Parir en República Dominicana siendo Haitiana

Por Melina SCHWEIZER

Lourdia Jean Pierre tenía 32 años y cuatro hijos. El último no llegó a conocerla. Murió el 9 de mayo de 2025, desangrada en el piso de su casa en Pedro Sánchez, El Seibo, tras un parto sin asistencia. Su esposo -detenido junto al recién nacido horas después- no pudo hacer nada. No fue una negligencia médica ni una emergencia sin respuesta. Fue el miedo. Miedo a ser detenida, esposada, deportada. A cruzar el umbral del hospital provincial Teófilo Hernández sin papeles. A lo que toda migrante haitiana aprende pronto en República Dominicana: que parir puede costarte la vida, pero también el derecho a quedarte.

Su muerte no fue un secreto ni pasó desapercibida. En pocas horas, el horror recorrió la región. Más de 400 activistas, académicas, organizaciones feministas y colectivos de derechos humanos de América Latina, el Caribe y Europa firmaron un manifiesto sin eufemismos: lo llamaron crimen de Estado. Denunciaron que la política migratoria dominicana es feminicida, racista y violatoria de derechos fundamentales, y recordaron que desde 2012 existe una persecución sistemática contra mujeres haitianas embarazadas. La fecha del comunicado -11 de mayo, Día de las Madres en varios países- reforzó el mensaje: en la isla, la maternidad está bajo amenaza si se nace del lado haitiano.

El manifiesto dijo en voz alta lo que muchas ya sabían, pero que el cuerpo de Lourdia obligó a gritar: hay mujeres desalojadas y deportadas incluso desde salas de parto. Lo más brutal fue que, tras su muerte, el Estado actuó con la misma lógica que la empujó a morir. El padre del bebé y el recién nacido fueron detenidos y entregados a la Dirección General de Migración para su repatriación inmediata. No hubo duelo. Hubo operativo. La política migratoria no se detuvo ni ante un cuerpo tibio.

Fue un vecino quien la encontró, horas después. Grabó la escena. Subió el video. Y ahí empezó a circular la verdad: una mujer muerta por miedo, sola, sangrando en una casa humilde, mientras su hijo recién nacido era arrestado. Las redes sociales estallaron. La etiqueta #JusticiaParaLourdia se viralizó. La comunidad haitiana y parte de la sociedad dominicana alzaron la voz. Exigieron explicaciones, renuncias, cambios. Pero el silencio oficial fue más ensordecedor que cualquier comunicado.

El presidente Abinader no habló. A la fecha, no ha pronunciado públicamente el nombre de Lourdia Jean Pierre. En cambio, sus portavoces repitieron el guión habitual: que hay una crisis migratoria, que el sistema debe ordenarse, que los recursos estatales deben priorizar a los dominicanos. El Servicio Nacional de Salud y la Dirección General de Migración lamentaron la muerte... en privado. Ningún funcionario se hizo responsable en cámara. Ninguna voz oficial se quebró.

Mientras tanto, cientos de mujeres haitianas siguen en la misma situación que Lourdia, optan por parir en casas precarias, lejos de las camas limpias, por temor a que el hospital se convierta en la antesala de una deportación. La pedagogía del terror ha sido eficaz. "A Lourdia la mató el miedo", escribió el colectivo afrofeminista Aquelarre de Negras. "Y ese miedo se lo infundió el Estado." Lo dijeron con dolor, pero también con furia. Porque saben que no fue un caso aislado. Fue un mensaje.

Derecho a la salud vs. control migratorio

El caso de Lourdia Jean Pierre no ocurrió en el vacío. Su muerte fue la confirmación brutal de un sistema que ya estaba en marcha. El 19 de abril de 2025, el presidente Luis Abinader anunció un paquete de quince medidas contra la migración haitiana, que incluía un nuevo protocolo hospitalario para personas extranjeras. Entró en vigor apenas cuatro días después. Desde entonces, cualquier persona migrante que acuda a un hospital público en República Dominicana debe presentar tres documentos obligatorios: una identificación oficial, una carta de trabajo que acredite estatus migratorio regular y un comprobante de domicilio. De lo contrario, se le atiende solo en emergencia... y luego se le deporta. Esa es la secuencia institucionalizada. Así opera la biopolítica negativa.

