Política. El Gobierno presentó un "per saltum" ante la Corte Suprema para frenar la suspensión de la Reforma Laboral

El Gobierno nacional decidió llevar directamente a la Corte Suprema de Justicia el conflicto por la reforma laboral al presentar un recurso extraordinario de per saltum, con el objetivo de dejar sin efecto la medida cautelar que suspendió la aplicación de varios artículos clave de la normativa.

La presentación fue realizada por la Procuración del Tesoro de la Nación, que solicitó la intervención directa del máximo tribunal sin pasar por instancias judiciales intermedias, en el marco del expediente vinculado a la Ley de Modernización Laboral. El planteo apunta a revertir la decisión del Juzgado Nacional del Trabajo N° 63, que había dispuesto la suspensión de decenas de artículos tras un planteo judicial impulsado por la CGT.

En el escrito, el Estado nacional pidió que se declare admisible el recurso y que se suspendan los efectos de la cautelar mientras la Corte Suprema analiza el caso de fondo. Además, reclamó que se revoque la resolución judicial al considerar que fue dictada por un juez que no tenía competencia para intervenir y que no existe un caso judicial válido ni legitimación colectiva que sustente la acción.

La ofensiva judicial del Gobierno se produce luego de que el juez laboral Raúl Horacio Ojeda hiciera lugar a una medida cautelar que dejó sin efecto, con alcance general, una parte sustancial de la ley aprobada por el Congreso. La resolución fue adoptada tras una presentación de la Confederación General del Trabajo, que solicitó la declaración de inconstitucionalidad de varios artículos por considerar que afectan derechos laborales protegidos.

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Desde la Procuración del Tesoro, el recurso sostiene que la suspensión de una ley nacional por parte de un tribunal de primera instancia configura una situación de "gravedad institucional", al entender que implica una interferencia en las atribuciones del Poder Legislativo y pone en discusión el principio de división de poderes. En ese sentido, argumenta que la intervención directa de la Corte Suprema es la única vía eficaz para resolver el conflicto y restablecer la vigencia de la norma.

La presentación fue realizada por la Procuración del Tesoro mediante un per saltum ante el máximo tribunal.

El Gobierno también solicitó que, mientras se tramita el recurso extraordinario, se disponga la suspensión de los efectos de la sentencia cuestionada y se restituya la plena vigencia de la reforma laboral, lo que permitiría que los artículos suspendidos vuelvan a aplicarse hasta que exista una definición definitiva del máximo tribunal.

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El mecanismo de per saltum utilizado por el Ejecutivo permite que la causa sea tratada directamente por la Corte Suprema, evitando el paso por instancias intermedias, y suele invocarse en casos considerados de alta trascendencia institucional. En este caso, la estrategia oficial busca acelerar los tiempos judiciales en un expediente que tiene impacto directo sobre la normativa laboral vigente.

El conflicto judicial se originó a partir de la sanción de la Ley 27.802, que introdujo modificaciones en el régimen laboral y que fue cuestionada por sectores sindicales. La CGT argumentó en su presentación que los artículos impugnados vulneran garantías constitucionales vinculadas a la protección del trabajo, la libertad sindical y el acceso a la justicia, lo que derivó en la medida cautelar que ahora el Gobierno intenta revertir.

Con este paso, la discusión sobre la reforma laboral queda planteada en el ámbito del máximo tribunal, que deberá resolver si mantiene la suspensión dictada por la Justicia laboral o si habilita nuevamente la aplicación de los artículos cuestionados mientras se define la cuestión de fondo.