Alimentos almacenados en galpones: El Gobierno denunció penalmente a Pablo De la Torre

El Gobierno Nacional denunció penalmente a Pablo De la Torre, quien hasta hace poco ocupaba el cargo de secretario de Niñez y Familia en el Ministerio de Capital Humano.

La denuncia se produjo tras el descubrimiento de irregularidades en el manejo y control del stock de alimentos almacenados en los galpones. La causa judicial se sorteará el próximo lunes en la Justicia.

De acuerdo con información transmitida por fuentes oficiales, a De la Torre se le pidió explicaciones por un acuerdo firmado con la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) que le habría permitido contratar personal.

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Se trata de unas 100 contrataciones que se habrían realizado mediante este acuerdo. La modalidad, de acuerdo a lo que se conoció en medio del escándalo por los alimentos retenidos a punto de vencer, era pagarle a la OEI una importante suma de dinero en concepto de asesoramiento y a su vez que ese organismo contratara personas que iban a reportar a la Secretaría de Niñez y Familia.

De la Torre, que previamente había sido funcionario municipal en San Miguel, enfrenta acusaciones relacionadas con la retención indebida de alimentos en los depósitos.

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"Hay una denuncia que impulsa la ministra Pettovello, porque es lo que corresponde ante una persona que efectivamente transmitió falta de transparencia en determinadas cuestiones. Pettovello hace la denuncia ante la Oficina Anticorrupción y no nos entrometemos más en ese proceso. Pido paciencia y cuando efectivamente haya un avance se los vamos a estar comunicando. Somos respetuosos de todas las partes, de todos los involucrados, que no solo es De la Torre", afirmó el vocero presidencial, Manuel Adorni.

El despido de Pablo De la Torre terminó conociéndose en medio de la crisis que se generó en torno a las denuncias que hicieron organizaciones sociales por la retención de alimentos en depósitos del Gobierno. Funcionarios nacionales primero habían afirmado que no había alimentos retenidos, después que estaban pero estaban reservados para ser distribuidos en caso de catástrofe o emergencia y, finalmente, cuando la Justicia exigió un relevamiento pormenorizado reconoció que había, que algunos estaban cerca de su fecha de vencimiento y que, entre ellos, había leche en polvo.