Para garantizar el cumplimiento del protocolo, el gobierno colocó inspectores migratorios permanentes en los hospitales más importantes, con apoyo militar en las entradas. También impuso tarifas especiales para extranjeros no residentes, eliminando en la práctica la gratuidad del sistema de salud para la población migrante. En su primer día, 87 mujeres haitianas fueron detenidas -48 embarazadas y 39 puérperas- junto con 48 bebés. Algunas habían sido intervenidas quirúrgicamente horas antes. Fueron trasladadas directamente desde las salas de parto al centro de detención de Haina, y de allí al paso fronterizo de Elías Piña.

"En República Dominicana, la salud pública ya no es un derecho"

Periodistas de Agence France-Presse (AFP) y Agencia EFE (principal agencia de noticias de España y una de las más importantes en el mundo hispanohablante), registraron escenas tan impactantes como inverosímiles: mujeres con bebés recién nacidos en brazos, subidas a camionetas de Migración sin haber siquiera terminado el postparto. En el hospital San Lorenzo de Los Mina, una parturienta fue detenida estando aún en trabajo de parto. Las autoridades lo niegan. Los testigos lo confirman. Las ONGs lo documentan. El ministro de Salud, Dr. Víctor Atallah, defendió el protocolo como una estrategia de eficiencia presupuestaria. Según él, la presencia de mujeres haitianas en salas de parto se redujo en más de un 30% desde su implementación. Para las autoridades, eso es una victoria. Para los movimientos de derechos humanos, una evidencia del miedo. El Colegio Médico Dominicano, en voz de su presidente Waldo Ariel Suero, expresó reparos: no por la política migratoria en sí, sino porque no se consultó a los gremios y no se contemplaron excepciones humanitarias. Pero incluso esa crítica parte de una idea compartida: que los hospitales deben limitarse a "los nuestros".

La narrativa gubernamental es clara: los recursos son escasos, la frontera está desbordada y las parturientas haitianas representan una amenaza para la sostenibilidad del sistema. Entre 2018 y 2021, los partos de mujeres haitianas pasaron de 14,700 a más de 30,000 anuales. Esa estadística, repetida hasta el hartazgo, ha sido utilizada para construir un enemigo interno: el útero haitiano. Las mujeres gestantes se transforman así en cuerpos sospechosos, sujetos a vigilancia, captura y expulsión.

Organismos como Amnistía Internacional y la Organización Internacional para las Migraciones han condenado estas prácticas. El 22 de abril, solo un día después del inicio del protocolo, la OIM documentó 416 deportaciones en Belladère, Haití: 11 eran mujeres embarazadas; 16, madres lactantes. Lo llaman crisis. Pero no es una crisis: es un proyecto político. Un sistema cuidadosamente diseñado para disuadir, castigar y eliminar simbólicamente a quienes se considera una carga.

En República Dominicana, la salud pública ya no es un derecho: es una herramienta de control migratorio. Y ese control se ejerce con bisturí, con uniforme, con ley. En nombre de la soberanía, se mata. En nombre de la eficiencia, se deja morir. Y todo esto ocurre con respaldo popular, legitimado por medios, justificado por cifras y sostenido por un Estado que ya decidió a quién está dispuesto a cuidar... y a quién no.

La situación presenta una clara colisión entre dos marcos normativos: por un lado, las obligaciones del Estado dominicano en materia de salud y derechos humanos; por otro, las políticas migratorias que priorizan el control fronterizo y la soberanía estatal. Esta tensión ha sido señalada por juristas y organismos internacionales.

