MISIONES. Denuncian complicidad del Gobierno de Passalacqua en desalojos campesinos

Alrededor de 200 familias de San Pedro, Misiones, aseguran que efectivos de la Policía de Misiones ingresaron a las chacras junto a personal vinculado a Arauco y denuncian amenazas y procedimientos sin órdenes de desalojo exhibidas. La organización sostiene que 164 familias trabajan unas 2.300 hectáreas distribuidas en cinco parajes rurales de San Pedro.

El conflicto ocurre mientras avanza el debate nacional sobre los desalojos exprés y los mercados de carbono, dos cuestiones que los productores vinculan con la disputa territorial.

El conflicto por las tierras de San Pedro que enfrenta a familias campesinas con Arauco

En el municipio de San Pedro, Misiones, unas 164 familias nucleadas en la Comisión Vecinos Unidos por las Chacras denuncian una escalada de violencia en las parcelas donde producen alimentos. Los productores de los parajes Puerto Argentino 1, 2 y 3, Palmera Boca y San Juan Bosco sostienen que desde hace años enfrentan conflictos por la tenencia de las tierras con la empresa forestal Arauco.

Según el relevamiento presentado por la comisión ante autoridades provinciales, las familias trabajan unas 2.300 hectáreas, aunque aclaran que una parte importante de esa superficie permanece cubierta por monte nativo. En esas parcelas cultivan alimentos y crían animales para sostener sus economías familiares.

El presidente de la comisión, Diego Antúnez, denunció que personal de Arauco ingresó a las chacras acompañado por efectivos policiales y que se produjeron amenazas, detenciones e incendios de viviendas. "El gobierno de Misiones no nos da seguridad y nuestras vidas corren peligro con Arauco", afirmó.

La Voz de Misiones informó que, tras los últimos episodios, representantes de las familias viajaron a Posadas y mantuvieron una reunión con el subsecretario de Tierras y Colonización, Daniel Behler, mientras también presentaron una denuncia en la Jefatura de Policía.

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Denuncias por incendios, detenciones y amenazas en las chacras de Misiones

Uno de los episodios denunciados ocurrió a fines de agosto, cuando Antúnez aseguró que su vivienda fue incendiada. Días después, Cristian Dos Santos, productor de Puerto Argentino 3, denunció que dos construcciones ubicadas dentro de su chacra fueron quemadas.

Dos Santos relató que días antes había recibido la visita de policías acompañados por personal que identificó como perteneciente a Arauco. Según su testimonio, le exigieron que abandonara la vivienda y dejara de trabajar la tierra bajo amenaza de ser detenido.

El productor asegura que posee unas 18 hectáreas, aunque utiliza aproximadamente tres para cultivar maíz y poroto, además de mantener caña, frutales y mandarinas. El resto de la superficie, sostiene, permanece como monte nativo.

Otro de los episodios denunciados ocurrió en el paraje San Juan Bosco, donde productores aseguraron haber sido interceptados por efectivos de la Unidad Regional XIV de la Policía de Misiones. Según la denuncia presentada ante la Fiscalía de Instrucción N.º 1 de San Pedro, Juan Ramón Ostapiuck, su hijo de 16 años, Julio Ayala y Julián Ayala fueron detenidos después de haber ido a buscar alimentos a una chacra.

Ostapiuck afirmó que escuchó disparos de escopeta y denunció que él y su hijo fueron reducidos violentamente. Los tres adultos fueron posteriormente liberados.

El reclamo contra el Gobierno de Hugo Passalacqua

Las familias campesinas responsabilizan políticamente al Gobierno de Misiones, encabezado por Hugo Passalacqua, por la falta de respuestas frente a las denuncias y sostienen que existe complicidad estatal con el avance de Arauco sobre las tierras en disputa.

La acusación surge de la propia organización y de agrupaciones que acompañan a los productores. Diego Antúnez sostuvo que el gobierno provincial no les brinda seguridad y reclamó directamente la intervención de las autoridades ante la empresa y la Policía. "El gobierno de Misiones no nos da seguridad y nuestras vidas corren peligro con Arauco", afirmó.

El planteo de las familias se basa, entre otros puntos, en que denuncian ingresos de efectivos policiales junto con personas vinculadas a Arauco y procedimientos en los que aseguran que no se exhibieron órdenes judiciales de desalojo. También cuestionan que, pese a las denuncias, los episodios hayan continuado.

Familias campesinas de San Pedro denuncian incendios de viviendas y procedimientos policiales en las chacras donde producen alimentos.

