28 de septiembre de 2026
La Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) de San Luis reclamó al Gobierno de Claudio Poggi una actualización salarial del 68% para el personal de la salud pública. El gremio sostiene que los haberes se liquidan con escalas de marzo de 2023 y no descarta un paro de cara a los próximos días.
La ATSA San Luis volvió a reclamar al Gobierno de Claudio Poggi una actualización del 68% en los salarios del personal de la salud pública y advirtió que podría avanzar con medidas de fuerza ante la falta de respuestas. Según los cálculos del sindicato, la diferencia salarial ronda los $600.000 mensuales por trabajador.
El secretario adjunto de ATSA, Gerónimo Ortiz, sostuvo que los haberes continúan liquidándose con escalas correspondientes a marzo de 2023. El gremio aclaró que el reclamo no se debe a falta de pago de los salarios, sino a la actualización de los básicos y a la aplicación de las escalas que considera pendientes.
Según explicó Ortiz, el origen del conflicto se remonta a una decisión adoptada por el Ejecutivo provincial en diciembre de 2023, cuando, de acuerdo con el dirigente, se suspendió durante un año la aplicación de las escalas previstas en el Convenio Colectivo 122/75.
Para ATSA, una medida que había sido planteada como transitoria continúa teniendo consecuencias sobre los ingresos del personal sanitario. El gremio sostiene que la diferencia acumulada entre los salarios actuales y los que deberían percibir los trabajadores alcanza el 68%.
El Convenio Colectivo 122/75 comprende, entre otros, al personal técnico, administrativo y de maestranza de clínicas, sanatorios, establecimientos geriátricos e instituciones de neuropsiquiatría.
El planteo sindical no se limita a los trabajadores que actualmente se desempeñan en el sistema público. Según Ortiz, también alcanza a quienes se jubilaron después de marzo de 2023.
El dirigente sostuvo que la utilización de remuneraciones desactualizadas para establecer los haberes iniciales de jubilación afecta los ingresos de quienes dejaron la actividad. Para el gremio, la discusión sobre las escalas salariales tiene así consecuencias tanto sobre los trabajadores activos como sobre quienes ya se retiraron.
ATSA aseguró que realizó distintas gestiones administrativas y que el reclamo fue trasladado a funcionarios del Ministerio de Hacienda de San Luis. Sin embargo, ante la falta de una respuesta concreta, el sindicato anunció que pondrá en marcha un plan de lucha.
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El gremio no descartó convocar a un paro en los hospitales públicos de San Luis, aunque hasta el momento no informó una fecha concreta para una eventual medida de fuerza.
La advertencia se produce mientras ATSA también plantea dificultades vinculadas con el funcionamiento del sistema sanitario. En ese sentido, Ortiz señaló que existen demoras de entre 60 y 90 días para conseguir turnos en el Hospital Central Ramón Carrillo.
El planteo salarial se suma así a otros reclamos sindicales relacionados con las condiciones en las que se desarrolla la atención en la salud pública de San Luis.
La situación de acceso a la atención sanitaria también fue cuestionada recientemente en el área de salud mental. El Diario de la República informó en septiembre que una mujer aseguró haber comenzado a comunicarse con el Hospital de Salud Mental de San Luis en junio y que, pese a llamar varias veces por semana, todavía no había conseguido un turno con un psiquiatra.
El dato adquiere relevancia en un contexto de indicadores preocupantes para la provincia. Según información del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC), San Luis registró en 2025 una tasa de 18,9 suicidios cada 100.000 habitantes, con 96 casos. Fue la segunda tasa más alta del país, detrás de Entre Ríos, que registró 20,8.
El mismo relevamiento mostró que la tasa de San Luis pasó de 16,3 en 2023 a 17,5 en 2024 y 18,9 en 2025. El último informe provincial con datos desagregados por departamento, edad y sexo corresponde al período 2017-2022, por lo que no permite determinar cómo se distribuyeron territorialmente los casos en los años posteriores.
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Las dificultades para acceder al sistema público también fueron vinculadas con el costo de las consultas particulares. Un relevamiento citado por El Diario de la República señaló que el 43% de las personas atravesadas por problemas financieros afirmó no poder costear atención psicológica o psiquiátrica privada.
En septiembre, además, el diario puntano informó que una consulta particular podía rondar los $100.000 mensuales por cuatro sesiones, de acuerdo con un valor de referencia de $25.000 por consulta del Colegio de Psicólogos. El precio final, sin embargo, puede variar según el profesional.
El escenario suma presión sobre un sistema público que enfrenta reclamos por salarios, disponibilidad de profesionales y tiempos de espera. En paralelo, el Gobierno provincial anunció una ampliación del Hospital Escuela de Salud Mental que contempla 1.100 metros cuadrados nuevos, la refuncionalización de otros 3.000 y 22 camas adicionales, con una inversión anunciada de aproximadamente $2.000 millones.
El próximo paso dependerá de la respuesta que el Gobierno de Claudio Poggi dé al reclamo de ATSA San Luis. Por ahora, el sindicato anunció un plan de lucha y dejó abierta la posibilidad de un paro, pero no existe una fecha definida para una medida de fuerza.
La discusión combina dos cuestiones concretas: por un lado, la actualización de las escalas salariales que el gremio considera pendientes desde marzo de 2023; por otro, los reclamos vinculados con el funcionamiento del sistema de salud pública provincial. La evolución de las negociaciones determinará si el conflicto escala hacia medidas de fuerza en los hospitales.
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