País. La Iglesia contra la baja de la edad de punibilidad: "No resuelve el problema, lo profundiza"

La Iglesia Argentina formalizó su oposición a una iniciativa que busca reducir la edad de imputabilidad penal mediante un escrito dirigido a los legisladores nacionales, en el que advirtió que la propuesta "no resuelve el problema" de la delincuencia juvenil sino que "lo profundiza", según se desprende del texto dado a conocer este lunes. El documento fue firmado por Cáritas Nacional y las comisiones episcopales de Pastoral Carcelaria y Pastoral Social, y plantea objeciones tanto de fondo como de forma respecto de la iniciativa que se discute en el ámbito parlamentario.

En la carta, los firmantes afirmaron que "reducir la edad de imputabilidad no ha demostrado ser una política exitosa en términos de seguridad", y reclamaron que se prioricen políticas de salud mental y educación por sobre medidas de corte punitivo. El texto también cuestiona que la iniciativa "responde al oportunismo electoral" y que carece de un sustentado técnico claro que respalde su eficacia, tal como lo expusieron los representantes eclesiásticos en el escrito.

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El contenido del documento retomó líneas planteadas en el texto "Más oportunidades que penas", difundido por la Comisión Episcopal de Pastoral Social en 2025, y se apoyó en la experiencia de trabajo de la Iglesia en barrios populares, parroquias, escuelas, centros barriales y Hogares de Cristo, espacios en los que se atienden niños, adolescentes y jóvenes en contextos de vulnerabilidad social. Desde esa perspectiva, los firmantes sostienen que la medida propuesta por el Ejecutivo y promovida en el Congreso no aborda adecuadamente las causas estructurales de la conflictividad juvenil.

El rechazo eclesiástico se produce en plena discusión parlamentaria sobre el Régimen Penal Juvenil en el Congreso Nacional.

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"Bajar la edad no baja el delito. Más educación, más oportunidades, más esperanza", sintetiza la misiva, que además contó con el respaldo de organismos e instituciones como UNICEF, la Sociedad Argentina de Pediatría, asociaciones de psicólogos, psiquiatras, magistrados y defensores de los derechos de la niñez. Esta frase refleja el enfoque del escrito, que pone el énfasis en políticas sociales por encima de respuestas exclusivamente penales.

En otro tramo de la carta, la Iglesia reconoce que fue convocada al debate parlamentario sobre el Régimen Penal Juvenil, pero advierte que "a decir verdad, hemos sido 'escuchados'; sin embargo, no vemos reflejados nuestros aportes en el proyecto". Esta crítica apunta a lo que consideran una escasa inclusión de las propuestas y aportes técnicos realizados por las organizaciones especializadas y el propio episcopado.

Los obispos y representantes de Cáritas también señalaron que el uso de "dolor social con fines mediáticos o electorales" obstaculiza una discusión seria y profunda sobre las causas sociales de la delincuencia juvenil. En ese marco, el texto indica que, si bien el delito existe y no se propone la inacción, creen que es un error abordarlo mediante propuestas simplificadoras que no consideran las múltiples variables que están en juego.

Además, el documento destaca la falta de condiciones institucionales y presupuestarias para implementar de manera adecuada un régimen penal juvenil que contemple medidas alternativas y de contención. En este punto, la Iglesia se pregunta si el Estado tiene la capacidad de garantizar servicios de tratamiento psicológico, continuidad educativa, capacitación laboral, atención en salud mental y dispositivos adecuados para la reinserción social de adolescentes que han cometido delitos.

Desde una perspectiva científica y jurídica, la carta también recuerda que el desarrollo cerebral entre los adolescentes aún está en curso, especialmente en las áreas vinculadas al control de impulsos y la toma de decisiones, lo cual pone en duda la lógica de aplicar penas similares a las de adultos a menores en etapas tempranas de su crecimiento. En ese sentido, el documento rechaza expresiones como "delito de adulto, pena de adulto" y remarca que la intervención penal debe ser siempre la última respuesta cuando otros mecanismos de apoyo social y educativo han fracasado o no han estado disponibles.

Para concluir, los firmantes citan una frase atribuida al papa Francisco sobre la necesidad de no castigar penalmente a niños antes de que completen su desarrollo hacia la madurez, y reafirman que los adolescentes representan tanto un presente como una esperanza, frente a propuestas que tienden a estigmatizarlos socialmente. Desde este punto de vista, la solución para mejorar la seguridad juvenil, según la Iglesia, pasa por fortalecer la educación, la inclusión social y las políticas públicas sostenidas, en lugar de centrarse únicamente en cambios punitivos en la legislación.