La motosierra avanza: el Gobierno recortará subsidios a 15 mil usuarios de luz de Puerto Madero y barrios cerrados del AMBA

El Gobierno nacional anunció la exclusión de 15.518 usuarios de Puerto Madero, en la Ciudad de Buenos Aires, y de countries, clubes de campo y barrios cerrados del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) del régimen de subsidios energéticos. La medida, que será oficializada en el Boletín Oficial, responde a la detección de que estos hogares, pese a su alto poder adquisitivo, se habían registrado como de ingresos bajos (44%) o ingresos medios (56%) en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE).

La Secretaría de Energía, a cargo de María Tettamanti, refirió que los usuarios afectados tienen consumos eléctricos comparables a los de una pyme, duplicando o triplicando el promedio nacional de 250 kWh mensuales, incluyendo gastos como piletas climatizadas. El análisis se realizó mediante Sistemas de Información Geográfica (GIS) y bases de datos de ARBA y OPISU, confirmando que estos hogares poseen una capacidad contributiva que no justifica los subsidios. Adorni destacó que la medida pone fin a un "despilfarro" de USD 150.000 millones en subsidios durante los últimos 20 años, y subrayó que "la energía cuesta, y quien pueda pagarla, debe hacerlo".

En ese sentido, la decisión implica un recorte equivalente a más de $3.000 millones anuales, según informó el vocero presidencial, Manuel Adorni, en conferencia de prensa.

Puerto Madero es uno de los barrios más caros de la Ciudad de Buenos Aires.

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Entre los barrios cerrados afectados se encuentran Nordelta (donde el 10% de los hogares recibe subsidios), Santa Bárbara, Campo Grande, San Sebastián, Pilar del Este, La Martona, Fincas de Hudson, y Country Club del Banco Provincia, entre otros. Los usuarios serán recategorizados automáticamente y excluidos del RASE, pero podrán presentar un reclamo a través de la plataforma Trámites a Distancia (TAD) bajo el trámite "Solicitud de revisión de subsidios energéticos". Este procedimiento, con carácter de declaración jurada, requerirá que los afectados aporten pruebas que justifiquen su inclusión en el régimen de subsidios.

La medida se enmarca en el Período de Transición hacia Subsidios Energéticos Focalizados, establecido por el Decreto 465/2024, que busca priorizar a los sectores más vulnerables. En 2022, los subsidios energéticos alcanzaron $1,397 billones, pero en 2025 se redujeron a $252.000 millones, según datos oficiales. Esto resultó en que 1,8 millones de hogares perdieran los subsidios en los últimos nueve meses, pasando a pagar la tarifa plena. En mayo de 2025, la canasta de servicios públicos de un hogar promedio del AMBA, sin subsidios, llegó a $166.559, con $36.973 en electricidad, $36.374 en gas, $32.253 en agua y $62.958 en transporte, según el Observatorio de Tarifas y Subsidios IIEP (UBA-CONICET).

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Adorni aprovechó para criticar "privilegios" de algunos políticos, sin nombrarlo, en referencia al expresidente Alberto Fernández, residente de Puerto Madero. La medida refuerza el objetivo de orden fiscal del Gobierno de Javier Milei, que apunta a eliminar beneficios para quienes no los necesitan. "No hay justicia en un sistema que financia el consumo de altos ingresos con el dinero de los contribuyentes", afirmó la Secretaría de Energía. La recategorización automática y la apertura de un canal de revisión buscan garantizar una transición ordenada, mientras se espera que los usuarios afectados ajusten sus consumos a la nueva realidad tarifaria.