El gobierno de Claudio Vidal quedó bajo investigación judicial tras una denuncia por la cesión de un galpón de 3.000 metros cuadrados en Río Gallegos. La beneficiaria, South Horizen S.A.S., se constituyó poco más de un mes antes del acuerdo. El contrato contempla un canon de $3 millones mensuales, ocho meses de gracia y condiciones que despertaron cuestionamientos sobre el manejo del patrimonio público.