País. En Santa Cruz, policías reclaman aumentos salariales a Vidal y amenazan con judicializar el conflicto

La Policía de Santa Cruz y, en particular, sus efectivos retirados y pensionados mantienen un conflicto salarial con el gobierno de Claudio Vidal, al que acusan de no responder sus reclamos de actualización de haberes. Después de meses de presentaciones sin avances en la negociación, el sector advirtió que podría judicializar el conflicto. Según Ramón Quipildor, excomisario y asesor de la Mesa de Retirados de la Policía y Penitenciaria (MUP), son alrededor de 2.500 policías retirados afectados por la situación.

"Estamos indignados, nos cansamos de entregar notas al gobernador y al Ministerio de Seguridad y nadie nos responde", sostuvo Quipildor. El referente también cuestionó la falta de respuestas de las autoridades de la Jefatura de Policía y reclamó que se reabra la discusión salarial para revisar los ingresos del personal retirado y de los efectivos en actividad.

Policías retirados de Santa Cruz reclaman $400.000 y un aumento del valor punto

El reclamo central de los policías retirados y pensionados de Santa Cruz consiste en el pago de una suma remunerativa de $400.000 para el personal pasivo y un incremento del valor punto a $4.400 para los efectivos activos, retirados y pensionados.

Quipildor cuestionó el aumento dispuesto por el Gobierno provincial, al considerar que benefició en mayor medida al personal en actividad y dejó a los jubilados y pensionados con un monto de $300.000 que, según afirmó, resulta insuficiente.

"El Gobierno provincial aprobó un aumento fijado arbitrariamente. Sin embargo, el porcentaje fue mayor para los trabajadores activos, mientras que a los jubilados y pensionados nos otorgaron un monto mucho menor, de $300.000, que resulta totalmente insuficiente", sostuvo el excomisario.

El dirigente también señaló que los efectivos en actividad mantienen sus propios reclamos salariales y que existe una lucha compartida entre ambos sectores. La demanda, por lo tanto, no se limita a una mejora para los retirados: también apunta a modificar el esquema salarial que determina los haberes de toda la fuerza.

El acampe policial frente a la Casa de Gobierno de Río Gallegos

La disputa se profundizó el 23 de mayo, cuando policías autoconvocados instalaron una carpa frente a la Casa de Gobierno de Río Gallegos. La medida llegó después de meses de reclamos y de la falta de avances en las negociaciones con la administración de Claudio Vidal.

"La carpa sigue armada y se dejó bien claro que no se va a desarmar, primero que nos cancelen esta deuda", afirmó Quipildor. El referente sostuvo que el sector reclama el pago de los incrementos que considera adeudados y cuestionó que el acuerdo salarial con los efectivos activos se haya concretado sin resolver la situación de los pasivos.

El conflicto había comenzado a principios de febrero, cuando representantes autoconvocados de la Policía y del Servicio Penitenciario presentaron un petitorio para exigir la apertura urgente de una mesa de diálogo. El documento fue entregado el 8 de febrero en Río Gallegos y planteó la necesidad de discutir mejoras salariales para el sector.

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La caída salarial y los reclamos de los policías de Santa Cruz

En aquel petitorio, los efectivos advirtieron sobre el deterioro de sus ingresos. Según los datos presentados por los propios trabajadores, los haberes policiales sufrieron una caída del 67% entre 2024 y 2026, un retroceso que, sostuvieron, dejó a numerosos integrantes de la fuerza con salarios insuficientes para cubrir la canasta básica.

Entre los principales pedidos también incluyeron un haber neto básico de $3,8 millones para la categoría inicial, el pago del 100% de los viáticos -actualmente percibirían el 50% de ese concepto- y la incorporación de un plus salarial por insalubridad.

Sobre este último punto, los trabajadores argumentaron que la actividad policial implica exposición a riesgos físicos, altos niveles de estrés y un desgaste psicológico constante.

Policías retirados y pensionados de Santa Cruz reclaman una suma remunerativa de $400.000 y un aumento del valor punto a $4.400.

En medio de la disputa, el gobernador Claudio Vidal denunció penalmente a policías autoconvocados por presuntas "obstaculización" y "amenazas" contra empleados y funcionarios que ingresaban a la Casa de Gobierno. La presentación judicial fue realizada en junio, según los antecedentes relatados por los representantes del sector.

En julio, el Gobierno provincial dispuso una suma remunerativa para el personal activo y pasivo. Sin embargo, los retirados consideraron que la medida no resolvió sus demandas y continuaron reclamando una negociación entre las partes.

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Qué es el valor punto que reclaman los policías de Santa Cruz

Uno de los principales ejes de la disputa es el valor punto, una unidad técnica utilizada para calcular el sueldo básico de los efectivos policiales. El sistema asigna una determinada cantidad de puntos según la jerarquía y el cargo de cada trabajador, y el valor monetario de esa unidad incide en la composición de los haberes.

"Para un agente realmente es muy importante el valor punto y hoy en día está a $3.000", explicó Quipildor. Ese monto se multiplica por la cantidad de puntos que corresponden a cada efectivo y se complementa con componentes vinculados a las características del haber, como la antigüedad, el puesto y la zona de prestación de servicios.

Por eso, los representantes de los policías sostienen que elevar el valor punto a $4.400 permitiría modificar la base de cálculo salarial para los distintos integrantes de la fuerza, incluidos los retirados y pensionados.

La mesa salarial de octubre y la advertencia de judicialización

Tras el acuerdo dispuesto en julio, desde el Gobierno provincial se había planteado que en octubre volvería a abrirse una instancia de negociación a través del Consejo del Salario, con el objetivo de revisar el esquema salarial de los trabajadores activos y pasivos.

Sin embargo, Quipildor denunció que los retirados no fueron escuchados durante los meses posteriores al acuerdo. También aseguró que el ministro de Seguridad, Javier Pedro Pródromos, comunicó a referentes autoconvocados de Caleta Olivia que los pasivos no deberían participar de esa mesa, aunque finalmente se les permitiría hacerlo.

"Es por eso que pese al malestar, tenemos algo de esperanza", señaló el representante de la MUP, quien insistió en que la discusión debe contemplar a quienes ya dejaron la actividad policial.

La advertencia de recurrir a la Justicia marca un nuevo capítulo del conflicto con el gobierno de Claudio Vidal. Mientras los retirados mantienen el reclamo por los montos que consideran adeudados, la reapertura de la negociación salarial aparece como una instancia clave para intentar destrabar una disputa que lleva meses sin una solución aceptada por el sector.

"Queremos que arreglen este problema, que nos empiecen a pagar este aumento. Y si hay un aumento más para los que están en actividad, que también impacte en nosotros los jubilados", concluyó Quipildor.