En materia de salud, República Dominicana se ha comprometido a garantizar el acceso universal y no discriminatorio a los servicios sanitarios. El derecho a la salud está consagrado en instrumentos como la Constitución de la Organización Mundial de la Salud y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (art. 12), así como en la propia Constitución dominicana. Estos marcos imponen al Estado el deber de brindar atención médica continua, accesible y libre de discriminación por nacionalidad, raza u otra condición.

Asimismo, el derecho a la vida -reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos- se ve directamente vulnerado cuando una persona muere por falta de asistencia médica. Casos como el de Lourdia Jean Pierre evidencian cómo la negación o el temor a buscar atención atenta contra el derecho más básico: el de vivir. El derecho a una maternidad segura y a no morir por causas prevenibles en el parto forma parte de las obligaciones estatales según la OMS y la Organización Panamericana de la Salud que impulsan programas para reducir la mortalidad materna sin distinción de origen.

Por otro lado, las autoridades dominicanas invocan la Ley General de Migración 285-04 y el principio de soberanía para justificar la deportación de extranjeros en situación irregular, incluso en entornos hospitalarios. El discurso oficial resalta la "seguridad nacional" y la sostenibilidad económica: se argumenta que la migración haitiana desbordada pone en riesgo los servicios públicos y que el Estado dominicano "no puede cargar con los problemas de Haití". Este razonamiento ha derivado en medidas que privilegian el control migratorio por encima de otros derechos, creando una especie de estado de excepción sanitario: se estabiliza al paciente, pero se le niega continuidad de cuidados y se procede a su expulsión.

Sin embargo, estas políticas contradicen normas jurídicas nacionales e internacionales. El Reglamento de Aplicación de la Ley de Migración (Decreto 631-11) prohíbe expresamente la deportación de personas vulnerables, incluidas mujeres embarazadas, personas mayores y menores de edad. Además, el Protocolo de Entendimiento bilateral entre RD y Haití de 1999 ratifica la prohibición de deportar a mujeres en estado de gestación. Al ejecutar deportaciones de parturientas, las autoridades estarían incumpliendo su propia normativa, como ha señalado el Observatorio de Migraciones y Movilidades Humanas en el Caribe. Cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) cuestionó estas prácticas, el gobierno dominicano negó estar violando la ley, argumentando en 2012 que "no existe evidencia" de deportaciones inmediatamente postparto con separación del recién nacido.

No obstante, el caso de Lourdia -quien murió por evitar el hospital- y otros registrados entre 2023 y 2025 desmienten esa afirmación. La CIDH ha instado a República Dominicana a "asegurar el acceso universal a servicios de salud, en particular para mujeres haitianas embarazadas, sin miedo a represalias migratorias", recordando que la protección de la vida y la integridad debe prevalecer. La ONU, por su parte, también ha condenado estas prácticas. En septiembre de 2023, un grupo de Relatores Especiales expresó su alarma por "arrestos, detenciones y deportaciones de mujeres migrantes haitianas embarazadas o con bebés, incluso directamente desde hospitales", clasificándolos como tratos crueles e instando a su cese inmediato.

Diversos organismos han subrayado el principio de no devolución (non-refoulement), que prohíbe devolver personas a contextos donde su vida o derechos fundamentales corren peligro. En Haití, la violencia armada y el colapso del sistema sanitario son ampliamente reconocidos; el propio Consejo de Seguridad de la ONU ha pedido solidaridad. A pesar de ello, el gobierno dominicano sostiene que el non-refoulement "no aplica en este caso, ya que [los haitianos deportados] no son perseguidos políticos ni minorías étnicas, sino personas que huyen de pobreza e inseguridad por las cuales RD no tiene responsabilidad".

Experiencias de las migrantes haitianas: miedo y exclusión sanitaria

Las vivencias diarias de las personas haitianas en República Dominicana revelan el profundo impacto humano de estas políticas. Desde la entrada en vigor del protocolo migratorio hospitalario, muchos migrantes han optado por no buscar atención médica por temor a la deportación. "Antes teníamos los hospitales; ahora, nos queda Dios", resume con amarga ironía una joven haitiana entrevistada en Santo Domingo. Esta frase refleja la realidad de comunidades enteras que sienten que el sistema de salud pública, antes su tabla de salvación, se ha vuelto inaccesible y hostil.

