La Conferencia Episcopal Argentina advirtió que reducir la edad de responsabilidad penal no puede ser la única respuesta frente al delito juvenil y reclamó foco en prevención, educación y reinserción. Mientras el Gobierno empuja el debate en el Congreso, el proyecto plantea un piso de 14 años, un tope de 15 para delitos graves y un menú de penas alternativas que reabre la discusión por la infraestructura y los fondos en las provincias.