MALVINAS. Una jueza en Tierra del Fuego ordenó frenar el proyecto petrolero de Sea Lion

La jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto, hizo lugar a una medida cautelar y ordenó a Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum abstenerse de iniciar, continuar o ejecutar obras vinculadas con el proyecto petrolero Sea Lion, ubicado a unos 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas.

La resolución también contempla restricciones sobre determinadas operaciones financieras vinculadas con el emprendimiento y obliga a las compañías a informar, en un plazo de diez días, el estado del proyecto, su estructura de financiamiento y los estudios ambientales realizados.

La magistrada aclaró que se trata de una decisión de carácter cautelar y que, por lo tanto, no constituye un pronunciamiento definitivo sobre la responsabilidad de las empresas ni sobre todas las cuestiones que deberán resolverse en la causa.

La Justicia Federal de Río Grande, en Tierra del Fuego, ordenó suspender el avance del proyecto hidrocarburífero Sea Lion, que las compañías Navitas Petroleum Development and Production Limited y Rockhopper Exploration desarrollan al norte de las Islas Malvinas. La medida fue dictada por la jueza Mariel Borruto a partir de una presentación realizada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) y la Asociación de Abogados y Abogadas Ambientalistas (AAdeAA).

El fallo dispone que las empresas se abstengan de iniciar, continuar o ejecutar las acciones necesarias para desarrollar el emprendimiento, que incluye actividades de perforación, instalaciones submarinas y la puesta en marcha de la explotación petrolera. El proyecto se encuentra aproximadamente a 220 kilómetros al norte de las islas.

Qué decidió la Justicia sobre el proyecto Sea Lion en Malvinas

La medida cautelar alcanza a las obras y actividades necesarias para avanzar con Sea Lion. Entre los pedidos formulados por los demandantes se encontraba la suspensión de las obras y la adopción de medidas destinadas a impedir determinados actos financieros vinculados con la ejecución del proyecto.

La resolución también contempla comunicar la existencia del proceso a autoridades regulatorias y mercados de valores y solicitar información sobre las entidades financieras, aseguradoras y otros actores relacionados con el financiamiento del emprendimiento.

Borruto remarcó expresamente el alcance de su decisión. Según el fallo, la resolución tiene "naturaleza cautelar", por lo que no implica un pronunciamiento definitivo sobre la responsabilidad de las empresas demandadas ni sobre la totalidad de los planteos que forman parte de la causa.

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Rockhopper y Navitas deberán informar el estado del proyecto petrolero

Además de ordenar la suspensión, la jueza intimó a Rockhopper y Navitas a presentar dentro de los diez días posteriores a la notificación una declaración jurada acompañada de documentación sobre el estado actual de Sea Lion.

Las empresas deberán informar el cronograma previsto para las etapas de construcción, perforación, instalación y explotación. También deberán detallar la cantidad, ubicación y situación de los pozos, además de las unidades flotantes y los equipos de perforación contratados.

La intimación alcanza además a los principales contratistas y subcontratistas involucrados en el emprendimiento. La Justicia pidió información sobre la estructura societaria, las entidades financieras y fondos que participan del proyecto, los desembolsos realizados o pendientes y las compañías aseguradoras y reaseguradoras relacionadas.

Mariel Borruto, la jueza que frenó el avance de Sea Lion.

La Justicia pidió información ambiental sobre Sea Lion

Otro de los puntos centrales de la resolución está relacionado con la cuestión ambiental. Las compañías deberán informar sobre los estudios ambientales, análisis de riesgo, modelizaciones de posibles derrames y planes de contingencia existentes para el proyecto.

También tendrán que detallar las obras e instalaciones terrestres y portuarias ejecutadas o proyectadas, además de cualquier ampliación o incorporación de pozos relacionada con Sea Lion.

El Ministerio Público Fiscal informó que la cautelar fue dictada dentro de una acción preventiva vinculada con un posible daño ambiental y soberano.

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Qué le pidió la jueza Borruto a la Cancillería y al Gobierno

La jueza también solicitó información a la Cancillería argentina. En un plazo de diez días, el organismo deberá informar si las empresas involucradas cuentan o contaron con alguna habilitación, permiso, autorización o consentimiento de una autoridad argentina para realizar actividades de exploración o explotación hidrocarburífera en las Islas Malvinas y en los espacios marítimos que integran la Plataforma Continental Argentina.

Además, Borruto requirió información a la Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental, dependiente de la Subsecretaría de Ambiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros.

El organismo deberá indicar si existe algún aviso o procedimiento de evaluación de impacto ambiental relacionado con Sea Lion y sus eventuales ampliaciones. También tendrá que informar si se dictó una declaración de impacto ambiental, un certificado de aptitud ambiental o un acto administrativo equivalente.

Sea Lion: cuánto petróleo prevén extraer Rockhopper y Navitas

El proyecto Sea Lion se encuentra en la Cuenca Malvinas Norte y es operado por Navitas Petroleum, que posee una participación del 65%, mientras que Rockhopper Exploration tiene el 35% restante.

Ambas compañías aprobaron la decisión final de inversión para la primera fase del proyecto en diciembre de 2025. Rockhopper informó oficialmente que la primera producción de petróleo estaba prevista para el primer trimestre de 2028.

La compañía también informó que el financiamiento para la primera fase quedó cerrado a fines de diciembre de 2025 y que los costos presupuestados desde la decisión final de inversión hasta la finalización del proyecto ascendían a unos US$2.100 millones.

El conflicto entre Argentina, las empresas y el Reino Unido por Malvinas

El desarrollo de Sea Lion se encuentra atravesado por la disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido sobre las Islas Malvinas. Para el Gobierno argentino, las actividades hidrocarburíferas desarrolladas sin autorización nacional son ilegales.

En septiembre, el presidente Javier Milei anunció nuevas medidas para endurecer las sanciones contra empresas que operen en Malvinas sin autorización argentina. La iniciativa alcanzó al proyecto Sea Lion y fue seguida por movimientos en las cotizaciones bursátiles de Rockhopper y Navitas.

Las compañías, por su parte, sostienen que las licencias que recibieron son válidas y que cuentan con respaldo de las autoridades de las islas y del Reino Unido.

La Justicia frena Sea Lion mientras avanza la disputa por Malvinas

La decisión de la Justicia Federal de Río Grande introduce una nueva instancia en el conflicto alrededor de Sea Lion, al ordenar la suspensión cautelar del avance del proyecto y exigir información detallada sobre sus aspectos técnicos, financieros y ambientales.

El alcance práctico de la medida dependerá de su cumplimiento y de la evolución del expediente judicial. La propia jueza dejó establecido que se trata de una decisión cautelar y no de una resolución definitiva sobre el fondo de la controversia.