25 de septiembre de 2026
El conflicto en la Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA) escaló con la ocupación de la sede por parte de ATE y la salida del liquidador Ariel Guzmán. El gremio denuncia un proceso de vaciamiento, mientras el organismo afronta una deuda consolidada de $213.902 millones.
El gremio también cuestiona el posible cierre o traspaso de 13 hoteles, recreos y residencias.
La crisis en la Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA) sumó un nuevo capítulo durante las últimas horas. La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) ocupó la sede del organismo, encabezada por su secretario general, Rodolfo Aguiar, en rechazo al proceso de reestructuración, mientras el ministro de Defensa, Carlos Presti, le pidió la renuncia al coronel mayor retirado Ariel Guzmán, quien estaba a cargo de la administración y liquidación del ex IOSFA.
El conflicto se desarrolla en medio de un proceso de cierre y reestructuración de la entidad, atravesado por problemas financieros, administrativos y patrimoniales. El principal frente es la deuda: según el estado de situación correspondiente a julio, el pasivo consolidado asciende a $213.902 millones.
La protesta de ATE, encabezada por Rodolfo Aguiar, se realizó contra el proceso de reestructuración de la obra social de las Fuerzas Armadas. El gremio sostiene que están en riesgo cerca de 600 puestos de trabajo y cuestiona el posible cierre o traspaso de hoteles, recreos, residencias y farmacias propias.
Según la organización sindical, a fines de septiembre podrían finalizar los contratos de alrededor de 400 trabajadores, mientras que el personal de planta permanente quedaría sujeto a un proceso de disponibilidad.
ATE también sostiene que la reestructuración pone en riesgo la continuidad de 13 hoteles, recreos y residencias vinculados con la obra social.
El conflicto se produce luego de que el Gobierno disolviera el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA) y creara la OSFA mediante el DNU 88/2026.
En ese marco comenzó el proceso de liquidación del organismo, que quedó atravesado por la discusión sobre el destino de sus trabajadores, establecimientos y obligaciones económicas.
La salida de Ariel Guzmán, quien se encontraba al frente de la administración y liquidación del ex IOSFA, se produjo mientras continúa este proceso y en medio de las dificultades financieras, administrativas y patrimoniales que enfrenta la entidad.
La deuda consolidada del ex IOSFA asciende a $213.902 millones, según el estado de situación de julio.
El pasivo constituye uno de los principales problemas de la liquidación. De acuerdo con el estado de situación correspondiente a julio, la deuda consolidada alcanza los $213.902 millones.
De ese monto, $139.057 millones corresponden a obligaciones vinculadas con Gendarmería y Prefectura. El rojo incluye compromisos con laboratorios, droguerías, prestadores médicos y proveedores de medicamentos.
A su vez, la comisión interministerial todavía no logró definir quién absorberá las obligaciones generadas por las fuerzas de seguridad, uno de los puntos pendientes dentro del proceso de reestructuración.
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Mientras continúa la liquidación, uno de los principales focos del conflicto está puesto en el futuro de los trabajadores y de los establecimientos vinculados con IOSFA.
ATE advierte que la finalización de contratos y el eventual pase a disponibilidad del personal de planta permanente podrían afectar a unos 600 trabajadores en total. El gremio también cuestiona el posible cierre o traspaso de los establecimientos propios.
Entre los bienes cuya continuidad está bajo discusión aparecen 13 hoteles, recreos y residencias, además de farmacias vinculadas a la entidad.
El organismo también enfrenta reclamos judiciales mientras continúa el proceso de liquidación.
De acuerdo con el cronograma previsto, la liquidación del ex IOSFA tiene como fecha de cierre definitivo el 5 de febrero de 2027.
La disputa por el pasivo, el destino de los trabajadores y la definición sobre los establecimientos propios se mantiene así como parte central del proceso de reestructuración de la obra social.
La salida de Ariel Guzmán y la ocupación de la sede por parte de ATE profundizaron un conflicto que combina tres cuestiones centrales: el futuro de los trabajadores, el destino de los establecimientos vinculados a la obra social y la resolución de una deuda consolidada superior a $213.000 millones.
El proceso deberá avanzar además sobre la definición de las obligaciones correspondientes a Gendarmería y Prefectura, mientras se acerca la fecha establecida para el cierre definitivo de la liquidación del ex IOSFA.
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