Testimonios recogidos en medios locales dibujan un panorama de temor generalizado. Ovilme Feguens, un migrante haitiano de 26 años sin papeles, afirma que si enfermara preferiría recurrir a clínicas privadas antes que arriesgarse a ir a un hospital público. Aunque las clínicas son mucho más costosas, representan una "vía segura" para quienes temen los operativos migratorios. De hecho, se ha reportado un aumento inusual de pacientes haitianos en clínicas populares y consultorios privados de bajo costo: por ejemplo, la clínica Dr. Cruz Jiminián en Santo Domingo indicó que atiende cada vez más haitianos dispuestos a pagar entre 500 y 2,500 pesos dominicanos por consultas o partos, "antes que arriesgarse a la deportación".

Asimismo, fundaciones benéficas locales han visto crecer la afluencia de niños haitianos en sus programas de salud comunitaria, constatando que "no se puede dejar de atenderlos" y redoblando esfuerzos para suplir el vacío. Paradójicamente, algunos centros de asistencia gratuita manejados por la Iglesia y ONG reportan una baja en consultas de haitianos desde abril, atribuyéndolo al miedo a la deportación, aun cuando esas instituciones no solicitan documentos. Esto sugiere un efecto de pánico generalizado, donde muchos migrantes evitan cualquier entorno médico, aunque sea seguro, por la desconfianza instalada.

En las comunidades haitianas de distintas provincias, el impacto emocional y social es palpable. Mujeres embarazadas haitianas, que antes acudían a chequeos en maternidades dominicanas (donde en algunos casos recibían trato amable e intérpretes criollos), ahora se esconden o postergan las consultas. Algunas optan por "parir en casa con comadronas" o familiares, reviviendo prácticas de parto domiciliario sin las condiciones adecuadas, lo que incrementa el riesgo de complicaciones severas.

Las familias haitianas describen un clima de ansiedad: cada dolor o síntoma se enfrenta con dilemas difíciles ("¿Vamos al hospital o esperamos a ver si mejora en casa?"). Un trabajador haitiano en Santiago, con más de 20 años en el país, confesó: "Si me duele algo, me aguanto. Si voy [al médico], me deportan". Esta autocensura no solo deteriora la salud individual, sino que podría tener implicaciones de salud pública, por ejemplo, si personas con enfermedades contagiosas evitan ser diagnosticadas o tratadas. El miedo a la separación familiar también pesa en las decisiones.

Muchas mujeres haitianas en RD tienen hijos dominicanos (nacidos antes de la reforma constitucional de 2010, o aunque no obtengan ciudadanía, sí nacidos en suelo dominicano) y parejas en el país. Al difundirse historias de madres deportadas sin sus hijos o de padres detenidos cuando acuden con sus familiares al hospital, cunde el terror de romper los lazos familiares. Tras la muerte de Lourdia, se supo que su esposo y su recién nacido fueron deportados juntos, pero se han denunciado otros casos donde la madre fue expulsada y el bebé, por haber nacido en RD, quedó bajo custodia de servicios sociales o familiares lejanos. Ese desenlace es pavoroso para las migrantes: significa perder no solo la salud, sino también a sus hijos. En bateyes y barrios con alta población haitiana, se comenta en voz baja la consigna de "no vayas al hospital si no tienes papeles", generando una autoexclusión sanitaria. Líderes comunitarios haitianos intentan organizar redes de apoyo para emergencias obstétricas que evitan llamar a ambulancias dominicanas, optando por trasladar a pacientes a clínicas de compatriotas o iglesias. Sin embargo, estas iniciativas informales difícilmente reemplazan un sistema de salud formal.

