8 de septiembre de 2026
La Policía Federal secuestró US$367.110 durante cinco allanamientos ordenados por el juez federal Sebastián Casanello en una causa que investiga presuntas coimas vinculadas a Tandanor. Los procedimientos se realizaron en cuatro domicilios de la Ciudad de Buenos Aires y uno de Mar del Plata.
La Policía Federal secuestró US$367.110 durante cinco allanamientos ordenados por el juez Sebastián Casanello.
La investigación tiene como principal involucrado a Julio Eduardo Gallé, exgerente comercial del astillero estatal Tandanor, y busca determinar si le habría exigido dinero al empresario Antonio Alejandro Napoleone, titular de Lucrimar SA, a cambio de condonarle una deuda que la compañía mantenía con el astillero.
La deuda rondaba los US$200.000 y, de acuerdo con la hipótesis de los investigadores, Gallé habría ofrecido hacerla desaparecer a cambio de un pago. La maniobra bajo investigación alcanzaría al menos los US$220.000.
Los cinco procedimientos fueron ordenados por Sebastián Casanello y estuvieron a cargo de efectivos de la Policía Federal. Cuatro allanamientos se realizaron en domicilios de la Ciudad de Buenos Aires, mientras que el restante tuvo lugar en Mar del Plata.
Durante los operativos, los investigadores secuestraron exactamente US$367.110. El dinero fue encontrado entre un domicilio particular y una caja de seguridad ubicada en el microcentro porteño.
Además de los dólares, los procedimientos permitieron encontrar documentación y distintos dispositivos electrónicos que ahora forman parte de la investigación judicial.
Entre los elementos secuestrados figura un recibo manuscrito por US$100.000 y $12,7 millones, además de cartas documento, extractos bancarios, comprobantes de transferencias y contratos.
También fueron incautados una notebook, una computadora, una tablet y tres teléfonos celulares, elementos que podrían ser analizados en el marco de la investigación para reconstruir el circuito de los pagos que se encuentran bajo sospecha.
El principal investigado es Julio Eduardo Gallé, quien se desempeñó como gerente comercial de Tandanor.
La Justicia busca determinar si Gallé le exigió dinero a Antonio Alejandro Napoleone, titular de Lucrimar SA, para condonar una deuda que la empresa mantenía con el astillero estatal.
Según la hipótesis que investiga la Justicia, la deuda de Lucrimar SA con Tandanor rondaba los US$200.000. Gallé habría ofrecido hacer desaparecer esa obligación a cambio de un pago.
La maniobra investigada alcanzaría al menos los US$220.000, aunque la investigación apunta a establecer con precisión el circuito del dinero y las responsabilidades que pudieran corresponder.
Durante los operativos también se secuestró un recibo manuscrito por US$100.000 y $12,7 millones.
La causa se inició a partir de una auditoría interna realizada en Tandanor luego de un cambio de autoridades.
Las irregularidades detectadas durante esa auditoría derivaron en una denuncia presentada por la propia empresa ante la Justicia.
En mayo, Sebastián Casanello delegó la investigación en la unidad especializada contra la corrupción de la Policía Federal. Desde entonces, los investigadores trabajan sobre la documentación y los elementos reunidos para intentar reconstruir el circuito de los pagos bajo sospecha.
Los allanamientos realizados ahora forman parte de esa investigación y permitieron incorporar dinero, documentación y dispositivos electrónicos al expediente.
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TANDANOR S.A.C.I. y N. es uno de los principales astilleros de la República Argentina y un referente regional en reparación y construcción de embarcaciones.
El paquete accionario de Tandanor pertenece en un 90% al Estado Nacional, mientras que el 10% restante corresponde a sus trabajadores. La empresa funciona bajo la órbita del Ministerio de Defensa de la Nación.
A su vez, Tandanor administra el Astillero Almirante Segundo Storni. Ambos conforman el Complejo Industrial y Naval Argentino (CINAR).
El astillero fue fundado el 10 de noviembre de 1879 bajo la denominación de Talleres Navales de Marina. A lo largo del siglo XX consolidó su actividad bajo el nombre de Arsenal Naval Buenos Aires y amplió su infraestructura y capacidad de reparación naval.
En 1971 se constituyó Tandanor bajo su actual denominación y posteriormente modernizó su infraestructura con la incorporación del sistema Syncrolift, lo que permitió ampliar de manera significativa su capacidad operativa.
En 2009 comenzó la reconstrucción y modernización del rompehielos A.R.A. Almirante Irízar, uno de los proyectos relevantes de su historia reciente.
Un año después, en 2010, se creó el Complejo Industrial y Naval Argentino (CINAR), que integró a Tandanor y al Astillero Almirante Storni.
De acuerdo con la información institucional de la empresa, Tandanor desarrolla actividades de reparación naval, construcción de buques y barcazas, trabajos de top side y servicios integrales para embarcaciones de gran porte, con operaciones destinadas tanto al mercado nacional como internacional.
Tandanor está ubicado en la zona portuaria de la Ciudad de Buenos Aires, sobre el Canal Sur del Estuario del Río de la Plata, en la Dársena Sur del Puerto de Buenos Aires.
El complejo cuenta con 34 hectáreas operativas y una infraestructura que incluye el Syncrolift más grande de Latinoamérica y los talleres Almirante Storni, que poseen 55.000 metros cuadrados cubiertos.
Su ubicación permite la conexión con la Hidrovía Paraguay-Paraná, el océano Atlántico y distintos puertos fluviales y marítimos de la región.
La investigación encabezada por Sebastián Casanello busca reconstruir el circuito de los pagos que se encuentran bajo sospecha y determinar las responsabilidades de las personas involucradas.
Los US$367.110 secuestrados durante los cinco allanamientos, junto con el recibo manuscrito, la documentación bancaria, los contratos y los dispositivos electrónicos encontrados, quedaron incorporados a las actuaciones.
Por el momento, la investigación se encuentra centrada en establecer si existió el pedido de dinero atribuido al exgerente comercial de Tandanor, cuál habría sido el circuito de los fondos y qué responsabilidades corresponden a cada uno de los involucrados.
La causa se inició a partir de una denuncia de la propia empresa después de una auditoría interna y continúa bajo investigación judicial.
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