Mundo. A 6 meses de su asunción, masivas marchas en Bolivia piden la renuncia del presidente Rodrigo Paz

La conflictividad social volvió a escalar en Bolivia durante los últimos días y puso al gobierno de Rodrigo Paz frente a uno de los escenarios más complejos desde el inicio de su gestión. Diversos sectores sociales profundizaron las protestas en distintas ciudades y rutas del país, con cortes de carreteras, movilizaciones y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad en medio de una crisis económica que continúa agravándose.

Las manifestaciones tuvieron uno de sus principales focos en la ciudad de El Alto, donde grupos de campesinos aimaras bloquearon vías urbanas y protagonizaron incidentes con la policía antimotines mientras exigían respuestas del Gobierno nacional. Las protestas se extendieron además a otros departamentos y regiones bolivianas, donde organizaciones sociales y sindicales comenzaron a coordinar medidas de presión contra la administración de Paz.

Entre los reclamos centrales de los manifestantes aparecieron pedidos de aumentos salariales, medidas para contener la inflación, mayor intervención estatal frente a la crisis económica y el rechazo a presuntas privatizaciones de empresas públicas. En algunos casos, los sectores movilizados también exigieron directamente la renuncia del presidente boliviano.

La situación social se desarrolla en un contexto de creciente deterioro económico. Bolivia enfrenta desde hace meses problemas de escasez de dólares, dificultades para garantizar el abastecimiento de combustibles y un fuerte incremento de precios que impacta sobre el costo de vida.

La crisis de combustibles se transformó en uno de los principales focos de tensión. Desde 2024, el país atraviesa sucesivos episodios de desabastecimiento de diésel y gasolina, situación que derivó en largas filas en estaciones de servicio, protestas de transportistas y complicaciones para distintos sectores productivos y comerciales.

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Según reportes oficiales y distintos análisis periodísticos, el Gobierno reconoció dificultades vinculadas a la falta de dólares necesarios para sostener las importaciones de combustibles. Esa situación obligó a implementar medidas de emergencia, entre ellas restricciones en el uso de vehículos estatales y cambios operativos en distintas áreas de la administración pública.

Campesinos, sindicatos y organizaciones sociales intensificaron las movilizaciones en Bolivia.

En paralelo, el Ejecutivo impulsó un programa de ajuste económico desde la llegada de Rodrigo Paz a la presidencia en noviembre de 2025. Entre las medidas anunciadas figuraron una reducción del gasto público del 30%, eliminación de impuestos y el fin de la subvención estatal a los hidrocarburos, una política histórica en Bolivia.

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La eliminación de subsidios a los combustibles provocó un fuerte aumento en los precios de la gasolina y el diésel y generó cuestionamientos de distintos sectores sociales por el impacto directo sobre el costo de vida y el transporte.

El clima de tensión se agravó además por la disputa política interna que atraviesa Bolivia. El expresidente Evo Morales volvió a ocupar un lugar central en la escena luego de que la Justicia ordenara su captura por no presentarse en un juicio por presunta trata de personas.

Morales denunció que el proceso judicial constituye una "persecución política" y convocó movilizaciones contra el Gobierno de Rodrigo Paz, al que acusó de impulsar políticas "neoliberales y privatizadoras".

En ese contexto, sectores vinculados al exmandatario anunciaron nuevas marchas hacia la ciudad de La Paz, donde confluyen además otras organizaciones sociales que mantienen reclamos salariales y económicos contra el Ejecutivo nacional.

La conflictividad también se vio alimentada por el rechazo a la denominada Ley 1720, una polémica reforma agraria impulsada por el oficialismo. La norma habilitaba la conversión voluntaria de pequeñas propiedades agrarias en medianas explotaciones y permitía utilizar la tierra como garantía financiera.

Diversas organizaciones campesinas e indígenas denunciaron que la iniciativa promovía la mercantilización de la tierra y favorecía a grandes sectores agroindustriales. Las protestas derivaron en marchas y bloqueos que se extendieron durante semanas en distintas regiones bolivianas.

Frente a la presión social, el Senado boliviano aprobó finalmente la derogación de la reforma agraria con el objetivo de descomprimir el conflicto. El presidente de la Cámara alta, Diego Ávila, confirmó que se trabajará en una nueva legislación consensuada con los sectores movilizados.

Pese a la anulación de la ley, las protestas continuaron y comenzaron a incorporar demandas más amplias vinculadas a salarios, inflación y estabilidad económica. Organizaciones sindicales y campesinas endurecieron además sus críticas al Gobierno nacional.

El gobierno de Rodrigo Paz asumió en noviembre de 2025 luego de imponerse en el balotaje presidencial y marcó un fuerte giro político respecto de las administraciones del Movimiento al Socialismo (MAS), que habían gobernado Bolivia durante casi dos décadas.

Desde su llegada al poder, el nuevo mandatario impulsó cambios económicos y administrativos que incluyeron reformas fiscales, modificaciones ministeriales y un rediseño de la estructura estatal. Algunas de esas decisiones generaron cuestionamientos de sectores sindicales, indígenas y organizaciones sociales históricamente vinculadas al MAS.

Mientras continúan las protestas, los bloqueos y las tensiones políticas, Bolivia atraviesa un escenario de creciente incertidumbre económica y social, con movilizaciones que se expanden en distintas regiones y una presión cada vez mayor sobre el gobierno de Rodrigo Paz.