País. Irregularidades y 700 millones en el aire: incertidumbre en la Caja de Servicios Sociales de Santa Cruz

La Caja de Servicios Sociales (CSS) de Santa Cruz, la obra social de los empleados públicos provinciales, quedó en el centro de los cuestionamientos por la demora en el control de sus gastos. Las cuentas correspondientes a 2013 fueron resueltas por el Tribunal de Cuentas recién el 27 de agosto de 2025, más de una década después del ejercicio auditado, y derivaron en un cargo de aproximadamente $700 millones contra un responsable que no está identificado por su nombre en el informe presentado ante la Legislatura.

Ahora, un recurso de revisión busca dejar sin efecto esa obligación económica con argumentos vinculados a la prescripción y a la aprobación tácita de las cuentas. El expediente también puso bajo cuestionamiento la actuación del organismo encargado de fiscalizar los fondos públicos, debido a las demoras señaladas y a presuntas irregularidades en la documentación.

La Caja de Servicios Sociales de Santa Cruz y las cuentas de 2013

La historia se remonta a la gestión del entonces gobernador Daniel Peralta, cuando la Caja de Servicios Sociales estaba intervenida y su conducción dependía de una designación del Poder Ejecutivo provincial.

El funcionario elegido para conducir la obra social fue José Reinaldo Vera, nombrado mediante el decreto 002 del 4 de enero de 2012. Vera reemplazó a Liliana Korenfeld en un contexto de deudas con prestadores y dificultades de cobertura. Durante su puesta en funciones, el entonces ministro de Salud, Luis Hernán Martínez Crespo, destacó que ya había sido director de la institución y conocía su funcionamiento.

Las cuentas examinadas corresponden, por lo tanto, a un período en el que Peralta estaba al frente de la provincia y Vera conducía la CSS. Sin embargo, el informe legislativo no identifica por su nombre al responsable alcanzado por el cargo de aproximadamente $700 millones, por lo que no corresponde atribuirle esa obligación a Vera sin documentación que lo confirme.

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María Matilde Morales y la demora en el Tribunal de Cuentas

Después del período auditado, el expediente debía avanzar dentro del Tribunal de Cuentas. Allí aparece María Matilde Morales, quien en 2017 dejó la Secretaría Legal y Técnica del gobierno de Alicia Kirchner para incorporarse como vocal del organismo de control.

Según el informe presentado ante la Legislatura, la revisión de las cuentas de la Caja estaba comprendida dentro de la jurisdicción de Morales. El documento señala que el segundo informe de auditoría estaba terminado a comienzos de 2021, pero que no se emitió el voto necesario para impulsar la resolución, pese al plazo legal de quince días. El fallo finalmente llegó el 27 de agosto de 2025.

La demora atravesó elde la gestión de Alicia Kirchner y continuó después de la asunción de Claudio Vidal, en diciembre de 2023. El cambio de gobierno no derivó en una resolución inmediata del expediente.

La Caja de Servicios Sociales de Santa Cruz: las cuentas de 2013 llegaron a una resolución en agosto de 2025, con un cargo cercano a los $700 millones.

Las irregularidades documentales y el recurso por los $700 millones

Las vocales Gabriela Castro y Luciana María Villafañe, firmantes del informe elevado a la Legislatura en septiembre de 2026, señalaron posibles irregularidades en la documentación del expediente. Entre ellas mencionaron aparentes cambios de fojas, problemas de numeración y la ausencia de la foja 588.

Ese documento contenía el llamado de «autos para fallo», una actuación relevante para determinar desde cuándo debía computarse el plazo para emitir el voto correspondiente.

La documentación faltante adquiere especial importancia por el recurso presentado después de la resolución que estableció el cargo millonario. El planteo invoca la prescripción y la aprobación tácita de las cuentas para intentar dejar sin efecto la obligación económica.

La controversia reúne así dos cuestiones distintas: la determinación de responsabilidades por los gastos examinados y el tiempo que transcurrió hasta que el organismo de control emitió su resolución.

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La denuncia contra Morales y la situación en el Tribunal de Cuentas

Los cuestionamientos también llegaron al Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz. Según informó Mediática Digital el 2 de octubre de 2026, Morales fue notificada de una denuncia que impulsa un pedido de enjuiciamiento por presunta morosidad reiterada y negligencia en el ejercicio de sus funciones.

Las actuaciones tramitan bajo el expediente 2044/26. De acuerdo con esa publicación, se dio intervención al procurador general para que se pronuncie sobre la admisibilidad de la denuncia. Esto significa que, al momento de esa información, todavía no se había resuelto si correspondía avanzar con el proceso de enjuiciamiento. La denuncia no constituye por sí misma una determinación de responsabilidad.

Morales continúa como vocal del Tribunal de Cuentas, según la información aportada y la documentación oficial del organismo. Por su parte, Daniel Peralta, gobernador durante el ejercicio examinado, ocupa una banca en la Legislatura provincial, mientras que Alicia Kirchner es senadora nacional.

El expediente deja planteados dos asuntos centrales para el control de los fondos públicos en Santa Cruz: la rendición de los gastos de la obra social provincial y la actuación de los funcionarios responsables de fiscalizarlos. La revisión de las cuentas de 2013 concluyó con más de una década de demora y un cargo millonario cuya validez ahora está en discusión, mientras las actuaciones sobre el desempeño de una vocal del organismo siguen su curso institucional.