"Ante el nuevo ataque del Gobierno Nacional al trabajo y la producción de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, las organizaciones sindicales y sociales expresamos nuestro rechazo absoluto y exigimos la marcha atrás de todas las medidas que atentan contra la industria, los puestos laborales y la dignidad de miles de familias", declararon los gremios en un comunicado. Criticaron el plan económico de Milei, afirmando que "asfixia la producción, amenaza a la industria y hace peligrar miles de puestos de trabajo".
Los sindicatos denunciaron que la eliminación de aranceles a productos electrónicos y la reducción de impuestos internos a televisores y aires acondicionados, anunciadas esta semana, representan un "devastador ataque" que podría causar la pérdida de más de la mitad de los empleos en la industria fueguina. Acusaron al Gobierno de ceder a las "imposiciones del FMI" a cambio de un préstamo que sostiene un plan económico "insostenible", favoreciendo a un "minúsculo sector" mientras profundiza el "hambre" y la "miseria" de las mayorías.
El Gobierno de Milei impulsa una reducción progresiva de aranceles e impuestos para dispositivos electrónicos, con el objetivo de fomentar la competencia y bajar precios en el mercado interno. La primera etapa, que entrará en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial, reducirá el arancel de importación de celulares del 16% al 8%. La segunda etapa, a partir del 15 de enero de 2026, eliminará este tributo por completo, una medida que los gremios consideran una amenaza directa a la industria local.
En su comunicado, los sindicatos reafirmaron su compromiso con la lucha: "Hoy le decimos basta a un plan que apunta a la especulación financiera y a la depredación de nuestras riquezas naturales en favor de intereses extranjeros." La fuerza laboral de Tierra del Fuego, representada por gremios, organizaciones obreras y sociales, se declaró en "pie de lucha" contra un Gobierno al que califican de "entreguista". El paro total del 21 de mayo será un reflejo de esta resistencia, en defensa de los empleos y la soberanía de la provincia.
La industria fueguina, un pilar económico de la región, enfrenta un futuro incierto ante estas medidas. Los sindicatos advierten que la baja de aranceles no solo afectará a los trabajadores, sino también a la economía local, que depende en gran medida de la producción electrónica. Mientras el Gobierno apuesta por la liberalización del mercado, los gremios exigen políticas que protejan la industria nacional y garanticen la dignidad de las familias fueguinas, en un contexto de creciente tensión social y económica.
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