Solicitan el "acceso urgente" a la información sobre el celular de Milman por el ataque a Cristina Kirchner

La querella de la vicepresidenta de la Nación en la causa que investiga el intento de asesinato que sufrió en septiembre del año pasado, pidió tener acceso "de modo urgente" a información llegada al juzgado sobre el teléfono celular del diputado Gerardo Milman, imputado en la causa. El planteo se hizo ante la jueza del caso, María Eugenia Capuchetti, tras que resolviera "mantener en una caja fuerte, en sobre lacrado y cerrado, información digital" relativa a Milman y enviada al fiscal del caso, Carlos Rívolo, por compañías de telefonía.

De esta manera, los representantes de Cristina Fernández de Kirchner, José Manuel Ubeira y Marcos Aldazábal, presentaron un "recurso de reposición" contra la decisión que tomó la jueza el 15 de septiembre último. Asimismo, le reclamaron que la anule porque "debe poner a disposición de las partes la información digital vinculada con Gerardo Milman de modo urgente. Verdaderamente, nos enfrentamos a situaciones insólitas. Recordamos, por si alguien lo olvidó que lo que aquí se investiga es un intento de asesinato contra la Vicepresidenta".

De acuerdo con lo que señala el escrito, la jueza tomó esa decisión porque las empresas de telefonía remitieron a pedido del fiscal información sobre los IMEI de celulares de Milman junto a un informe de sus llamados entrantes y salientes. "Lo que corresponde es que V.S deje sin efecto el burdo trámite que ordenó el 15 de septiembre y realice la ponderación del artículo 236 CPPN. Desde ya, aclaramos que el resultado de esa ponderación solo puede ser poner a disposición los datos", plantearon los letrados.

En tanto, la jueza remarcó que las empresas "Telefónica y Telecom no dieron una respuesta satisfactoria al pedido del fiscal, ya que no informaron si para remitir el tráfico de IMEI era necesario revelar información vinculada con llamadas o mensajes". Motivo por el cual, valoró que "la extralimitación" de las empresas oficiadas al responder los requerimientos del Ministerio Público Fiscal no podía "servir de pretexto para justificar la incorporación de pruebas inválidas".