su relación con los compromisos comerciales asumidos por el Gobierno nacional.
El senador chaqueño Jorge Capitanich afirmó: "Durante más de 50 años la Argentina rechazó el Tratado. Su tratamiento no nace de una necesidad interna, llega impuesto claramente por Estados Unidos".
Las críticas también fueron acompañadas por el presidente del bloque justicialista, José Mayans, quien expresó preocupación por las consecuencias que la nueva normativa podría tener sobre el mercado farmacéutico.
Pese a esas diferencias, el oficialismo consiguió reunir los votos necesarios para sancionar la adhesión, que finalmente obtuvo 47 apoyos y 22 rechazos.
Aunque el Congreso completó la aprobación legislativa, la adhesión al PCT todavía debe atravesar los procedimientos necesarios para su entrada en vigor.
Una vez promulgada la ley, Argentina deberá presentar el instrumento correspondiente ante la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. A partir de ese depósito, el tratado comenzará a aplicarse después del plazo previsto por sus disposiciones, estimado en tres meses.
Hasta entonces, el sistema argentino continuará funcionando bajo las reglas vigentes, mientras las autoridades preparan las condiciones administrativas necesarias para incorporar los procedimientos internacionales.
El nuevo mecanismo podría resultar especialmente relevante para empresas tecnológicas, instituciones científicas y universidades que buscan proteger invenciones fuera del país.
Entre las organizaciones que podrían utilizar estas herramientas aparecen el CONICET, el INTA, universidades, startups y pequeñas y medianas empresas, además de compañías industriales y farmacéuticas.
Sin embargo, los beneficios concretos dependerán de la capacidad de esos actores para desarrollar invenciones patentables y financiar su protección en los mercados internacionales.
Con la aprobación del Senado, el Gobierno de Milei consiguió avanzar en uno de los compromisos comerciales asumidos con Estados Unidos y obtuvo el respaldo de las principales organizaciones empresariales norteamericanas. La nueva legislación abre una etapa para la propiedad intelectual argentina, aunque también mantiene vigente la discusión sobre sus efectos en la industria farmacéutica nacional, la competencia y el acceso a medicamentos.
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