28 de septiembre de 2026
Ahorristas de Pilay denuncian demoras en la entrega de viviendas y cambios en las condiciones de los contratos en Santa Fe y Rosario. Desde el Cesyac estiman que el conflicto podría alcanzar a unos 13.000 ahorristas, aunque aclaran que se trata de una cifra preliminar.
El conflicto entre Pilay y grupos de ahorristas que llevan años aportando a planes para acceder a una vivienda se profundizó en Santa Fe y Rosario. Los clientes cuestionan demoras en la entrega de departamentos, cambios en las condiciones originalmente pactadas y propuestas que, según denuncian, incluyen unidades de menores dimensiones, propiedades fuera de las zonas previstas o compensaciones económicas.
La problemática fue planteada públicamente por Juan Marcos Aviano, vicepresidente del Centro de Educación, Servicios y Asesoramiento al Consumidor (Cesyac), entidad que viene recibiendo reclamos y analiza una presentación colectiva. En abril, el Cesyac informó que había recibido alrededor de 400 consultas y reclamos vinculados con contratos de Pilay y que los casos incluían planes culminados, en curso, sorteados y adjudicados.
Los planes de Pilay contemplaban un esquema de ahorro a largo plazo para acceder a una vivienda, con adjudicaciones mediante sorteo, licitación o al completar el período de aportes previsto en el contrato.
El principal reclamo de los ahorristas está relacionado con quienes llegaron al final de esos planes y aseguran que todavía no recibieron la unidad esperada. También cuestionan modificaciones vinculadas con la ubicación, superficie y características de los departamentos ofrecidos como alternativa.
En Rosario, grupos de ahorristas ya habían denunciado públicamente que algunos contratos próximos a cumplir los 20 años todavía no se habían traducido en la entrega de las unidades comprometidas.
El Cesyac, por su parte, señaló que entre las situaciones relevadas aparecen cambios en el radio de construcción y propuestas de lotes en Sauce Viejo, en el caso de determinados contratos de Santa Fe.
Uno de los principales cuestionamientos fue planteado por Juan Marcos Aviano, quien puso el foco en la administración de los recursos aportados durante años por los clientes.
"¿Qué hicieron con la plata recaudada de captación de ahorro que no fueron comprando los terrenos ni construyendo cuando iban ganando plata?", cuestionó Aviano, según el material difundido sobre el conflicto.
Desde el Cesyac indicaron que analizan avanzar con una presentación colectiva, mientras continúan asesorando de manera individual a los ahorristas. La entidad sostuvo que la situación dejó de ser solamente un conflicto entre consumidores y una empresa y que requiere intervención institucional.
La organización también informó que viene manteniendo reuniones con grupos de afectados de Santa Fe y Rosario para analizar las particularidades de cada contrato y las alternativas judiciales disponibles.
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Según los reclamos recopilados, durante los primeros años de judicialización los conflictos se resolvían en algunos casos mediante acuerdos individuales. Los ahorristas señalan que esas alternativas podían incluir una propiedad de menor tamaño, una ubicación diferente o una compensación económica.
La situación, de acuerdo con el planteo de los damnificados, se habría agravado durante 2024 y 2025, cuando comenzaron a cuestionarse incumplimientos relacionados con sorteos y aparecieron propuestas de lotes y desarrollos alejados de las ubicaciones inicialmente contempladas.
En julio de 2026, además, un grupo de ahorristas presentó en el Concejo Municipal de Santa Fe un proyecto para crear un registro de personas afectadas por presuntos incumplimientos. Los organizadores señalaron entonces que reunían a cerca de 300 ahorristas y reclamaron una mayor intervención institucional.

Aviano estimó que podría haber unos 13.000 ahorristas afectados, aunque aclaró que se trata de una estimación preliminar. Dentro de ese universo, ubicó entre 4.000 y 5.000 personas que completarían los 20 años de aportes durante estos meses y que, según las condiciones de sus planes, deberían acceder a una vivienda.
La cifra no equivale a una cantidad oficial de damnificados. El propio Cesyac viene señalando que los contratos presentan situaciones diferentes y que es necesario analizar cada caso de manera particular. En abril, la entidad informó que había trabajado sobre alrededor de 400 reclamos recibidos para orientación.
El conflicto tampoco se limita a Santa Fe y Rosario. Según los planteos de los ahorristas, Córdoba aparece como otro punto de atención por los vencimientos de contratos iniciados en 2006. También existen planes comercializados en Entre Ríos y Uruguay.
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Ante los cuestionamientos, Pilay atribuyó las dificultades a la evolución de los costos de construcción, la inflación y las restricciones que afectaron el desarrollo de obras.
En información difundida por la empresa, Pilay sostuvo que sus contratos constituyen una obligación vinculada al valor de una vivienda y planteó la necesidad de "readaptar el contrato a las circunstancias vigentes". La compañía afirmó además que miles de inversores ya habían readaptado sus contratos.
En su sitio oficial, Pilay sostiene actualmente que cuenta con más de 250 edificios entregados, 36 edificios en construcción en cuatro ciudades y más de 25.000 clientes. Esos datos corresponden a la información institucional publicada por la propia empresa.
La postura de la compañía contrasta con la de los grupos de ahorristas que cuestionan que las alternativas ofrecidas impliquen resignar metros cuadrados, ubicación o plazos de entrega respecto de las expectativas que tenían al contratar.
El reclamo también alcanzó a la Legislatura de Santa Fe. El diputado Miguel Rabbia presentó un proyecto de comunicación para solicitar la intervención del Poder Ejecutivo provincial como mediador frente a los reclamos.
La iniciativa pide que el Gobierno santafesino "intervenga en carácter de mediador a fin de articular y brindar respuesta institucional" ante los reclamos vinculados con planes administrados por Pilay S.A., Casaplan S.R.L., Pilares S.R.L. y otras firmas relacionadas.
En abril, diputados de la Comisión de Vivienda de la Cámara baja santafesina recibieron a representantes de afectados y del Cesyac para conocer la situación. Según informó la organización de consumidores, los legisladores resolvieron avanzar con el tratamiento de proyectos de comunicación vinculados con los reclamos.
Otro de los problemas planteados por los damnificados está relacionado con el costo de iniciar acciones individuales. Los ahorristas señalan que los gastos administrativos y judiciales pueden convertirse en una barrera para quienes necesitan reclamar por sus contratos.
El Cesyac evalúa por eso una estrategia colectiva, mientras continúa con el asesoramiento de casos particulares. La entidad viene diferenciando entre contratos ya finalizados, planes en curso, unidades sorteadas, adjudicaciones y personas que todavía se encuentran en pleno período de aportes.
Uno de los casos expuestos corresponde a una ahorrista que lleva más de 19 años de aportes, tiene 11 meses restantes para completar el plan y, según relató, continúa pagando pese a no tener certeza sobre cuándo recibirá la vivienda.
La evolución del conflicto dependerá ahora de las respuestas de Pilay, de las eventuales acciones judiciales y colectivas y de la intervención que puedan adoptar las autoridades de Santa Fe frente a los reclamos de los ahorristas.
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