El Gobierno intentará modificar las leyes de legítima defensa y endurecer las penas para organizadores de piquetes

A través de su habitual conferencia de prensa desde Casa Rosada, el vocero presidencial, Manuel Adorni, adelantó que el Gobierno busca modificar las leyes de legítima defensa y endurecer las penas para quienes organicen piquetes en la vía pública. Los paquetes de leyes con los cambios serán enviados por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el ministro de Defensa, Luis Petri. Asimismo, se aclaró que mantienen autonomía sobre el proyecto de ley Bases que busca negociar el Gobierno con los gobernadores.

De esta manera, Petri aseguró que se enviará un proyecto con modificaciones en la ley de Seguridad Interior sobre el funcionamiento de las Fuerzas Armadas para los casos de terrorismo como ocurrió en Rosario durante las últimas semanas: "Vamos a permitir que las Fuerzas Armadas puedan realizar operaciones de seguridad interior que le permitan la paz a los rosarinos. A partir de la declaración de actos terroristas, las Fuerzas Armadas estarán habilitadas a realizar patrullajes, control de personas y vehículos y control de flagrancias".

Además, anunció que se le posibilitará a las FFAA "la actuación de medios coercitivos", pero que estarán regidos por las mismas normas que las fuerzas de seguridad. "Es imprescindible la proporcionalidad, gradualidad y progresividad en las fuerzas", dijo y anticipó que las acciones que tengan las Fuerzas Armadas contra el terrorismo "no van a ser punibles porque van a ser consideradas como cumplimiento del deber".

En tanto, Bullrich anunció cuatro proyectos con modificaciones a leyes que serán enviadas al Congreso para su aprobación. Se trata de Legítima defensa y atentado a la autoridad, ley de ADN, ley contra organizaciones criminales, y penas contra organizadores de piquetes y bloqueos. La ministra de Seguridad explicó que se planteó la modificación de un artículo para "cambiar la idea de que los policías son los victimarios" y adelantó que, con este cambio, los efectivos policiales podrán utilizar el arma reglamentaria a cualquier hora del día y se contemplará si el disparo se ejecuta cuando "se va alejando el delincuente. No pueden dejarlo suelto, es su obligación".

También informó que la legítima defensa se extenderá al lugar del trabajo de la persona que esté involucrada en el episodio y no solo a la casa en la que vive. Y anticipó un cambio importante en términos legales. "No vamos a permitir más la querella contra el Estado de los delincuentes que cometieron un delito y que después las familias y el agresor van contra el Estado Nacional. No podemos permitir que los victimarios se hagan las víctimas, le estamos dando derechos al delincuente", añadió.

Por su parte, anunció el incremento de las penas para aquellos que organicen piquetes y dijo que le permitirá al gobierno "que no se explote a la gente y que le permita independencia y libertad al resto de las personas". "Proponemos un tipo penal a la sanción de bloqueos con una pena de 4 a 6 años. Hay mecanismos constitucionales como el derecho a la huelga, pero el bloqueo va a estar agravado en este proyecto de ley", completó.

La ministra de Seguridad anunció también que enviará la ley antimafias, donde el delito individual no decidirá la pena, sino que estará ligada a las organizaciones criminales: "No será la pena individual, sino la pena por pertenecer a la organización mafiosa".

"Se podrán hacer detenciones por averiguaciones de delitos por todo el país, incautar mercadería y realizar allanamientos encadenados", añadió. "Cada uno de los delincuentes que entre a una dependencia policial, va a tener una prueba de ADN y va a estar en un sistema. Todos los imputados van a dejar sus huellas genéticas. Esto no solo sirve para imputar, sino para desvincular a personas de las causas", completó. "El que reitera el delito tiene que ir preso. Esto viene a cortar con la impunidad que siente la gente todos los días", cerró.