7 de octubre de 2026
El Gobierno de Javier Milei decidió apelar el fallo del juez Martín Cormick, que declaró inconstitucional la cláusula que condicionaba la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. La Casa Rosada descarta, por ahora, una negociación con las universidades y prepara una nueva estrategia judicial.
El juez federal Martín Cormick declaró inconstitucional la cláusula que condicionaba la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.
La decisión del Gobierno nacional abre una nueva etapa del conflicto por el financiamiento de las universidades nacionales, luego de que la Justicia ordenara aplicar de inmediato la Ley 27.795 y declarara inconstitucional el mecanismo incorporado por el Ejecutivo para supeditar su ejecución a la identificación de las fuentes de financiamiento.
La Procuración del Tesoro, conducida por Sebastián Amerio, trabaja en la estrategia judicial que llevará nuevamente la discusión a la Cámara. Mientras tanto, el Ejecutivo mantiene su postura de que debe ser el Congreso el que determine de dónde surgirán los recursos para financiar la ley.
La apelación será presentada en los próximos días. Según trascendió, la Procuración del Tesoro analiza además otras alternativas legales para evitar que el Ejecutivo deba afrontar de inmediato el gasto derivado de la aplicación integral de la Ley de Financiamiento Universitario.
En Balcarce 50 sostienen que todavía existe margen para discutir la sentencia y mantienen como argumento central que corresponde al Congreso determinar las fuentes de financiamiento de los nuevos gastos establecidos por una ley.
Desde el entorno de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, también descartaron una salida política al conflicto. "No vamos a tener ninguna reunión con las universidades, vamos a apelar", afirmó a Infobae una fuente de su mesa chica.
La misma fuente señaló que el Presupuesto 2027 ya se encuentra en el Parlamento y sostuvo: "Si lo quieren cambiar, tienen que hacerlo en el Congreso".
El juez federal Martín Cormick hizo lugar a los amparos presentados por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), universidades, docentes y la Universidad de Buenos Aires (UBA).
El magistrado declaró inconstitucional el tramo del decreto 759/2025 que había permitido suspender en los hechos la aplicación de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario.
La norma había sido vetada por Javier Milei, pero la Cámara de Diputados y el Senado insistieron con las mayorías de dos tercios exigidas por la Constitución. De esta manera, el Ejecutivo debió promulgarla, aunque incorporó una cláusula que supeditó su ejecución al artículo 5° de la Ley 24.629, que exige identificar las fuentes de financiamiento de todo nuevo gasto.
Cormick consideró que ese mecanismo funcionó como una nueva instancia de veto que no está contemplada en la Constitución.
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Durante el expediente judicial, el Gobierno nacional había advertido que ejecutar la ley demandaría más de un billón de pesos y podía comprometer el equilibrio fiscal.
El juez, en cambio, incorporó entre sus argumentos una estimación de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), que calculó para 2025 un costo equivalente al 0,23% del PBI nominal proyectado.
Cormick también rechazó la interpretación de que la ley carecía de mecanismos para financiar su aplicación. En ese sentido, señaló que el artículo 9° permite reasignar partidas y utilizar mayores ingresos provenientes de la recaudación corriente.
El conflicto por el financiamiento universitario también tendrá un capítulo en el Congreso a partir del debate del Presupuesto 2027.
El proyecto presentado por el Gobierno contempla alrededor de $7,3 billones para las universidades nacionales, mientras que los rectores estimaron que serían necesarios unos $11 billones para cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario.
De acuerdo con la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), los recursos contemplados en el proyecto consolidarían un nivel 24,9% inferior en términos reales al presupuesto de 2023.
Ante este escenario, los rectores ya comenzaron a mantener contactos con diputados y senadores para reclamar modificaciones al proyecto oficial.
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La disputa por la Ley de Financiamiento Universitario ya cuenta con antecedentes judiciales. En diciembre de 2025, Cormick había dictado una medida cautelar que ordenó aplicar los artículos 5° y 6° de la ley, vinculados con salarios y becas.
La Cámara confirmó esa decisión en marzo y, en junio, la Corte Suprema de Justicia desestimó el recurso extraordinario presentado por el Estado. De esta manera, la medida quedó firme.
En paralelo, el Gobierno, el CIN y los gremios universitarios firmaron el 10 de junio un acuerdo que contempló una recomposición salarial del 24,33%, un aumento del 20% para gastos de funcionamiento, $50.000 millones adicionales para hospitales universitarios y un incremento del 50% de las Becas Manuel Belgrano.
El Ejecutivo pagó los aumentos salariales y de becas, pero quedaron pendientes los otros dos puntos del acuerdo.
El conflicto volvió a escalar en septiembre, cuando los gremios docentes y no docentes rechazaron en dos reuniones paritarias una oferta salarial del 3%.
A partir de ese escenario, las organizaciones convocaron a nuevas medidas de fuerza y a la Quinta Marcha Federal Universitaria, prevista para el 15 de octubre y respaldada por el CIN.
La movilización, que inicialmente había sido convocada frente al Palacio de Tribunales, fue trasladada al Congreso, donde la oposición busca realizar ese mismo día una sesión especial.
La apelación anunciada por el Gobierno llevará nuevamente la discusión judicial a la Cámara. Así, el financiamiento de las universidades nacionales continuará siendo disputado simultáneamente en los tribunales, el Congreso y en las calles.
La apelación del Gobierno de Javier Milei vuelve a abrir la disputa judicial por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, mientras el Presupuesto 2027 suma un nuevo escenario de confrontación entre el Ejecutivo, los rectores y los gremios.
La combinación entre la apelación, la discusión presupuestaria, las paritarias universitarias y la convocatoria a la Quinta Marcha Federal coloca nuevamente al financiamiento de las universidades nacionales en el centro de la agenda política y judicial.
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