El impacto psicológico en las mujeres migrantes es significativo. Testimonios de trabajadoras sociales indican altos niveles de estrés, depresión y miedo entre las embarazadas haitianas. Muchas reportan insomnio, temor constante a ser delatadas si acuden al médico, y sentimientos de discriminación y desamparo. Algunas han considerado regresar temporalmente a Haití para dar a luz, pese a la crisis, valorando que tal vez sea menos peligroso que parir en RD bajo estas condiciones. Otras se resignan a un aislamiento forzado. Estas situaciones también afectan a la comunidad dominicana circundante: médicos y enfermeras locales han reportado tristeza y dilemas éticos al ver pacientes que "huyen del hospital" o que llegan "demasiado tarde, casi muriendo, por el miedo".

Hay personal de salud que, en solidaridad, ha colaborado extraoficialmente para esconder a pacientes haitianas en salas o brindar cuidados post-alta en casas de refugio, arriesgándose a sanciones. Las experiencias de los migrantes revelan que la política actual ha creado un clima de terror sanitario. Donde antes existía cierta confianza en el sistema de salud dominicano (que, con carencias, atendía a todos), ahora prevalece la desconfianza y el alejamiento. Esto no solo es un drama humano para quienes sufren enfermedades evitables en silencio, sino un retroceso en años de integración comunitaria. La salud, que debería ser un puente de humanidad, se ha convertido en una herramienta de exclusión, con profundas secuelas emocionales, familiares y sociales para la población haitiana migrante.

Lo más inquietante es que estas medidas cuentan con fuerte respaldo en sectores de la población dominicana. Las autoridades justifican el protocolo apelando a la "saturación" del sistema y a la necesidad de que "los dominicanos tengan prioridad". Esta narrativa, que mezcla soberanía con escasez, ha calado hondo en la opinión pública. Las cifras oficiales citadas por el gobierno señalan que más del 30% de los partos en hospitales públicos fueron de mujeres haitianas en los últimos años. Ese dato -extraído sin contexto, sin considerar aportes económicos, condiciones laborales o vínculos familiares- se utiliza para legitimar el rechazo y la exclusión. La lógica estatal no es solo legal: es también simbólica. Construye a la mujer haitiana como amenaza biológica, cuerpo excedente, intrusa reproductiva.

En este contexto, la necropolítica no es solo una herramienta de control, sino una pedagogía del miedo. Las migrantes aprenden rápido que su útero está vigilado, que su parto puede ser castigo, que su cuerpo no es bienvenido ni siquiera en el umbral del hospital. Cuando ese miedo las lleva a evitar la atención médica, el Estado se lava las manos. Pero sus manos están manchadas de sangre. Parir en República Dominicana siendo haitiana es quedar atrapada entre dos violencias: la frontera externa que niega la entrada y la interna que deja morir por dentro. Ambas se aplican en nombre de la ley, el orden y una república que, para muchas mujeres negras y extranjeras, ha dejado de ser humana.

Comparación regional de acceso a salud pública para migrantes (2025)

Fuentes: Elaboración propia a partir de informes de Amnistía Internacional, OIM, CIDH, medios oficiales y legislación nacional vigente en cada país (consultados en mayo de 2025).

Esta comparación permite apreciar que República Dominicana se ha alineado con las políticas más restrictivas de la región en cuanto a vincular la atención en salud con el estatus migratorio. Mientras países como EE.UU., México, Colombia y Chile mantienen al menos la separación entre la prestación de salud y la coerción migratoria (priorizando la atención de urgencias sin temor inmediato a deportación), la República Dominicana ha roto ese paradigma al combinar la asistencia médica con operativos de detención y expulsión. Incluso naciones que están revisando sus políticas (como Argentina con su reciente anuncio de cobrar a extranjeros) no han llegado al punto de detener migrantes en pleno hospital. Cabe resaltar que cada país enfrenta realidades distintas: en Estados Unidos y México predominan las barreras económicas y administrativas más que policiales; en Colombia se hizo un esfuerzo humanitario significativo para incluir a migrantes; Chile y Argentina históricamente apostaron por la universalidad (aunque con tensiones políticas recientes en Argentina). República Dominicana, por su parte, justifica sus medidas por la magnitud relativa de la migración haitiana y su argumento de soberanía; sin embargo, a ojos de la comunidad internacional sus acciones resultan desproporcionadas y contrarias a obligaciones esenciales (como veremos en el análisis crítico siguiente).