El reclamo por 2.300 hectáreas y 164 familias

Los datos aportados por la Comisión Vecinos Unidos por las Chacras distribuyen las tierras en cinco zonas rurales.

En San Juan Bosco se relevaron 42 familias y 568 hectáreas; en Puerto Argentino 1, 25 familias y 391 hectáreas; en Puerto Argentino 2, 20 familias y 200 hectáreas; en Puerto Argentino 3, 22 familias y 291 hectáreas; y en Palmera Boca, 55 familias y 850 hectáreas.

Según la organización, en esas tierras viven además 248 niños.

El abogado que acompaña a los productores, Jorge Zabulanes, sostuvo que hasta el momento Arauco no habría iniciado una causa judicial, civil, penal o administrativa contra estas familias para formalizar su pretensión sobre los terrenos. Esta afirmación corresponde a la representación legal de los productores y forma parte de su planteo ante las autoridades.

El abogado también cuestionó los procedimientos policiales denunciados por los campesinos y señaló que las familias presentaron denuncias ante el Poder Judicial de San Pedro, acompañadas de testimonios, fotografías y filmaciones.

Un hábeas corpus y la intervención de la Justicia

En medio de la escalada de denuncias, la representación legal de las familias presentó un hábeas corpus para solicitar protección para los integrantes de Vecinos Unidos por las Chacras.

Según el artículo de Tierra Viva, el planteo fue rechazado por el fiscal Francisco Insfrán, del Juzgado de Instrucción N.º 1 de San Pedro, al considerar que no estaba acreditada una amenaza colectiva, concreta e inminente contra la libertad ambulatoria.

En la misma resolución se ordenó a la Unidad Regional XIV de la Policía de Misiones no actuar sin orden judicial, de acuerdo con lo consignado por la organización.

Pese a esa resolución, los productores denunciaron nuevos episodios de intervención policial y volvieron a reclamar medidas de protección.

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Arauco y la disputa por los mercados de carbono

El conflicto territorial también quedó relacionado, según las organizaciones campesinas, con el avance de los mercados de carbono.

Arauco Argentina participa en actividades vinculadas al sector forestal y, de acuerdo con información difundida por medios especializados, la discusión sobre el mercado de carbono forma parte de la agenda de la forestoindustria en Misiones. En agosto, ejecutivos del sector participaron de encuentros en Posadas donde se abordaron inversiones, competitividad y mercados de carbono.

Las familias de San Pedro relacionan esa discusión con el valor económico que pueden adquirir los bosques y territorios bajo mecanismos de créditos de carbono. Sin embargo, esa relación forma parte del planteo de las organizaciones que participan del conflicto y no debe confundirse con una constatación judicial de que los episodios denunciados tengan ese objetivo.

En paralelo, el Senado aprobó en agosto el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que incluyó modificaciones destinadas a acelerar determinados procesos de desalojo. La iniciativa obtuvo 37 votos a favor y 33 en contra y fue girada a Diputados.

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Qué dicen las familias sobre la disputa territorial

Para los productores, la discusión no se limita a la propiedad de las parcelas. Sostienen que las chacras constituyen el lugar donde cultivan maíz, poroto, mandioca, zapallo, verduras y frutas, además de criar animales.

Uno de los productores, Saúl Lindao, denunció que efectivos policiales ingresaron a su chacra acompañados por representantes de Arauco y que fue detenido después de negarse a permitir el ingreso sin una orden judicial. También aseguró haber sido golpeado durante el procedimiento y denunció el retiro de pertenencias.

Otro productor, Ángel Rivero, fue detenido mientras trabajaba en un sector destinado al cultivo de zapallos, según los testimonios recopilados por las organizaciones que acompañan a las familias.

Las denuncias de los productores describen así una serie de episodios que, según ellos, forman parte de un mismo conflicto territorial que se extiende desde hace años.

El caso de San Pedro, Misiones, combina una disputa por la tenencia de tierras, denuncias contra procedimientos policiales y el reclamo de familias que utilizan pequeñas parcelas para producir alimentos. La controversia también se desarrolla en paralelo a debates nacionales sobre el régimen de propiedad privada y los mercados de carbono.

Por el momento, las familias reclaman que se esclarezca la situación dominial de las parcelas y que las autoridades provinciales investiguen las denuncias sobre detenciones, amenazas, incendios y destrucción de viviendas. La evolución del conflicto dependerá de las actuaciones judiciales y administrativas y de las respuestas que brinden las autoridades de Misiones y la empresa señalada por los productores.