30/04/2024

Negocios

Una empresa de internet y TV deberá pagarle más de un millón de pesos a un cliente por demorar en darle baja del servicio

La justicia bonaerense ha dictaminado una condena contra una empresa de internet y TV por cable, ordenándole pagar más de 1,3 millones de pesos a un usuario por no haber cancelado el servicio cuando fue solicitado.

La justicia de la provincia de Buenos Aires ha dictaminado una condena contra una empresa de internet y TV por cable, ordenándole pagar más de 1,3 millones de pesos a un usuario por no haber cancelado el servicio cuando fue solicitado. Además de la indemnización por daños y perjuicios, se impuso una multa civil debido a la "gravedad social" de este tipo de prácticas cuando son cometidas por grandes empresas.

La decisión fue tomada por el titular del juzgado Civil y Comercial Nº 4 de Lomas de Zamora, Roberto Jorge Forzati, el pasado 26 de abril, en respuesta a la demanda presentada por el abogado Matías Barnes Ruifernández en nombre del usuario contra Telecentro S.A.

El juez impuso una multa adicional de un millón de pesos a Telecentro, considerando que esta práctica representa una "gravedad social" debido al tamaño de la empresa y la cantidad de personas que podrían ser afectadas por estas acciones, según le indicó Barnes a Somos Télam.

El demandante afirmó que inició la acción legal debido a la actitud abusiva e indiferente de la empresa. Su objetivo era desalentar estas prácticas y alentar a los usuarios a no resignarse y reclamar judicialmente.


La demanda fue presentada en octubre de 2018, informó Sómos Telam, después de que la empresa no se presentara a varias audiencias de conciliación y continuara debitando el servicio a pesar de la solicitud de baja realizada por el cliente en enero de ese año.

El juez dictaminó que la empresa era totalmente responsable por los daños y perjuicios derivados de su incumplimiento, y fijó una indemnización de 1.311.000 pesos, que incluye un monto adicional por la multa civil.

Esta sentencia destaca la importancia de proteger los derechos de los consumidores y usuarios, y envía un mensaje claro a las empresas sobre las consecuencias de no cumplir con sus obligaciones contractuales y legales.

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