Análisis crítico: salud pública entre biopolítica y necropolítica

Desde una perspectiva teórica crítica, la situación en República Dominicana puede entenderse a través de los conceptos de biopolítica y necropolítica, que analizan cómo el poder decide sobre la vida y la muerte de poblaciones. El filósofo Michel Foucault definió la biopolítica como el conjunto de estrategias mediante las cuales el Estado administra la vida de las poblaciones (salud, natalidad, control demográfico), distinguiendo qué vidas deben ser fomentadas y cuáles pueden ser dejadas de lado. Achille Mbembe, a su vez, desarrolló la idea de necropolítica para describir cuando el poder soberano decide explícitamente quién puede vivir y quién debe morir, o más precisamente, quién es expuesto a una muerte temprana o a condiciones de muerte en vida, como forma de control y subyugación .

Aplicando estas nociones, las políticas migratorias dominicanas recientes -y en especial el protocolo hospitalario de 2025- representan una forma extrema de biopolítica negativa o necropolítica hacia la población haitiana. Al exigir documentos imposibles de obtener para la mayoría de migrantes indocumentados y condicionar la atención médica a la amenaza de deportación, el Estado dominicano envía un mensaje claro sobre qué vidas importan y cuáles se consideran sacrificables en pos del orden político. En la práctica, se está diciendo que la vida de una mujer haitiana embarazada en situación irregular vale menos que la protección de las fronteras y los recursos estatales. Al dejarla en la disyuntiva de atenderse y arriesgar su libertad/familia, o preservar su integridad migratoria a costa de la salud, el Estado está ejerciendo un poder soberano sobre su cuerpo y su supervivencia. La muerte de Lourdia Jean Pierre ilustra cómo está necropolítica se materializa: ante el miedo inculcado, ella eligió protegerse de la ley migratoria antes que proteger su vida - una decisión trágicamente racional en ese contexto de terror institucional, pero que le costó la existencia. Su fallecimiento es, simbólicamente, el resultado de una política que "decidió que podía morir".

Un colectivo de intelectuales describió esta situación como "violencia estructural e institucional" y la calificó de feminicidio de Estado, resaltando que son principalmente mujeres (parturientas) quienes sufren las consecuencias letales. La combinación de misoginia, racismo y xenofobia señalada en el manifiesto internacional tras la muerte de Lourdia corresponde a una lógica necropolítica: se construye al otro (mujer, negra, haitiana, pobre) como una amenaza o una carga, y se normaliza que su muerte "no trascienda a la opinión pública". Es decir, se vuelve invisible o justificable. Como observan analistas internacionales, en República Dominicana se ha desarrollado una doctrina anti-haitiana donde incluso dominicanos de ascendencia haitiana son vistos como "peligro para la soberanía", consolidando elementos de negación de derechos básicos .

En este marco ideológico, las políticas de salud no escapan: más bien, se pliegan a esa visión de exclusión racializada. La necropolítica migratoria dominicana se expresa, según el periodista Alberto Pierre, en "un conjunto de formas de violencia y discriminación que buscan excluir y marginar a las comunidades haitianas, negarles sus derechos y recursos básicos, y en algunos casos llevarlas a la muerte a través de la negligencia" . Negar o obstaculizar el acceso a la salud es una forma de "dejar morir" (letting die) que encaja con este concepto. No se está asesinando directamente, pero se configura un entorno donde la muerte de migrantes por desatención se vuelve altamente probable. Más aún, la respuesta estatal posterior lejos de asumir responsabilidad- suele ser la indiferencia o incluso la justificación (recordemos que el canciller dominicano llegó a insinuar que no había pruebas de muertes por deportaciones, pese a los casos denunciados ). Esa actitud de "ver, oír y callar" ante el sufrimiento de los haitianos, permitiendo que sigan siendo víctimas, es parte intrínseca de la necropolítica. La salud, en vez de ser garantizada, se convierte en otra frontera: se le niega al migrante el derecho a sobrevivir y a cuidar su cuerpo, empujándolo a un estado de vulnerabilidad extrema.

