13 de octubre de 2026
El diputado peronista Miguel Rabbia cuestionó el destino de casi $4.000 millones del programa Redes del Cuidado hacia organizaciones vinculadas al pastor y diputado Walter Ghione, referente del partido UNO y aliado del oficialismo santafesino. Los casos de Perseverar, Rockas Vivas y la cooperativa OLH abrieron interrogantes sobre los criterios de asignación, los controles y la actividad de las entidades beneficiarias.
La distribución de fondos públicos destinados a la prevención de adicciones en Santa Fe abrió una controversia política que involucra al gobierno de Maximiliano Pullaro, a referentes evangélicos y al diputado provincial Walter Ghione, dirigente del partido UNO. El legislador peronista Miguel Rabbia cuestionó la asignación de partidas millonarias del programa Redes del Cuidado a asociaciones civiles de reciente creación y vinculadas, según sus denuncias, con integrantes de ese espacio político y religioso. El planteo quedó plasmado en pedidos de informes presentados ante la Legislatura provincial.
El eje de la controversia es el vínculo entre los referentes evangélicos y la administración provincial. UNO forma parte del frente Unidos para Cambiar Santa Fe, que llevó a Pullaro a la gobernación, mientras que Ghione combina su actividad política con su condición de pastor evangélico. Esa relación adquirió relevancia en la discusión sobre la distribución de recursos estatales para atender consumos problemáticos y acompañar a personas en situación de vulnerabilidad.
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Ghione es diputado provincial, pastor evangélico y referente de UNO, un espacio político que participa de la coalición gobernante en Santa Fe. Su influencia en la agenda de prevención de adicciones se vincula con su participación legislativa y con su relación con organizaciones religiosas que desarrollan tareas sociales en distintos puntos de la provincia.
La Agencia de Prevención del Consumo de Drogas y Tratamiento Integral de las Adicciones (APRECOD) depende del área de Desarrollo Humano del Gobierno santafesino. La agencia administra programas destinados a la prevención y el abordaje de consumos problemáticos, entre ellos Redes del Cuidado, mediante convenios con organizaciones sociales y comunitarias.
La controversia no se limita a la participación de iglesias evangélicas en políticas públicas. El interrogante planteado por Rabbia apunta a los criterios de selección de las entidades beneficiarias, los montos asignados, los controles administrativos y la experiencia previa de las organizaciones que recibieron recursos estatales.
Según las denuncias de Rabbia, las partidas cuestionadas sumaron cerca de $4.000 millones y fueron destinadas a distintas entidades en el marco de Redes del Cuidado. El legislador solicitó que el Ejecutivo provincial explicara los fundamentos de esas asignaciones y los mecanismos de control utilizados para verificar el cumplimiento de los objetivos de los convenios.
Uno de los casos señalados es la Asociación Civil Perseverar, que recibió una asignación superior a los $1.000 millones durante 2025, poco tiempo después de su creación. La entidad fue mencionada en un pedido de informes del diputado, quien cuestionó la trayectoria y los antecedentes disponibles sobre sus actividades de prevención de adicciones.
El programa Redes del Cuidado financia iniciativas vinculadas con la prevención de adicciones y el acompañamiento comunitario en Santa Fe.
Otro caso es Rockas Vivas, una asociación constituida en marzo de 2025 en Rafaela. Según una investigación publicada por Página/12, en agosto de ese año se le asignaron cerca de $925 millones, pagaderos en cuotas mensuales. La publicación también informó que la entidad estaba vinculada con personas relacionadas con el partido UNO.
Los montos y las fechas alimentaron las críticas de la oposición sobre la velocidad con la que se otorgaron algunos convenios. Sin embargo, las denuncias y los cuestionamientos sobre la trayectoria de las organizaciones no constituyen, por sí mismos, una comprobación de irregularidades penales.
Rabbia pidió que el Ejecutivo de Santa Fe informara cuáles fueron los criterios aplicados para elegir a las organizaciones beneficiarias, qué documentación se evaluó y cómo se controla el destino de los fondos públicos.
El legislador también cuestionó que se asignaran sumas elevadas a entidades de creación reciente mientras, según su planteo, persistían dudas sobre la disponibilidad de información pública acerca de sus estructuras y actividades. En diciembre de 2025, Página/12 informó que el diputado había reiterado su pedido de explicaciones a la ministra de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda, después de denunciar que no había obtenido respuestas suficientes.
El reclamo pone bajo la lupa la responsabilidad del gobierno de Pullaro en la supervisión de los convenios y subsidios que se financian con recursos provinciales. La cuestión central es determinar si las entidades beneficiarias cumplieron con los requisitos establecidos, ejecutaron las actividades comprometidas y rindieron cuentas por el dinero recibido.
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Las acusaciones también tuvieron una respuesta política. Durante un debate en la Legislatura, Ghione rechazó los cuestionamientos de Rabbia y sostuvo que la información difundida por su colega era errónea y estaba presentada de manera maliciosa. El intercambio quedó registrado en el diario de sesiones de la Cámara de Diputadas y Diputados de Santa Fe.
En otra entrevista, publicada por Política de Santa Fe, Ghione defendió el trabajo de las organizaciones que participan en programas de prevención y acompañamiento social. El legislador sostuvo que los convenios contaban con documentación y controles, y cuestionó que la discusión se redujera a una disputa política.
Esta respuesta resulta relevante para dimensionar la controversia: mientras Rabbia reclama explicaciones sobre las asignaciones y sus mecanismos de control, Ghione defiende la participación de esas organizaciones en las políticas sociales. La documentación de los convenios, las rendiciones de cuentas y las respuestas oficiales son elementos centrales para establecer qué ocurrió con los recursos cuestionados.
El caso también expone la presencia de referentes evangélicos en la política santafesina. Ghione representa a UNO en la Legislatura y participa de la coalición oficialista, mientras que distintas organizaciones religiosas intervienen en tareas comunitarias relacionadas con la prevención y el acompañamiento de personas con consumos problemáticos.
Esa articulación entre instituciones religiosas y el Estado no implica, por sí misma, una irregularidad. El punto de discusión es cómo se seleccionan las organizaciones, qué requisitos deben cumplir y qué controles se aplican cuando reciben fondos públicos.
En el caso de Santa Fe, la controversia conecta la construcción política de UNO y su relación con el oficialismo de Pullaro con una pregunta concreta sobre la administración provincial: ¿qué mecanismos garantizan que los recursos destinados a la prevención de adicciones se utilicen efectivamente para ese objetivo?
La discusión sobre Redes del Cuidado trasciende las diferencias entre el oficialismo y la oposición. Los recursos están destinados a una problemática social y sanitaria que requiere políticas sostenidas, equipos preparados y mecanismos de evaluación capaces de comprobar los resultados de cada intervención.
Por eso, el acceso a los convenios, la identificación de los responsables de las entidades beneficiarias, las transferencias realizadas y las rendiciones de cuentas son aspectos determinantes para evaluar la transparencia del programa.
El caso plantea un desafío para el gobierno de Pullaro: brindar información verificable sobre la distribución de los fondos y los controles aplicados, al tiempo que las denuncias legislativas deben analizarse sobre la base de documentos y evidencias. La cuestión de fondo no es la identidad religiosa de quienes participan, sino el cumplimiento de las obligaciones asumidas por las organizaciones que reciben dinero del Estado.
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