País. El Gobierno avanza con la privatización de AySA

El Ejecutivo nacional avanzó en las últimas horas con la puesta en marcha del proceso de privatización de una de las principales empresas públicas incluidas en la llamada Ley Bases, al ultimar los pasos formales para vender la mayoría del paquete accionario de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) a inversores privados. El anuncio se produce en medio de un calendario de desinversiones que el Gobierno pretende concretar a lo largo de 2026, tras la habilitación legal para transferir empresas públicas al sector privado.

De acuerdo con fuentes del Poder Ejecutivo, citadas por Infobae, el lanzamiento del pliego de privatización de AySA está "muy cerca" y se espera que sea publicado en el Boletín Oficial en las próximas semanas", con miras a que el proceso formal de licitación pueda comenzar antes de finalizar el primer trimestre del año.

El Gobierno argentino ya había avanzado en 2025 con normas que habilitan este procedimiento: el Decreto 494/2025, firmado por el presidente Javier Milei y su gabinete, autorizó la venta de la totalidad de las acciones en manos del Estado -que actualmente representan el 90% del capital social de la compañía- manteniendo el 10% restante dentro de un programa de propiedad participada para los trabajadores.

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Desde la Casa Rosada señalaron que la licitación prevé la adjudicación de un paquete mayoritario de acciones (mínimo 51%) a un operador estratégico, el cual asumiría las principales decisiones operativas de la empresa, mientras que el remanente podría colocarse en los mercados financieros mediante un esquema de "free float", en bolsas y mercados del país.

"Está muy cerca de lanzarse el pliego de la privatización", afirmaron voceros oficiales, aunque aún no se definió una fecha exacta para la publicación del llamado a licitación.

El proyecto prevé la adjudicación del 51% del paquete accionario a un operador estratégico.

La convocatoria está siendo coordinada por el Ministerio de Economía y la Agencia de Transformación de Empresas Públicas (ATEP), bajo la supervisión legal de la Secretaría de Legal y Técnica de la Presidencia. Ambas áreas realizan las últimas evaluaciones jurídicas y administrativas junto al equipo de trabajo designado para garantizar que el proceso cumpla con los requisitos formales.

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Para participar en la licitación no será obligatorio que las empresas interesadas pertenezcan exclusivamente al sector de distribución y saneamiento de agua: podrán aplicar compañías con experiencia en servicios públicos acreditada, lo que busca ampliar la competencia por el paquete accionario. Según fuentes oficiales, ya se recibieron cartas de intención de varias empresas, tanto nacionales como extranjeras, aunque manteniendo reserva hasta la publicación formal del pliego.

La empresa AySA, que presta servicios de agua potable y saneamiento a más de 15 millones de personas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y numerosos partidos del Gran Buenos Aires, ha sido objeto de importantes ajustes previos a la privatización. Entre ellos se contó un Plan de Acción de Transición para el período 2024-2026, diseñado para preparar a la compañía de cara a la futura gestión privada, y un aumento de tarifas superiores al aplicado bajo la administración anterior.

El Gobierno también introdujo cambios regulatorios que impactan en la operativa de servicios, como la habilitación de la empresa para realizar cortes de suministro por falta de pago, una modificación incluida en el Decreto 805/2025 que redefinió el marco legal de AySA.

En paralelo al proceso de privatización de AySA, la Ley Bases comprende otras empresas públicas sujetas a desinversión, como Belgrano Cargas y Logística, Corredores Viales, Enarsa, Intercargo, Nucleoeléctrica, Trenes Argentinos Operaciones y Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), cuyas privatizaciones o transformaciones societarias se proyectan en distintos plazos.

La puesta en marcha de estas transferencias accionarias se da en un contexto donde el Ejecutivo busca acelerar la transformación del sector público y atraer capitales privados para modernizar servicios estratégicos, con la expectativa de que la licitación internacional y local por AySA genere competencia entre interesados y optimice condiciones de inversión a largo plazo.

El proceso de privatización de AySA marca así el primer avance concreto de un plan más amplio que el Gobierno proyecta para 2026, luego de que el marco legal de la Ley Bases habilitara la transferencia de empresas públicas a privados, en lo que constituye una de las iniciativas más relevantes de la actual gestión en materia de reformas económicas y desinversiones estatales.