Esta situación también puede analizarse como una manifestación del bio-poder selectivo: el Estado dominicano protege y optimiza la salud de ciertos cuerpos (los ciudadanos "legítimos") mientras expone a otros cuerpos (los "ilegítimos") al deterioro y la muerte. Es un ejercicio de soberanía que define quién pertenece al cuerpo político y quién puede ser descartado. Ello tiene paralelos históricos con políticas de salud discriminatorias -por ejemplo, regímenes que negaban atención a grupos étnicos marginados-, con la diferencia de que aquí opera bajo la capa de la legalidad migratoria en un contexto democrático. Desde el punto de vista de la salud pública, esta estrategia necropolítica es contraproducente y peligrosa.

El miedo a la deportación ha llevado a bajas drásticas en la atención preventiva de una parte de la población (lo cual puede elevar indicadores nacionales de enfermedades no controladas, partos sin asistencia, mortalidad materno-infantil, etc.). Así, paradójicamente, el intento de "ahorrar recursos" evitando atención a extranjeras puede terminar comprometiendo la salud colectiva: por ejemplo, una mujer que no recibe control prenatal puede sufrir una emergencia obstétrica más costosa o un bebé con complicaciones que requerirá más cuidados intensivos; o un paciente con tuberculosis que no se trata por miedo puede contagiar a otros.

La biopolítica estatal, obsesionada con la frontera, descuida estas interdependencias sanitarias. Otro ángulo crítico es considerar estas políticas como una forma de violencia de género institucional. La mayoría de las personas directamente afectadas (detenidas en hospitales) son mujeres embarazadas o puérperas. Tratar a una mujer en pleno trabajo de parto como una delincuente (deteniéndola esposada, como algunos testimonios relatan) o deportarla recién parida sin haber sanado es una violación a su dignidad y a estándares básicos de derechos humanos (como la prohibición de tratos crueles o inhumanos).

La OMS y organismos como UNICEF han establecido que la atención perinatal respetuosa es un derecho, y que ninguna mujer debe ser sometida a estrés indebido en el parto. En RD, esas directrices quedan subordinadas a la lógica punitiva: se prioriza la "seguridad" sobre el bienestar de la madre y el recién nacido, lo cual puede calificarse de necro-violencia de género, al desproteger intencionalmente a este grupo. De hecho, tras la redada en la Maternidad de Los Mina el 21 de abril, observadores de ONU Mujeres señalaron que el estado dominicano podría estar incurriendo en violencia institucional contra la mujer, tipificada incluso en leyes nacionales, por obstaculizar el acceso a servicios de salud materna.

Las políticas actuales configuran una biopolítica excluyente donde la frontera migratoria penetra el campo sanitario, y una necropolítica donde las vidas de migrantes haitianas se ponen en riesgo deliberado. Esto no solo contradice obligaciones legales, sino que revela una jerarquización de vidas inaceptable éticamente: unas merecedoras de cuidado y otras consideradas desechables.

El caso de Lourdia Jean Pierre ha expuesto dolorosamente las tensiones entre el control migratorio dominicano y el derecho universal a la salud. Su historia -y las de muchas otras mujeres haitianas- nos obliga a reflexionar críticamente sobre las políticas vigentes. La República Dominicana enfrenta el desafío de replantear su aproximación, recordando que los sistemas de salud existen para salvar vidas, no para vigilar estatus migratorios. En última instancia, la fortaleza de una nación se mide también por cómo trata a los más vulnerables dentro de su territorio. Reorientar las políticas hacia la protección de la dignidad y la vida de todas las personas -sin importar su nacionalidad- no solo honraría los compromisos de derechos humanos, sino que afirmaría los valores de compasión y justicia que deben guiar cualquier sociedad verdaderamente humana.